17.05 El campo analiza ir a la Justicia para dejar de pagarlas. Así lo adelantó Nicolás Pino, presidente de la SRA, en la Asamblea de Armstrong basándose en que tras rechazarse el Presupuesto 2022, los derechos de exportación se vencieron el 31 de diciembre. El abogado tresarroyense Juan Pablo Borioni fue uno de los primeros en plantear la situación.
El rechazo al Presupuesto 2022 en el Congreso habría dejados sin sustento legal a los derechos de exportación según la lectura coincidente que hacer varios especialistas y de quienes se hicieron eco las entidades gremiales del campo. Y es el argumento que analizan hoy para elevar una presentación en la Justicia y frenar el cobro de retenciones.
Así lo adelantó el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, en la Asamblea de Armstrong realizada el último sábado. Y también lo expresó el presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio Salaverri.
El 31 de diciembre venció el plazo fijado en el art. 52 de la Ley de Emergencia Pública dictada en diciembre de 2019 (Ley 27.541) que permite al presidente de la Nación fijar derechos de exportación. Ante el vencimiento de ese plazo, el Gobierno incluyó en el proyecto de ley de presupuesto para el año 2022 una prórroga por dos años de esa facultad, pero fue rechazado en el Congreso de la Nación. Por lo tanto, la legislación que habilitaba al Poder Ejecutivo a fijar retenciones ha concluido.
“Según lo dispone la Constitución Nacional, y tal como lo reconocen los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más aún los últimos fallos de la materia, las retenciones a la exportación, por ser manifestaciones del poder tributario del Estado, sólo pueden ser exigidas por ley del Congreso, y el Poder Ejecutivo tiene prohibida su creación en cualquier circunstancia”, esgrimió la SRA en un comunicado de prensa en la que aseguró que las retenciones hoy son inconstitucionales.
En sintonía con el reclamo que hizo el diputado de la Nación por San Luis, Alejandro Cacace, de Juntos por el Cambio, el abogado Juan Pablo Borioni, especialista en derecho agrario y delegado de la SRA, le planteó a la cúpula de la Sociedad Rural el vacío legal que se había producido a partir del rechazo del Presupuesto. “Mantuvimos algunas charlas con el presidente Nicolás Pino y el vice Raúl Etchebehere, en las que les plantee la cuestión y les di argumentos para plantear la situación en la Asamblea de Armstrong”, explicó Borioni.
“Desde principios de año, el cobro de los derechos de exportación no tiene sustento legal, razón por la cual el Estado debería dejar de cobrarlos. Le pedimos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que instruya al Ministro de Economía para que los productores podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción a partir del lunes próximo”, afirmó Nicolás Pino en la Asamblea.
Según lo dispone la Constitución Nacional, las retenciones a la exportación, sólo pueden ser fijadas por ley del Congreso, salvo que éste delegue esa potestad en el Ejecutivo. “Esta crítica situación exige que de inmediato el Congreso decida cuál es el régimen impositivo necesario para financiar al tesoro”, manifestó Pino. Las retenciones contemplan alícuotas del 33% para la soja, del 12% para el resto de los granos y del 9% para la carne vacuna.
La posibilidad de recurrir a la Justicia no sólo la analiza la Sociedad Rural y la Mesa de Enlace en su conjunto, también dirigentes de la Asociación Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (APRONOR) se reunieron con su equipo de asesores jurídicos para definir los pasos a seguir, entre los que se encuentran una presentación judicial. El mismo pedido le hizo a los asesores de Carbap su presidente Horacio Salaverri.
En tanto, el doctor Borioni aclaró que, en caso de realizar una presentación en la Justicia, “esta debería ser individual, realizarlo cada productor, porque reclamos colectivos en materia de tributos no son tenidos en cuenta”.
Desde la vereda del Gobierno fue el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien recogió el reclamo hecho por Pino en la Armstrong y en una nota de opinión publicada en el portal de noticias Infobae, dijo que “los derechos de exportación se mantienen incólumes en el horizonte”. En la interpretación del funcionario, citando fallos judiciales, señaló que “los derechos de exportación son establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional, a partir de una habilitación permanente ínsita en el artículo 755 del Código Aduanero”.
El doctor Borioni descartó el argumento utilizado por el funcionario. “El artículo 76 de la Constitución establece que solamente el Congreso puede establecer tributos y el Código Aduanero no puede ser superior a la Ley Suprema, que es la Constitución. Por más que el Código Aduanero le otorgue facultades al Gobierno de turno para establecer retenciones o alícuotas, ésas no pueden ir en contra de la Constitución, que marca que la Ley de Presupuesto es la que regula los tributos que deben contemplarse”.
Proyecto de ley
El diputado nacional por Formosa por la Unión Cívica Radical y ex ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, presentó un proyecto de ley junto a otros diputados de Juntos para modificar el artículo 755 del Código Aduanero y poner límite de esta manera a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo fije los derechos de exportación o retenciones sin autorización del Congreso. “El Poder Ejecutivo no puede tomar como propia la facultad de establecer derechos de importación y exportación, es una facultad del Poder Legislativo porque así lo establece la Constitución”, dijo el diputado impulsor de la iniciativa.
En el proyecto también se dispone que el Poder Ejecutivo deberá enviar junto con el Presupuesto nacional la totalidad de las posiciones arancelarias que pretenda imponer en el ejercicio, para que el Congreso tome conocimiento y de acuerdo a sus atribuciones resuelva la procedencia o no de cada una, sancionando en definitiva la ley que corresponda. (La Voz del Pueblo)