Hasta ahora, nunca antes el Gobierno nacional había destinado expresamente una parte de su recaudación por derechos de exportación a un “fin específico”, sino que esa enorme masa de dinero iba a Rentas Generales y desde allí se gastaba. Pero nunca desde su reimplantación en 2002 hubo una normativa específica que determinara que tal o cual porcentaje de las retenciones sería destinado a un objetivo determinado, como una obra pública, o a compensar a pequeños productores o a implementar una política de género.
La Resolución 933/2023 del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial con la firma de Sergio Massa, cambia el curso de esa historia, porque determina que 1,3% de la recaudación por retenciones aplicadas a los derivados industriales de la soja (que son del 31% y representan el grueso de los ingresos por esta ventanilla) se destinará a financiar el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), un programa para subsidiar los precios de la harina común, que ha sido cuestionado por todos los sectores de la cadena molinera y tiene mucho tufillo a curro, porque asignó el 70% de los recursos a un solo grupo empresario que además está en convocatoria de acreedores y debe muchísimo dinero al Estado, la empresa Molino Cañuelas.
Hasta ahora el FETA (que es un fideicomiso administrado por el banco estatal BICE creado en marzo de 2022, a instancias del ex secretario de Comercio Roberto Feletti) se financiaba “de palabra” con dinero de las retenciones. De hecho, el gobierno elevó por unos meses los derechos de exportación al aceite y la harina de soja (del 31 al 33%) con el objetivo de afrontar ese gasto. Pero nunca hubo una resolución específica. Ahora, en cambio, Economía definió que 1,3% de esas retenciones sojeras tengan ese uso.
La firma de Massa es esta resolución es significativa porque no solo por primera vez un ministro resuelve asignar dinero de las retenciones a un objetivo específico sino además porque el ministro no había firmado el Decreto 288/2023, publicado el 1 de junio pasado y en el que el presidente Alberto Fernández -en un caso curioso que se repite cada tanto, cuando se quiere dar cobertura política a una decisión del jefe de Estado- hizo firmar a todo su Gabinete de ministro, incluyendo la ministro de la Mujer o el de Cultura. Massa en ese momento fue el único que no firmó, porque se encontraba de gira en China.
Ese decreto dispuso la continuidad del fideicomiso triguero hasta fin de 2023, a pesar de que hasta ahora ese fondo ha demostrado una ineficacia absoluta para los fines que fue creado: contener la suba del precio del pan común. El gobierno gastó 31.000 millones de pesos (21.500 millones para el Grupo Cañuelas) a subsidiar la harina mayorista, pero ese insumo industrial subió desde el año pasado más que la inflación general. El valor del kilo de pan en las panaderías arrancó el FETA (en abril de 2022) en unos 220 pesos promedio y ahora vale cerca de 500. O más.
Pese a esos resultados, ahora la resolución de Economía firmada por Massa no solo garantiza el financiamiento del FETA hasta fines de 2023 sino que determina con precisión -por primera vez- que se derivará a ese objetivo un porcentaje de las retenciones sobre ciertas posiciones arancelarias vinculadas a los derivados de la industria sojera.
De este modo, mientras a los productores agropecuarios se les retiene 33% del valor internacional de su soja, a una carga de harina de soja (principal producto exportable del país) la Aduana le descontará el 31%. Pero de ese porcentaje solo ingresará a Rentas Generales el 29,7%, mientras que el 1,3% restante irá directamente a la cuenta administrada por el BICE, que a su vez beneficia, con 70% de los recursos, a una sola empresa.
De este modo, los chacareros terminarán financiando a un grupo empresario que además está en convocatoria de acreedores desde septiembre de 2021, y que debe tanto dinero como el que debía la aceitera Vicentín, unos 1.300 millones de dólares. Según denuncias de los molinos más pequeños agrupados en Apymimra, el FETA le ha permitido a Cañuelas contar estos meses con capital de trabajo y ganar incluso posiciones en el mercado de la harina, donde ya domina cerca del 25%. Por esto hay una denuncia en la justicia federal de diputados de la Coalición Cívica y un pedido de intervención a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Pero ese área depende del propio Tombolini, como el propio fideicomiso. No avanza.
¿De cuánto dinero estamos hablando? En un año normal ese 1,3% serían entre 250 y 300 millones de dólares, pero esta temporada la cosecha de soja cayó dramáticamente por la sequía, de 44 a 21 millones de toneladas. Y por lo tanto los envíos al exterior también caerán a la mitad. Se estiman entonces unos 120 millones de dólares.
Massa, que hasta aquí no había firmado nada, en su resolución reglamentaria habilita una Caja de Pandora, porque las entidades de productores agropecuarios que cuestionan las retenciones que se les descuentan a los productores tendrán un argumento importante si quisieran apelar judicialmente contra ese tributo aduanero.
Ya existe una causa iniciada por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y larural de Jesús María en la justicia federal de Córdoba, que reclama por la “inconstitucionalidad” de los derechos de exportación, argumentando que el Ejecutivo los ha fijado últimamente sin tener el necesario consenso del Congreso. Ahora ese expediente podría agregar el caso de que además el Ejecutivo decide beneficiar a unas pocas empresas (hay solo 21 molinos anotados en el fideicomiso, sobre un universo de más de 150) con dinero mal quitado a los productores.
Nunca como ahora, con esta resolución de Massa, ese desvío de fondos estuvo tan escrito.
“El Artículo 1° del Decreto 288 destinó al FETA un importe equivalente en hasta 1,3 puntos porcentuales de la alícuota del derecho de exportación de las mercaderías alcanzadas por las posiciones arancelarias 2304.00.10, 1507.10.00, 2302.50.00, 1507.90.11, 1507.90.90 y 2308.00.00, en todos los casos que contengan soja”, dice la resolución firmada por Massa, que en consecuencia define que esos recursos “serán destinado al fideicomiso” y faculta a la Secretaría de Comercio de Matías Tombolini a dictar nuevas reglamentaciones.
El FETA, mientras tanto, brinda muy poca información transparente sobre la utilización de los fondos recaudados: solo se conocieron -por un pedido de informes- las empresas beneficiadas hasta fines de marzo, pero nunca se precisó cuánta cantidad de harina fue subsidiada y mucho menos Comercio Interior explicó por qué esa situación no impacta en los precios finales del pan común.
Tombolini, que cuando asumió el cargo cuestionó públicamente la eficacia del Fideicomiso Triguero y propuso cambios en el uso del dinero, luego guardó violín en bolsa y prolongó el polémico mecanismo. Ahora -con un porcentaje específico de las retenciones- les aseguró financiamiento hasta fines de año.
Fuente: Matías Longoni / Bichos de Campo