Desde el inicio de su mandato, Javier Milei ha concentrado sus esfuerzos en la estabilidad fiscal, buscando alcanzar el déficit cero como un paso esencial para eliminar la inflación y recuperar el valor de la moneda. Sin embargo, esta estrategia ha despertado críticas, sobre todo por relegar el impulso productivo de la llamada "economía real". Para muchos, esta visión privilegia la estabilidad fiscal sobre el desarrollo económico, una postura que se contrapone a la histórica de Bernardo Grinspun, primer ministro de Economía durante la presidencia de Raúl Alfonsín, quien prefirió arriesgar una mayor inflación con tal de promover la reactivación económica. Aquella política, sin embargo, no alcanzó los resultados esperados y terminó doblegada por el peso de la inflación.
En la actualidad, el debate sobre cómo combinar ajustes económicos con políticas de desarrollo vuelve a estar sobre la mesa. Distintos economistas advierten sobre la necesidad de acompañar cualquier medida de ajuste fiscal con un plan de crecimiento que impulse la expansión productiva y fomente la creación de empleo en sectores más allá de los grandes proyectos, como los hidrocarburos y la minería. Una de las voces que refuerzan esta postura es la de Dani Rodrik, reconocido economista de la Universidad de Harvard, quien recientemente compartió una crítica visión respecto de un Estado mínimo, el cual es central en el enfoque "anarcoliberal" de Milei. Rodrik sostiene que el Estado tiene un papel fundamental en el crecimiento, que va mucho más allá de la simple regulación. Señala que un Estado puede y debe desempeñar un rol activo en la creación de condiciones para la competitividad, sin dejar todo en manos del mercado.
A nivel global, existen diversos modelos de intervención estatal en la economía que han demostrado ser efectivos, como los de Corea del Sur, Singapur y China. Sin embargo, Rodrik enfatiza que el caso argentino es particular y difícil de abordar desde las teorías generales. Argentina, a diferencia de otras naciones, enfrenta desafíos estructurales únicos, como la conocida "anomia boba" -un concepto acuñado por el filósofo Carlos Nino- en la que el cumplimiento de las leyes y las normas se ha diluido, lo que impacta gravemente en el desarrollo económico y social. Durante las últimas ocho décadas, el país ha acumulado ciclos de crisis económica, ocho defaults, una inflación persistente y una fuerte pérdida del valor de su moneda, lo cual ha desarticulado el capital social y ha mermado la confianza en el futuro.
Estos fenómenos han provocado una fuga de capitales que, lejos de reinvertirse en el país, buscan destinos más estables, mientras que la economía argentina se va precarizando. El ahorro y la inversión se ven castigados, lo que ha llevado a una creciente informalidad laboral y a una expansión de la pobreza. En este contexto, para que cualquier Gobierno pueda implementar un Programa de crecimiento sostenible, es esencial alcanzar un mínimo de cohesión social y restablecer la confianza, tanto entre los ciudadanos como entre los inversores.
Milei asume el gobierno en un contexto crítico, en el que la economía argentina ha perdido su capacidad de competir, carente de moneda fuerte, sin reservas ni inversión. Ante esta situación, el gobierno debe establecer prioridades claras, centrando los pocos recursos disponibles en sectores esenciales como la educación, la salud, la seguridad y la defensa. La estrategia de consolidar un marco institucional que brinde confianza y que sea transparente parece ser el único camino viable para atraer inversiones y fortalecer la economía en el largo plazo. Esto significa que el rol del Estado no es menor, sino que debe enfocarse en garantizar un marco regulatorio claro y duradero, donde las normas sean aplicadas de manera igualitaria y sin espacio para el arbitraje político.
Dada la falta de fondos y la desconfianza de los inversores, Argentina hoy se enfrenta a la necesidad de crear un sistema de reglas estables, en el cual no se necesiten contactos políticos para prosperar, sino que sea posible trabajar y crecer en base a la legalidad y el respeto a la ley. Milei tiene la oportunidad de sentar estas bases y encaminar al país hacia un modelo de desarrollo que evite los errores del pasado, construyendo una economía donde los incentivos estén alineados con el crecimiento real y sostenible.
En conclusión, el camino hacia el déficit cero que Milei se ha propuesto plantea un desafío enorme en el contexto de una Argentina que debe reconstruirse desde sus cimientos, restableciendo la confianza y atrayendo inversiones genuinas. La responsabilidad del Estado, entonces, no es menor ni superflua, sino que se convierte en un factor determinante para lograr el cambio estructural necesario, más allá de los planes de corto plazo o las metas anuales de déficit. En un país donde los planes de desarrollo han fracasado por su falta de transparencia y su orientación cortoplacista, el desafío de Milei consiste en construir una economía que, sin renunciar al equilibrio fiscal, logre crear las condiciones necesarias para un crecimiento sostenible y un futuro más próspero.
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