Estiman que desde marzo estarán funcionando. Pretenden optimizar el control y evitar el ingreso a los penales de elementos y sustancias prohibidas tanto de parte del personal, como de las visitas. El gobernador Perotti mostró su preocupación por el funcionamiento del Servicio Penitenciario.

El Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe ya recibió los nuevos scanners y detectores de metales que serán colocados en las cárceles de Coronda y Piñero. Así lo confirmó a El Litoral el director del área, Gabriel Leegstra, quien estimó que en marzo estarían funcionando. El equipamiento es idéntico al que ya funciona en la nueva Alcaidía de Las Flores; fue dispuesto allí para optimizar los controles en el ingreso tanto de las visitas, como del personal carcelario.
"Hemos recibido esta semana los nuevos equipos. Se trata de scanners de bulto, body scanners y el arco de detección metálica tanto para la cárcel de Piñero como de Coronda. Con esto, ponemos a ambos penales en el mismo nivel que los sistemas de control que tiene la nueva Alcaidía de Las Flores", dijo Leegstra. El funcionario destacó que con estos instrumentos "estaremos sumando a la seguridad interna, tanto con la requisa de la visita, como con el personal carcelario".
A partir de ahora, se aguarda que la empresa proveedora instale los equipos y el software correspondiente. Se hará luego un estudio de impacto radioactivo, porque se trata del uso de rayos X; y finalmente, se capacitará al personal. "Por eso hablamos de que recién en marzo podrían estar funcionando", explicó.

Alcaidía, la experiencia

Con esta tecnología se aspira a reducir el ingreso de teléfonos celulares -por ejemplo- a los penales, pero también de sustancias y otro tipo de elementos prohibidos para los internos. Consultado respecto de cómo ha sido la experiencia a partir de la utilización de estos mecanismos de control en la nueva Alcaidía de la ciudad inaugurada recientemente, Leegstra sostuvo que se trata de "un aprendizaje permanente". "Eso es así -explicó- porque si bien son máquinas, están manejadas por seres humanos. El personal está aprendiendo día a día para poder detectar los distintos elementos que pueda portar la visita o el personal. Y se ha reducido muchísimo el ingreso, sobre todo de celulares. Pero también se agudiza el ingenio de quienes buscan otras maneras de pasar estos elementos, a pesar de los controles; es un juego permanente. Tenemos que ir detectando también cómo se las ingenian para ingresar cosas prohibidas", sostuvo.

Ocupación plena

El edificio de la nueva Alcaidía de Las Flores fue inaugurado hace dos meses. Su habilitación era vital para poder reducir la superpoblación que se registraba en las comisarías del departamento La Capital y la región. Pero en poco más de sesenta días y tras el traslado de internos que estaban alojados en dependencias policiales, su capacidad -240 plazas- ya fue colmada. "La Alcaidía ya está completa -admitió Leegstra-. No obstante, nosotros seguimos derivando internos permanentemente a las diferentes unidades penales. Y seguimos recibiendo el cupo semanal de la Policía. Así que por ahora se están equilibrando los números", planteó.

Preocupación de Perotti

El Gobernador fue consultado sobre el trabajo del Ministerio de Seguridad provincial y en ese sentido dijo mostrarse "más preocupado por el funcionamiento del Servicio Penitenciario, por el tratamiento del delito como si fuese el mismo que hace 40 años atrás, la imposibilidad de aislar a personas de alto perfil porque se afectan derechos, jueces que autorizan a detenidos de alto perfil a salidas transitorias".
Además, aseguró que es necesario tomar medidas para que las personas no tengan "facultades desde adentro de la cárcel para ordenar balaceras o extorsiones" y recordó que la "exigencia federal es a los tres poderes para poner lo máximo que se tiene y así poder controlar esta situación".

Grave acusación contra tres policías de la Unidad Regional II

Tres policías de la Unidad Regional II de Rosario fueron imputados junto a tres civiles por el delito de malversación de fondos públicos y peculado, vinculados a servicios adicionales que presta la fuerza provincial. Además, uno de ellos está sospechado de defraudación a la administración pública, cohecho y exacciones ilegales. Si bien se dispuso su liberación, contarán con una serie de restricciones a lo largo de seis meses. De acuerdo a la acusación llevada a cabo por el fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos José Luis Caterina, los delitos se cometieron durante 2019, 2020 y 2021. En ese lapso, los uniformados gerenciaron servicios adicionales en la regional, donde fijaban los criterios y horarios, confeccionaban las planillas y las pasaban a la sección Servicio de Policía Adicional. Asimismo, expuso que la operatoria se llevaba a cabo bajo la dirección del Ariel Omar G., quien tenía el poder de decisión en relación con los adicionales y contaba con el apoyo de Claudia Roxana M. en la confección de planillas, labor que realizaba previo a 2019, puesto que se pudo comprobar que se abocaba a esas tareas con un jefe anterior. Caterina agregó que estos dos uniformados contaban en el territorio con Jorge Sebastián C., quien controlaba y mediaba entre G. y otros policías, y entre éste y las víctimas. Además, el Fiscal explicó que hubo diversas denuncias que apuntan a excesos de estos adicionales: asignación de efectivos policiales por encima o por fuera de lo permitido por la ley y la reglamentación.
Para la Fiscalía, esta maniobra sería compatible con el incremento patrimonial de Gorgerino que no pudo justificarse conforme informe preliminar elaborado por la División de Análisis Patrimonial de la Agencia de Control Policial Delegación Zona Sur. Ante lo expuesto, el juez Héctor Nuñez Cartelle dictó la libertad de los imputados con las siguientes reglas de conducta por el plazo de 180 días: presentación quincenal ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ); prohibición absoluta de acercamiento a las personas que han denunciado y los testigos que van a declarar; constitución de domicilio, el cual no podrá mudar sin dar previo aviso al Tribunal y prohibición de salida de la provincia y del país. No obstante, el Fiscal había solicitado la prisión preventiva por el plazo de ley.