Mientras la Secretaría de Comercio asegura que la mitad de las empresas convocadas para la nueva etapa de Precios Justos ya puso la firma, el Poder Ejecutivo oficializó algunas de las medidas con las que busca tentar a las compañías para asegurar su participación en los próximos tres meses. Algunas empresas grandes, principalmente alimenticias, todavía plantean reparos en la negociación y son más reticentes a la rúbrica del acuerdo.
Por las oficinas de Comercio, la semana pasada se inició un desfile de ejecutivos de empresas de consumo masivo y otros sectores alcanzados por los controles de precios para negociaciones uno contra uno, por las que el Gobierno espera sumar a más firmas a la etapa de Precios Justos que tendrá lugar hasta fines de octubre. Según aseguraron a Infobae fuentes oficiales, de las 425 compañías convocadas para la firma, solo la mitad (215) ya lo hicieron.
El marco general que tendrá Precios Justos ya había sido anticipado hace diez días por el equipo económico, con un sendero de aumentos acotados y por debajo de la inflación esperada para esos meses. Sería de un tope de incremento de 5% mensual para los productos de consumo masivo en los supermercados. Infobae publicó cuál es el modelo de compromiso que envió Comercio a las empresas en los últimos días. Algunas empresas se resisten, principalmente, porque consideran que la estructura de costos no soporta un tope de aumentos mensuales de 5 por ciento.
Ese modelo exige abastecimiento y techo de aumentos. “La empresa se compromete a vender a las empresas de supermercados minoristas y mayoristas, de forma constante e ininterrumpida, la totalidad de los productos que ella provee al precio fijado por el Anexo 1 referido durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2023″ y “garantizará el abastecimiento normal y habitual de los productos incluidos en ese anexo, considerando a dicho efecto el promedio de abastecimiento ocurrido en los últimos doce meses siempre y cuando cuenten con los insumos necesarios a dicho efecto”.
Uno de esos focos de resistencia, aseguran fuentes del sector privado, está nucleado en la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) es decir la principal central empresaria de compañías del sector alimenticio. Son las fabricantes de los productos que deberán tener un margen de remarcación que consideran muy insuficiente ante el panorama inflacionario que habrá en los próximos meses como consecuencia de la devaluación del 14 de agosto.
“Las grandes son más reticentes a la firma, pero el compromiso de aumento lo estamos cumpliendo”, aseguró a Infobae un ejecutivo de una empresa alimenticia que integra Copal. La referencia es que el tope de 5% mensual ya actuó, al menos de palabra, como un primer convenio para evitar una estampida de incrementos en las góndolas mientras el Gobierno se involucraba en negociaciones con las empresas.
El Poder Ejecutivo no dará el brazo a torcer respecto al aumento mensual, creen en las empresas, aunque puede haber algún espacio para negociar qué productos formarán parte de Precios Justos hasta fines de octubre. Lo que buscan algunas empresas de consumo masivo es poder eliminar algunos productos de la canasta de Precios Justos ya que aseguran haber incluido productos de primera línea y que, por los incrementos acotados de los últimos meses, ya son más baratos que segundas marcas.
Un informe de la consultora LCG planteó que “en la quinta semana de agosto la suba de precios de los alimentos promedió 1,9%, desacelerando 0,4 puntos porcentuales respecto a la semana anterior. El índice de alimentos y bebidas presentó una inflación mensual del 10,1% promedio en las últimas 4 semanas y 12% punta a punta en el mismo período”, mencionaron.
En esa quinta semana del mes, analizado por sectores, las frutas lideraron el ritmo de incrementos con 5,7%, seguido de comidas para llevar (4,1%), carnes y panificados (1,7% en cada caso), bebidas y verduras (1,3% para cada rubro), lácteos y huevos (1%) y aceites, con 0,4 por ciento.
En ese contexto de negociación, el Gobierno publicó este lunes en el Boletín Oficial cuáles serán las “zanahorias” con las cuales busca tentar a las empresas para que permanezcan en Precios Justos. La primera será la suspensión del cobro de impuesto PAIS para operaciones de importación hasta el 31 de octubre para las empresas que firmen. También habrá 0% de derecho de exportación para algunas ventas al exterior de productos alcanzados por la reducción de alícuota en la que trabajó la Secretaría de Agricultura.
Por otra parte, habrá un plan de pagos, que será a seis cuotas, a pagar a partir de marzo del año próximo, que tendrá una tasa de interés levemente por debajo del 6 por ciento mensual y que apuntará a esos derechos de exportación diferidos. También habrá una prórroga de los vencimientos de las obligaciones de pago del IVA y/o de las contribuciones de la Seguridad Social. (Infobae)