El Juez Javier Bottero ordenó la libertad de todos los acusados tras imponer reglas de conducta y el pago de una fianza de $ 500.000. Los delitos que imputaba la fiscal Gabriela Lema tienen un monto de pena que los hace excarcelables. ¿Por qué entonces en lugar de poner en marcha todo el aparato judicial las audiencias no se hicieron en Fiscalía o se tramitó la causa con los acusados en estado de libertad?

Finalmente lo que se presumía ocurrió. El Juez de la Investigación Penal Preparatoria, Dr. Javier Bottero, ordenó la libertad bajo el cumplimiento de determinadas reglas de conducta y el pago de una fianza de $500.000 para cada uno de los efectivos policiales (entre ellos dos mujeres) y un civil, quienes estaban privados de la libertad desde el martes pasado, acusados por la fiscal de Violencia y Corrupción Institucional de la Fiscalía de Rafaela, Dra. Gabriela Lema, de -entre otras cosas- haber fraguado y adulterado muestras relacionadas a un accidente que ocurrió en la localidad de Vila, en nuestro departamento, el pasado 18 de agosto.
Efectivamente, durante el transcurso de una audiencia imputativa que se desarrolló el jueves en horas de la tarde, la representante del Ministerio Público de la Acusación le endilgó a Cristian Fernando M., numerario de la División Científico Forense Región V, los delitos de Abuso de autoridad, Cohecho pasivo, Encubrimiento agravado por ser funcionario, Falsedad ideológica en instrumento público calificada por ser cometida por un funcionario público, en calidad de coautor, todo en concurso real.
Además el Oficial de Policía Leonardo V., Jefe de la Comisaría de Vila y el Suboficial de Policía, Maximiliano Nicolás B., responsable policial de la investigación penal (RPI) fueron acusados de los delitos de Cohecho pasivo y Encubrimiento agravado por ser funcionarios públicos, en calidad de coautores, todo en concurso real.
También Lema acusó a la Sub-oficial de policía Camila Belén M. CH. (doble apellido), en su carácter de Auxiliar Criminalística y la Oficial de policía Natalia Gisela L., en su carácter de fotógrafa, ambas pertenecientes al Departamento Científico Forense de la Región V de los delitos de falsedad ideológica en instrumento público calificada por ser funcionarias públicas, con abuso de sus funciones, en concurso real con encubrimiento agravado.
Finalmente la fiscal imputó al civil Arturo José M. afincado en la localidad de Vila, responsabilidad en los delitos de Cohecho activo y Lesiones graves culposas en accidente de tránsito.

Hecho

La fiscal Lema señaló en la imputación que "en fecha y hora no determinada pero ubicable entre las 21 horas del 18 de agosto del año 2022 y las 16 horas del día 22 de agosto de 2022, el Inspector de Policía Cristian Fernando M., numerario de la División Científico Forense Región V; el Oficial de Policía Leonardo V., Jefe de la Comisaría de Vila y el Suboficial de Policía, Maximiliano Nicolás B., responsable policial de la investigación penal (RPI) del accidente de tránsito acaecido entre Arturo José M., y Cristian M., en la localidad de Vila, el 18 de agosto de 2022, a las 21 horas aproximadamente; acordaron, a cambio de recibir un asado, con Arturo José M., parte embistente en el siniestro, adulterar las muestras de sangre y orina extraídas a este último con la finalidad de que sus exámenes den negativo a la presencia de sustancias psicoactivas para eludir así su responsabilidad penal en el hecho investigado.

Libertad con fianza

Finalmente como quedó dicho durante la audiencia de medidas cautelares que comenzó poco después del mediodía y se prolongó hasta aproximadamente las 16, el Juez javier Bottero, tras escuchar a las partes, determinó dejar en libertad a todos los imputados bajo el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: Fijar domicilio, presentarse una vez por semana en la comisaría o Juzgado Comunal de su jurisdicción a firmar la planilla correspondiente, prohibición de contactos entre los imputados y los testigos, y el pago de una fianza cuyo monto fue fijado en $500.000.
El juez además entendió que no hay pruebas de que el civil haya ofrecido un asado a cambio de adulterar los resultados de la alcoholemia.
Y todas las partes también coincidieron en señalar que fue un dispendio jurisdiccional enorme el hecho de llevar a los acusados a audiencias y que todo pudo haberse resuelto o con la realización de las mismas en sede fiscal; o con la sustanciación de la causa con los imputados en estado de libertad.