En medio de negociaciones frenéticas en pos de alcanzar un acuerdo con los bloques de la oposición dialoguista de la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo envió hoy a los legisladores una nueva versión con las últimas modificaciones al megaproyecto de ley que envió el presidente Javier Milei al Congreso.

Uno de los capítulos más conflictivos es el referido a la movilidad jubilatoria. En esta última oferta, el Gobierno asevera que “va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual” y que, a partir de abril, “comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC”.

Esta oferta, que comenzó a ser analizada esta mañana por los bloques dialoguistas, no encuadraría con lo que habían contrapropuesto los legisladores la semana pasada. En efecto, las bancadas de Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal pretenden que la indexación de los haberes jubilatorios opere a partir de enero; el Gobierno propone que sea a partir de abril, con lo que se estaría ahorrando casi cuatro meses de actualización por inflación.


Respecto de las retenciones agropecuarias, el Gobierno confirma su intención de eliminar este gravamen a los productos de las economías regionales, tal como plantearon los opositores dialoguistas, pero se mantiene firme en la suba de la alícuota del 31 al 33% para los subproductos de la soja pese a la presión que ejercen los gobernadores de Juntos por el Cambio.
En su contrapropuesta al Congreso, el Gobierno dispone eliminar la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir los derechos de exportación. “Solamente se mantiene la facultad para poder reducirlas”, sugiere en el texto elevado a los legisladores.

Otro punto clave del megaproyecto de ley son las facultades legislativas que el Poder Ejecutivo pretendía arrogarse. A instancias de los diputados dialoguistas, el Gobierno accedió a eliminar del proyecto la emergencia en materia social y de defensa, al tiempo que se redujo el plazo de las delegaciones legislativas a un año, con la posibilidad de prorrogar por un año más con aprobación del Congreso. En su versión original la iniciativa oficial proponía arrogarse facultades delegadas por dos años con la posibilidad de ser prorrogadas por otros dos.

Privatización de empresas públicas
Respecto de la privatización de empresas públicas -el Gobierno envió un listado de 41 compañías sujetas a ser traspasadas a manos privadas-, se accedió a eliminar a YPF del texto, tal como plantearon los dialoguistas. Respecto de otras empresas claves sobre los que la oposición también quería excluir del listado -entre ellas Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT- se propone que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa. Asimismo, el Poder Ejecutivo aceptó que la Comisión Bicameral de Privatizaciones del Congreso realice un seguimiento de estos procesos.

En la introducción del texto con su contrapropuesta, el Gobierno confirma que se eliminarán del proyecto original 141 artículos ya que varios capítulos, a instancias de los diputados dialoguistas, serán postergados a marzo para su debate, es decir, con el comienzo de las sesiones ordinarias del Congreso.

“Se decidió transferir a sesiones ordinarias los temas de salud mental, los cambios en la ley de sociedades, la discusión sobre el traspaso de la justicia nacional a la ciudad, y tres temas de la reforma electoral (secciones uninominales, el futuro de las PASO y el régimen de partidos políticos) todos proyectos que serán presentados en el comienzo del período ordinario del año legislativo”, enumera el Poder Ejecutivo. También se postergará el debate sobre la instauración del juicio por jurados en delitos penales.

“Más de la mitad de los temas que afectaban al Código Civil y Comercial también se presentarán en ordinarias reservando a este proyecto los artículos estrictamente necesarios para mejorar la libertad contractual en adición a la incorporación del divorcio express”, agrega.

Una de las novedades que incluye la contrapropuesta oficial es la eliminación de las jubilaciones de privilegio que perciben los presidentes y vicepresidentes, aunque no será retroactiva, es decir, no afectará los haberes que actualmente perciben los expresidentes -entre ellos Cristina Kirchner- sino que solo se aplicará desde los mandatos de Javier Milei y Victoria Villarruel en adelante.

“Se le pone fin a un privilegio de la casta en donde los Presidentes accedían a una jubilación millonaria y vitalicia”, establece el texto, donde se precisa que, a partir de la sanción de esta ley, a los presidentes y vicepresidentes que culminen le resultarán aplicables las previsiones de la Ley 24.241, del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

El proyecto, que inicialmente tenía 664 artículos, tiene ahora 523. (La Nación)