19.13 El juez federal Ricardo Bustos Fierro resolvió darle curso a la presentación colectiva hecha por la Sociedad Rural Argentina en contra de los derechos de exportación. De modo que el magistrado analizará el caso. La sentencia que dicte podrá beneficiar a la totalidad de los productores del país: de resultar favorable, implicará que la AFIP no pueda exigir el pago retenciones.

Una vez que quedó decretada la imposibilidad del tratamiento del presupuesto nacional para 2022 por parte del Congreso, la Sociedad Rural Argentina entendió que a partir del 1º de enero el Gobierno no podía seguir cobrando retenciones porque pasaban a ser inconstitucionales por no haberse extendido la ley vinculada a la emergencia. Como su postura no tuvo eco, la entidad decidió iniciar el reclamo por la vía legal y realizó una presentación judicial junto a la Sociedad Rural de Jesús María.

Días pasados  el juez federal Ricardo Bustos Fierro resolvió admitir la acción colectiva presentada por la SRA en contra de las retenciones. La decisión del magistrado indica que consideró que en el caso “se configura el supuesto de afectación a derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos”. Delimita la clase afectada “a todos los productores agropecuarios del país” y ordena la inscripción del presente proceso en el Registro de Procesos Colectivos.

El juez además libró un oficio al Poder Ejecutivo nacional y a la AFIP a fin de que en el plazo de 30 días realice informe “circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamento de la medida impugnada por la accionante”.

El 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la ley de emergencia pública que delegaba en el Ejecutivo los derechos de exportación. Sin embargo, el 15 de diciembre, mediante el decreto 851/21, el presidente Alberto Fernández fijó las alícuotas del impuesto para este año. En la Rural, que en su momento consultó al abogado tresarroyense Juan Pablo Borioni quien fue uno de los primeros en plantear la situación, insisten que no tiene sustento legal al no haberse tratado la ley de presupuesto 2022 que incluía la prórroga por dos años de dicha facultad.

Comunicación

“El Juzgado Federal de Córdoba resolvió reconocer a la Sociedad Rural Argentina como una entidad con solvencia institucional y capacidad técnica y económica suficiente para ser designada como representante de todos los productores rurales argentinos en el proceso colectivo en el que se solicita la declaración de inconstitucionalidad del cobro de derechos de exportación”, indica el comunicado que la SRA le hizo llegar a sus socios explicando el avance que había tenía el reclamo en esta primera instancia.

“Una vez sustanciada la causa, el juzgado deberá resolver y la sentencia que dicte podrá beneficiar a la totalidad de los productores del país, ya que, de resultar favorable, implicará que la AFIP no pueda exigir el pago de derechos de exportación tal como lo viene haciendo hasta ahora y hasta tanto no se discuta y apruebe en el Congreso un nuevo régimen impositivo”, agrega el escrito.

No hay dudas, la pelea por la presunta inconstitucionalidad sigue firme.