Locales

"Los gastos se duplican y con un 30% de aumento queda muy desfasado"

Desde ALPI se visibilizó la compleja situación de las instituciones que trabajan en discapacidad.
Crédito: D. Camusso.

Para conocer la compleja situación actual de discapacidad en Rafaela, CASTELLANOS entrevistó a la doctora Fernanda Gómez Odetto de ALPI: "A raíz de la creciente inflación y la devaluación importante que hubo en diciembre del 2023, las prestaciones de discapacidad, que se rigen por un arancel prestacional que está validado por la Ley 24.901 sobre los honorarios que deben pagar las obras sociales y el Programa 'Incluir Salud' por cada prestación que se brinda a las personas con discapacidad, obviamente este arancel quedó muy por debajo de la inflación".
Agregó: "Desde todas las instituciones y prestadores del país se solicitó una reunión con la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) para ver de qué manera se podría afrontar esta problemática y se solicitó un aumento del valor del nomenclador en un 100% las prestaciones, porque habíamos quedado muy atrás y también lo que se paga por el valor del kilómetro en lo que es el transporte para personas con discapacidad, que con los aumentos últimos del combustible quedó más desfasado todavía".
Después de la reunión, "la propuesta fue un 30% de aumento contra un 100% que se pidió y eso no llega a cubrir los costos, teniendo en cuenta que siempre las prestaciones se cobran a 60 o 90 días de emitida la facturación. Si sumamos el retraso con la inflación que todos los meses es importante, deja a las instituciones desfinanciadas para poder afrontar los gastos fijos de los servicios públicos, lo que implica tener empleados en blanco y pagar cargas sociales. Con este valor del nomenclador lo deja muy desfinanciado al sistema".
-¿Cómo se mantiene una institución como ALPI?
-Los gastos fijos se duplican o triplican y con un aumento del 30% queda todo muy desfasado. Hay otras instituciones en peores situaciones que nosotros porque hay centros de día u hogares que brindan prestaciones de alimentos con almuerzo para las jornadas completas, al valor de los alimentos de hoy en día los dejan en una situación mucho más problemática. En nuestro caso, sólo ofrecemos prestaciones de rehabilitaciones y también de transporte, lo que implica un costo muy elevado en combustible y mantenimiento de la unidad, que con esos valores tampoco se llegan a cubrir.
-Teniendo en cuenta esta situación, ¿se cortaron algunos servicios?
-En nuestro caso no cortamos, sí hubo en otras localidades y regiones del país que hubo paro por tiempo indeterminado de transportistas y el miércoles pasado hubo movilizaciones en diferentes puntos como Rosario, Santa Fe y otras ciudades del país, siendo la más importante a la Quinta de Olivos, donde se solicita una nueva reunión para adecuar los aranceles a valores más razonables que nos permita continuar funcionando a costa del esfuerzo y de la buena voluntad, pero llega a un punto que no alcanzan.
-¿Qué rol tienen las obras sociales y el Programa "Incluir Salud"?
-Las obras sociales y las prepagas sostienen a sus afiliados el tratamiento de todas las prestaciones que están nomencladas en la Ley 24.901, con una cobertura del 100%, y luego reciben del Estado el reintegro que gastan en discapacidad. El Programa "Incluir Salud" es para las personas con discapacidad, que tienen un certificado, una pensión contributiva y no tienen obra social, donde el Estado se hace cargo, directamente, con los prestadores que están categorizados para brindar ese servicio.
-¿Cuál es el panorama de aquí en adelante, teniendo en cuenta el contexto que se recortan en todas las áreas?
-Nosotros siempre salimos en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, somos siempre el primer eslabón, el que trata directamente con las familias y sale a dar respuestas a las necesidades reales que no están en una planilla de Excel, no son números sino personas con problemas concretos de una alta vulnerabilidad, porque más allá de la situación socioeconómica que es grave para todo el país, la gente con discapacidad tiene una vulnerabilidad agregada. Este desfinanciamiento de la discapacidad hace que las prestaciones que deban recibir, que son para mejorar su calidad de vida, se vean en peligro, lo cual aumentaría aún más la falta de integración y de respuesta a un grupo muy vulnerable.

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