El gobernador electo Maximiliano Pullaro protagonizó en los últimos días de la semana que pasó un verdadero raid de reuniones de alto contenido político, en una agenda que sería la envidia (o el terror) de cualquier mandatario en ejercicio. Y que tiene que ver estrechamente, y desde distintos flancos, con la consolidación de las bases sobre las que se asentará su futura gestión; en un contexto en el que a la incertidumbre económica se suma la del rumbo definitivo que asumirá el próximo gobierno nacional, y la de cuál sera la nueva configuración de la relación de fuerzas en ese escenario, hoy en pleno proceso de reformulación.
Unos pocos apuntes al respecto deberían ser suficientes para dimensionar el rango de las conversaciones en curso. Con los nombres ya puestos y el consenso alcanzado entre las distintas fuerzas que componen la coalición Unidos, resta completar el curso parlamentario de la nueva estructura de ministerios. Y también terminar de delinear el perfil de gestión, habida cuenta de los desafíos que se acrecientan en materia de seguridad y Justicia, incluyendo el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación y la composición de la Corte Suprema de Justicia. Y también de lo que vaya a ser la política de obras públicas, en un marco donde ése ítem parece estar tachado en la lista de tareas del presidente electo Javier Milei.

Javier Milei, presidente electo. Nada hacía prever, hasta hace un par de años, que ese loco y pintoresco personaje de los medios -estrafalario en su peinado, amigo del grito y compañero del enojo-, de fluida verborragia agresiva, sería, a partir del 10 de diciembre de 2023, quien decida y defina los tortuosos caminos de esta Argentina indomable.
Uno de los temas fuertes será el destino de la obra pública, ítem que parece estar tachado en la lista de tareas del presidente electo Javier Milei. Crédito: Agencia
En ese esbozo básico e incompleto se cifra la trascendencia de los cónclaves de esas estratégicas 72 horas, que sin duda sumarán muchas más en los próximos días. La reunión con los gobernadores de Juntos por el Cambio buscó funcionar como una instancia de abroquelamiento y la articulación de un espacio con dinámica propia en medio de las turbulencias partidarias, y a la vez como la configuración de un interlocutor de peso frente al gobierno nacional. Según quien lo titule, se trató de “marcar la cancha” a Javier Milei, o bien de “garantizar la gobernabilidad”. Lejos de ser incompatibles, ambos objetivos se conjugan en el mismo entramado, del que forman parte el respaldo o el rechazo parlamentarios a las reformas que se impulsen, al igual que los distintos cauces de la distribución de recursos y su aplicación. En la agenda futura (o plausible) figura un encuentro con el presidente electo.

Al día siguiente confluyeron los representantes de los partidos que integran Unidos para Cambiar Santa Fe, de la UCR, el PRO, el socialismo, Creo y el PDP. En este caso fue para reafirmar una vez más el compromiso con la coalición, y preservar ese espacio de los sacudones a nivel nacional, donde los posicionamientos frente a La Libertad Avanza trazan líneas divisorias dentro de Juntos por el Cambio, y también de las mismas fuerzas que lo integran. Con ejemplos a dos bandas, los dirigentes santafesinos tienen suficiente experiencia para advertir que ninguna amalgama funciona mejor que la victoria, pero que para conservar sus propiedades en el tiempo es necesario un trabajo arduo, sostenido e incluso preventivo.

El último día hábil de la semana estuvo dedicado a dialogar con los diputados provinciales electos y luego con los nacionales, además de representantes del sector empresario, construcción y entidades intermedias. Todo con el imperativo de conciliar intereses y enderezar esfuerzos en orden a las necesidades de la provincia; estableciendo bases sólidas tanto para afrontar previsibles cimbronazos (en el peor de los casos), como para aprovechar y generar oportunidades (en el mejor). Parte de unos y otros vendrán desde la Nación. El resto, y de manera inexcusable, será responsabilidad del nuevo gobierno provincial. (El Litoral)