La movilización del sábado pasado hacia la Plaza de Mayo protagonizada por productores agropecuarios autoconvocados y ciudadanos del área metropolitana fue una fiel expresión del hartazgo ante la creciente presión impositiva de un gobierno que, con sus políticas, no hace más que desalentar la inversión productiva.
Algunos de los testimonios de quienes participaron del llamado "tractorazo" son elocuentes: "No hemos venido acá para que nos den una mano, sino para que nos saquen las dos de encima", "no estamos dispuestos a seguir financiando la soga con la que nos ahorcan", se apuntó.
El reclamo de "un país con menos impuestos" unió al campo y a la ciudad en una movilización que se repitió en distintas plazas del interior del país. Significó también una demanda frente a la creciente inflación que está destruyendo a muchas economías regionales, además de afectar gravemente a los sectores más empobrecidos de la población.
El sector rural tiene sobrados motivos para movilizarse. El peso de los impuestos sobre la renta agrícola hace que de cada 100 pesos que genera un productor 65 se los quede el Estado, de acuerdo con datos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Si a esto se suma el perjuicio derivado del desdoblamiento del tipo de cambio, en función del cual por cada dólar que exporta, el sector sojero recibe unos 100 pesos en lugar de los más de 200 que vale en el mercado bursátil. De este modo, sobre el valor de la cosecha actual, estimada en unos 40.000 millones de dólares, el Estado se queda con unos 10.000 millones por la vía de las retenciones y con 20.000 millones más merced al desdoblamiento del mercado cambiario.
De otro estudio, llevado a cabo por un grupo de productores agropecuarios y presentado por Santiago del Solar, se desprende que en la próxima campaña agrícola la inversión en costos directos para la implantación y la protección de cultivos aumentaría en más de 5.600 millones de dólares, en buena parte a raíz del fuerte incremento en el precio internacional de los fertilizantes tras la invasión de Ucrania por Rusia, que provee alrededor del 13% de esos insumos al mundo.
Es cierto que funcionarios del área, con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, a la cabeza, han sembrado una mecánica de diálogo con los integrantes de la Mesa de Enlace y de otras cámaras de la cadena agroindustrial. Sin embargo, es sabido que las divisiones y las discrepancias ideológicas que caracterizan a los dirigentes de la coalición gobernante, junto a la animadversión de los sectores más duros del kirchnerismo contra el campo, muchas veces terminan derivando en intentos de manotazos sobre el sector más dinámico de la economía argentina.
Proyectos como el de la "renta inesperada" son un ejemplo de la desesperación y de la improvisación con la cual se está manejando el gobierno de Alberto Fernández, en su afán por financiar sus prácticas populistas. Si bien altos funcionarios han desmentido la posibilidad de someter con más impuestos al sector rural, todavía está latente el contrapunto que protagonizaron el ministro Domínguez y el secretario de Comercio, Roberto Feletti, quien abogó por aumentar las retenciones a las exportaciones agrícolas.
Mientras el Gobierno se siga amparando en anquilosadas concepciones como la de las llamadas rentas extraordinarias o "inesperadas", solo conseguirá desalentar aún más la inversión y el desarrollo de empresas altamente tecnificadas, como las que en las últimas décadas posibilitaron el crecimiento de la agroindustria y las exportaciones del país.
Esta política, que convierte al Estado en socio privilegiado en las ganancias, y que hace que reciba utilidades hasta cuando los productores sufren quebrantos, solo generará una reducción de la producción agrícola, menores exportaciones y un mayor precio de los alimentos, tal como ha sucedido cuando se restringieron las ventas de carnes al exterior.
El pasado fin de semana, el hartazgo frente a la creciente presión impositiva -la segunda más alta del mundo, de acuerdo con cifras del Banco Mundial- no solo alcanzó al campo, sino también a una importante porción de porteños que, cansados de un incremento de los impuestos que no se traduce en mayor calidad de los servicios del Estado Nacional y de los privilegios de una dirigencia política que busca domesticar a jueces y fiscales para que se consagre su impunidad, decidieron movilizarse.
Como hemos señalado en otras oportunidades, en lugar de seguir sometiendo a quienes producen a una presión tributaria cada vez más asfixiante que en algún momento podría originar una rebelión fiscal, nuestros gobernantes deberían bajar el gasto público improductivo, promover la inversión privada y liberar a las fuerzas productivas para aumentar las exportaciones, contribuyendo a que el sector rural se consolide como el eje de una estrategia federal de desarrollo productivo.
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