Hace dos semanas nos arrasaron las lacerantes cifras de pobreza e indigencia. En el imaginario popular, el peor pecado del kirchnerismo fue la corrupción rampante, pero el costo social y económico de esa irrefrenable vocación saqueadora es sideralmente peor y el país deberá soportarlo por décadas. Es cierto que la crisis del 2001 arrastró al abismo a las clases medias y bajas, pero gran parte de esos problemas habían sido conjurados por Jorge Remes Lenicov y Roberto Lavagna para cuando llegó al poder el fundador de la dinastía, Néstor Kirchner, acompañado por los gangsters que habían robado a mansalva en Santa Cruz, y los precios de los productos argentinos volaban (el de la soja, siempre peronista, duplicaba al actual).

Un somero inventario de los más graves daños causados por los canallescos cuatro gobiernos de ese signo, sin duda debe incluir la pérdida del autoabastecimiento energético, la ridiculización del esfuerzo como factor de progreso, la desaparición de la cultura del trabajo, el aprovechamiento político de la “cuareterna” con la consecuente matanza de empresas, los muertos por Covid causados por la bastarda manipulación de vacunas por motivos ideológicos y crematísticos, la pauperización generalizada, la destrucción de la educación pública, la inviabilidad del sistema jubilatorio, la nefasta indefensión del país, la salvaje degradación de la seguridad ciudadana, la desmadrada inmigración, la supresión de la movilidad social ascendente, la penetración del narcotráfico internacional, el colapso de la infraestructura, el retorno de inflación, etc. Y todo eso sin olvidar la firma del pacto con Irán y el asesinato de Alberto Nisman ni la colonización de la Justicia para buscar esa repugnante impunidad que aún subsiste, vaya uno a saber en razón de qué acuerdo espurio.

En materia de energía, el propósito inicial fue robar YPF y la herramienta fue el congelamiento de los precios de producción. Luego, ante la escasez derivada, generó un negocio, la importación de gas licuado, fuente de nuevo latrocinios. Las consecuencias de todo eso, en particular la re-estatización de la petrolera, han derivado en monumentales condenas por US$ 37.500 millones, que deberemos pagar por generaciones.

Para consolidar el bastión electoral del Conurbano bonaerense, lo llenó de inmigrantes pobres a los cuales les entregó documentos argentinos para que pudieran votar y les permitió la ocupación de tierras fiscales y privadas, suministrándoles gratuitamente electricidad, aunque se tratara de viviendas de lata, sin agua potable ni cloacas. Sus habitantes pasaron de hacer planes para tener hijos a hacer hijos para tener planes sociales, que distribuyó sin control, administrados por los gerentes de la pobreza que tanto han lucrado con ello. En lugar de procurar que todos tuvieran salarios que les permitiera pagar el transporte, el agua y la energía que consumían, congeló las tarifas hasta convertirlas en ridículas, y cubrió el déficit con emisión monetaria; el despilfarro se transformó en una norma para todas las clases sociales y ahora, cuando ya no tenemos de dónde sacar dinero para seguir en esa fiesta, nos duele pagar las consecuencias de esa demencial política.

En nombre de una teórica igualdad, entregó el diseño y la implementación de la educación pública a Roberto Baradel y sus cómplices que, amén de transformar a los chicos en rehenes, la han destruido hasta los cimientos. Con la monumental proliferación de pseudo-universidades en el Conurbano bonaerense, otra fuente de oscuros negocios, donde 7 de cada 10 chicos no termina el secundario y, cuando lo hacen, no comprenden los textos, acabó por perfeccionar ese estrafalario y demoníaco modelo de postergación social. Y con la incorporación de cuatro millones de personas sin aportes, demolió la ecuación que daba sustento al sistema previsional: hoy, por cada jubilado, sólo hay 1,4 trabajador registrado. Por si fuera poco, incautó los fondos de las AFJP que, en Chile, por ejemplo, tanto contribuyeron a financiar el desarrollo del país.

La defensa territorial y la vigilancia eficiente de las fronteras fueron las primeras víctimas de proyecto kirchnerista. Como no pudo cooptarlas al mejor estilo chavista, desfinanció a las fuerzas armadas y empujó sus salarios por debajo de la línea de pobreza, mientras impedía a las fuerzas de seguridad (policías, Gendarmería y Prefectura Naval) cumplir con sus objetivos específicos de vigilar las fronteras terrestres, fluviales y marítimas para facilitar la pesca ilegal, el contrabando y el tráfico de personas y estupefacientes, todas lucrativas actividades a las cuales los Kirchner estuvieron (seguramente, aún lo están) asociados.

Estas calamidades podrán repetirse si la Justicia no cumple su esencial rol y resuelve, de una buena vez, tantas causas penales en curso. La inicua y tan sospechosa insistencia en designar a Ariel Lijo a la Corte conspira claramente contra ese objetivo, en especial porque subsistirá la desconfianza de los inversores, propios y ajenos. ¿Se vinculará a esa postulación la rara conducta de la Cámara de Casación, que debe decidir sobre la condena a Cristina Fernández en la causa Vialidad, al avisar que emitirá su fallo recién el 13 de noviembre? ¿Se deberá a ese plazo el acelerón del Gobierno en el trámite de la candidatura?

Como sociedad, debemos estar muy alertas para evitar que un traspiés de Javier Milei, habilite el regreso del kirchnerismo exterminador, como sucedió en 2019, con las terribles consecuencias que todos conocemos.