La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dispuso prorrogar por 90 días el funcionamiento del Comité de Crisis habilitado en Rosario, como respuesta a un pedido del gobernador Maximiliano Pullaro y en atención al cuadro de "persistir los hechos delictivos de extrema gravedad en la referida localidad", según indican los fundamentos de la resolución 634, publicada este martes en el Boletín Oficial.
El Comité de Crisis, conformado por los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, tiene como copresidentes a Bullrich y Pullaro. Y prevé que cualquiera de ellos dos pueden solicitar la prórroga de su funcionamiento. Por lo cual, a partir de una nota presentada por el gobernador el 8 de julio se dispuso la medida, "en miras de continuar con los valiosos esfuerzos coordinados por el Estado Nacional y la Provincia de Santa Fe en orden a restablecer la seguridad interior".
La misma disposición establece que, en lo sucesivo, una vez vencido el plazo estipulado "y siempre que no exista manifestación expresa de alguno de los copresidentes del Comité de Crisis para cesar con su funcionamiento", operará la prórroga automática del mismo por idéntico plazo.
Balance nacional
La publicación de la prórroga coincidió con la difusión, por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación y a seis meses de su implementación, de un balance del Plan Bandera, establecido con el objetivo de "reducir la violencia y desmantelar las bandas criminales que operan en el gran Rosario".
"Se terminó el home office narcopenitenciario", fue la pintoresca expresión utilizada por la funcionaria nacional. Las medidas para impedir que se dispongan y organicen acciones delictivas desde el interior de los establecimientos, por parte de jefes alojados ahí, forman parte de la política en la materia desplegada por el gobierno santafesino.
Y en tal sentido, fueron destacadas en las últimas horas como uno de los factores que contribuyó a la fuerte caída en los índices de criminalidad registrados en el primer semestre del año, junto con el incremento del patrullaje, los allanamientos y derribos de búnkeres, las intervenciones sociales en los barrios y también el intenso desarrollo de actividades religiosas en los penales. Y, específicamente, las restricciones contenidas en el régimen de presos de alto perfil, para registrar y limitar sus movimientos.
En el balance distribuido a la prensa, Bullrich subrayó que en los últimos seis meses se incorporó al Servicio Penitenciario Federal "como un actor clave para reducir o anular la comunicación de los jefes de las organizaciones con el afuera". Concretamente, para "sacarles la capacidad de seguir administrando sus bandas desde adentro de la cárcel y mandar a extorsionar o matar gente".
Pacificación y reacomodamientos
Los barrios que en Rosario están custodiados bajo el Plan Bandera son Ludueña, Empalme Graneros, Industrial, La Tablada, General Las Heras, Villa Manuelita, Municipal, Triángulo y Moderno, Barrio Banana, Vía Honda. Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad de Santa Fe, consideró este lunes en conferencia de prensa que de "ocho zonas priorizadas por delitos y violencia, siete podrían ser consideradas pacificadas".
El ministro santafesino fue consultado por los tres homicidios que ocurrieron en Rosario en la última semana, los cuales empañaron las estadísticas del Plan Bandera, pero dijo que "Son hechos aislados, no vemos un hilo conductor", y los catalogó como "fenómenos por reacomodamientos ante intervenciones que hemos hecho(...) Eso produjo un efecto en las bandas que se disputaron el territorio para volver al dominio territorial que antes ejercían con total impunidad".
Recursos y acciones
El Plan Bandera fue impulsado en Rosario en conjunto entre Patricia Bullrich, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente local, Pablo Javkin, con el objetivo de coordinar tanto acciones preventivas, como de combate frontal contra las bandas delictivas.
A Rosario llegaron 1.800 efectivos de fuerzas federales dedicados a seguridad pública, entre Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria; 140 medios logísticos, 3 helicópteros y una lancha de procedencia israelí para operaciones de interceptación en la Hidrovía de objetivos ligados al narcotráfico. Todos los recursos quedaron bajo el Comando Unificado de Fuerzas Federales, dirigido por el comandante mayor Alejandro Fernández.
En el trabajo los responsables del Plan Bandera destacaron el fortalecimiento de los controles en pasos fronterizos, controles y requisas preventivos en rutas para frenar la distribución de sustancias ilícitas de manera terrestre, fluvial o por vía aérea, que se complementa con la presencia de efectivos en los barrios para decomisar la mercadería que puedan tener lista para la venta. También las autoridades reactivaron los controles sobre los precursores químicos, tanto en rutas como en empresas.
Asimismo, las autoridades le dieron más despliegue a la Unidad de Información Financiera (UFI) en Rosario para investigar los delitos económicos, que son clave para desarticular las organizaciones criminales. En este sentido, el informe destacó que hay 270 investigaciones en curso, con foco en el financiamiento del narcotráfico y el lavado de activos, lo cual es fundamental quitándole los recursos económicos a las bandas investigadas. Fuente: El Litoral.