Los trapitos, lavacoches o como se los denomine, sigue siendo uno de los grandes conflictos sin resolución, donde ya se han intentado mostrar diferentes acciones: controles, puesta en marcha de programas para la inserción laboral y nada ha resultado. Mientras tanto estos individuos siguen amedrentando a los vecinos que a diario recorren las calles de la ciudad y están cansados de que quienes deben garantizar la tranquilidad en la vía pública sigan brillando por su ausencia.

Desde CASTELLANOS hemos ido siguiendo de cerca la evolución de este tema, donde hemos visto fracasar a todos los programas municipales, controles con agentes, chalecos azules, etc., etc., pero ninguna de las acciones que iniciaron se sostuvieron lo suficientemente para arrojar los resultados esperados, sobre todo ya que siempre se habla de la necesidad de focalizar determinadas políticas públicas, y claramente el tema de los lavacoches nunca estuvo realmente en la agenda local como prioridad, ya que cuando se avanza con firmeza en determinadas acciones y no le tiembla el pulso a los funcionarios que deben ejecutarlas, más tarde o temprano se ven los resultados. Aquí eso no sucedió. En cambio, sí se observa, al igual que en otros temas, un grado de improvisación muy grande y la ausencia de la tan mentada articulación con otros organismos del Estado, como por ejemplo la Justicia. En todo esto tiempo sólo se ha visto a funcionarios improvisando, pareciendo no ver la magnitud de este flagelo que a diario los vecinos de la ciudad deben padecer.
Pese a los efímeros intentos los sujetos siguen apareciendo y llevando adelante su accionar, que en más de una oportunidad pasa de una simple proposición de lavar un vehículo a un apriete encarnecido por "una ayuda", sin dejar de lado el temor de posibles represalias que resulta ante la negativa de parte de los vecinos en el caso de no requerir el "servicio". La extorsión una constante, la incomodidad que sufren las señoras que deben estacionar en zonas céntricas, ya sean en sanatorios, supermercados, estudios, oficinas o en bares y restaurantes es notable. Las peleas que con mucho disgusto deben soportar los habitantes de esta querida ciudad se repiten a diario. Lo único que podemos entender ante esta cantidad de irregularidades, entre ellas, ordenanzas del Concejo, no cumplidas por el Ejecutivo, directamente ignoradas, que no hace más que abalar y que este accionar se transforme en parte de la cultura popular. Observando la incapacidad profesional que se demuestra por parte de quienes conducen las cuestiones vinculadas a la prevención y seguridad en la ciudad, no podemos pensar y mucho menos permitir que este tipo de temas no tengan solución. Hemos visto en los últimos días como una marcha de alegría por la falta de previsión y organización se pudo transformar en una explosión inédita en Rafaela. Lo grave fue que todo esto ocurrió ya que la actividad estaba centrada en el secuestro de una pistolita.

La solución que no fue

El decreto 48.180, firmado a fines del 2018, establecía el comienzo de la regulación de la actividad de lavado de vehículos en la vía pública en la Zona del Estacionamiento Controlado, adoptándose como principio general, la prohibición de efectuar tal actividad en el sector de la ciudad con la salvedad de quienes cumplieran los requisitos necesarios para estar inscriptos en el registro que se creaba para tal fin. A partir de esta medida el Ejecutivo entendió que los permisos entregados limitarían su vigencia respecto de las personas que desarrollaban la actividad de lavado. 
Así fue que, durante gran parte del 2019, los lavacoches con chalecos azules comenzaron a ser una habitual imagen en el centro rafaelino, recordando que esta habilitación duraba 6 meses, sin la posibilidad de ser transferida. Esta medida logró la adhesión de más de 70 individuos que efectuaban el lavado de vehículos en la vía pública. A partir de esta medida que fue como punta de lanza, donde el objetivo principal era brindar capacitaciones y sobre todo apuntar a la inserción laboral, con un Estado presente que contenga a todos estos individuos. Todo parecía encaminarse, pero llegó la pandemia y trastocó todos los planes. De nuevo la aparición de un programa, pero no encarado como una política de Estado para eliminar definitivamente el accionar ilegal, sino todo lo contrario, avalando este tipo de acciones. 

Lo que dejó el paso de la pandemia

A mediados del 2020 luego de que todos los locales comerciales debieron cerrar sus puertas y las calles rafaelinas se transformaron en desierto, obviamente que la presencia de estos sujetos disminuyó a 0. En aquella oportunidad desde el Ejecutivo local salió a aclarar que esta situación no era el resultado de la pandemia, sino del "trabajo articulado" con estas personas, el Estado local y su objetivo de insertarlos laboralmente en otros espacios y el control de las fuerzas de seguridad. 
El próximo mes serán 3 años y medios desde que se puso en marcha este programa y la realidad es que nada ha cambiado. A diario se ven como los famosos "trapitos" se encuentran en el centro de la ciudad o las calles aledañas, algunos de ellos siendo respetuosos con los vecinos, pero muchos otros más, con actitudes patoteras, de aprietes y condicionantes para permitir el lavado del vehículo o de la famosa "ayudita", y siempre con el temor latente que, ante la negativa, el que termine pagando las consecuencias sea uno mismo por posibles represalias que pueden llegar a darse. Lo cierto es que ya no vemos a los responsables haciéndose cargo del tema, o dando respuestas concretas sobre las labores que se vienen realizando en esta materia como así tampoco la insistencia de las fuerzas de seguridad desalentando estas actividades, que debemos decirlo su accionar es en vano, ya que a la fecha no hay ninguna ordenanza, decreto o ley que establezca que estos actores no pueden ejercer esta acción en las calles de la ciudad. Ante la falta de políticas públicas y decisiones firmes lo único que se termina dando es una danza constante, entre la llegada de las fuerzas y la "desaparición" de estos individuos, que, ante el alejamiento de los efectivos, vuelven a la escena. Nada es claro, nada es contundente y las famosas políticas de "contención" no se sostienen en el tiempo, o por lo menos no dan los resultados que toda la comunidad espera. 
Cabe preguntarse ¿qué habrá pasado con aquellos 70 inscriptos? ¿Cuántos pudieron ingresar al mundo laboral formal? ¿Cuántos de ellos aún hoy seguirán llevando adelante el lavado de vehículos? Muchos interrogantes ante un silencio atroz de quienes deberían tomar las riendas en este tema para procurar por soluciones concretas, y no solo anuncios resonantes con medidas que luego no se sostienen en el tiempo.

Falla estructural o uno cultural 

A la hora de analizar estos temas no podemos solamente recaer sobre este grupo e inmediatamente catalogarlos a todos como patoteros, malvivientes o cualquier etiqueta que se le pueda ocurrir, sino que también hay que reconocer que un gran porcentaje de todas estas personas pretenden y procuran llevar alimento y sustento a su familia, con un contexto realmente complejo. En un artículo anterior respecto a este tema desde este medio dimos cuenta de una situación conmocionante que tuvo lugar en las afueras de un bar de la ciudad, donde un vecino intervino en un conflicto que se daba entre 2 trapitos y ante la amenaza del vecino de llamar a la policía si no se comportaban, uno de los sujetos involucrados en la pelea inmediatamente le contestó con una frase dilapidaria y que a más de uno habrá provocado sensaciones en el estómago. El lavacoches se mostró conforme con esto, ya que en caso de que los efectivos se lo llevaran a la cárcel por lo menos iba a poder comer esa noche. Ante estas situaciones no hay vara igualadora, sino solamente la intensión de poder trabajar en este tema y si es un problema de estructura, seguramente se resolverá con manos a la obra para dar respuesta a un tema realmente complejo y que viene causando dolor de cabeza en todo el Estado local, ya que en los últimos años se ha transformado en una situación en la que la Municipalidad mostró su incapacidad para resolver.