La Unión Industrial Argentina (UIA) se presentará ante la Justicia para expresar su apoyo a la reforma laboral que decretó el presidente Javier Milei tras la suspensión de la medida a partir de las causas presentadas por la CGT y la CTA. La casa fabril considera que los cambios del Gobierno tendrán, particularmente, un impacto en las pymes y ayudarán a la creación de empleo registrado. Más tarde se conoció que el grupo de las seis principales entidades empresarias de Córdoba, conocidas como el G6 cordobés, harán el mismo requerimiento.
A través de un comunicado la entidad anticipó que se presentará bajo la figura de amicus curiae, presentaciones de terceros ajenos a la disputa que aportan al tribunal argumentos u opiniones que pueden servir como elementos durante el juicio, “en las causas presentadas por la Confederación General del Trabajo y la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Argentinos, en donde la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió la aplicación del capítulo laboral contenido en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023″. Sin embargo, mantienen descontento por la suba de retenciones y el régimen de inversiones que propone el Gobierno en la ley ómnibus.

Según precisaron, lo hará “con la intención de expresar una opinión fundada respecto de la modernización de la legislación ya que considera que dichos contenidos y sus propuestas se adaptan a las nuevas realidades del empleo, sobre todo para las pequeñas y medianas industrias”. Para la UIA la reforma configura un “camino correcto” hacia la creación de empleo privado y la reducción de la litigiosidad, “y sientan las bases para que, cuando se materialice una recuperación económica, las nuevas contrataciones sean más simples y sostenibles”.
Los industriales recordaron que actualmente solo 6 millones de personas tienen un empleo formal registrado en Argentina. Eso implica que casi la mitad de los trabajadores en el país se encuentran en la informalidad.

La UIA había presentado las propuestas de política productiva de su Libro Blanco a todos los candidatos presidenciales durante la última campaña electoral, por lo que su postura no llama la atención. En ese documento se destacan medidas para reducir la litigiosidad, eliminación de multas por registro deficiente de la actividad laboral y la creación de incentivos para el empleo formal. También se contemplaban la reducción de cargas laborales a nuevos empleos, la promoción de negociaciones colectivas dinámicas e incentivos a la productividad y la actualización del régimen de multas, entre otros aspectos.
En ese sentido, la UIA hizo un listado de las iniciativas más destacadas del capítulo laboral del decreto: “La eliminación de multas por registro deficiente de la actividad laboral y la creación de incentivos para el empleo formal, con la consecuente disminución de la judicialización de los conflictos laborales; la promoción de negociaciones colectivas dinámicas y los incentivos a la productividad; la actualización del régimen de multas para disminuir la judicialización de conflictos laborales y la modificación en el sistema de cálculo de capitalización de intereses en los fallos laborales”.

“El amicus curiae es una figura ampliamente reconocida que permite a terceros ajenos a un proceso judicial que tienen conocimiento y competencia sobre la cuestión a debatir proporcionar argumentos y opiniones para enriquecer la deliberación de los jueces. Además propicia la participación ciudadana en la administración de justicia en causas de trascendencia colectiva o interés general”, concluyó el comunicado de la casa fabril.

Según publicó Infobae, el fallo en la causa que presentó la CGT y suspendió la reforma laboral llegó este jueves a la Corte Suprema. Los jueces de la sala de feria de la Cámara del Trabajo, Alejandro Sudera y Carlos Pose, aceptaron la apelación presentada por el Gobierno. Ya son dos los expedientes en esa instancia: el primero había sido el amparo que presentó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

Se sumó el G6 de Córdoba
Al igual que la UIA, las seis principales entidades empresarias cordobesas quieren expresarse como terceros interesados en las causas. Este requerimiento fue realizado por: la Bolsa de Comercio de Córdoba, Cámara de Comercio de Córdoba, Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, Federación Comercial de Córdoba, Unión Industrial de Córdoba y la Bolsa de Cereales de Córdoba. Allí pidieron que la Corte Suprema revoque la cautelar de la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y la deje sin efecto.

“Las cargas, costos e ineficiencias de las normas laborales modificadas o derogadas han provocado una merma sustancial en las contrataciones de nuevos empleados y dando lugar a barreras infranqueables para el desarrollo de las PyMEs argentinas y la generación de nuevos puestos de trabajo. En Argentina “el empleo formal en el sector privado se mantiene estancado en 6 millones de puestos de trabajo desde [el año 2011], lo que ha provocado la anómala e inaceptable situación de que el empleo informal supere al formal en un 33 por ciento”, sostuvieron las entidades.

“Desde nuestra provincia, emblema de la región más productiva del país, queremos evitar que se imponga un freno a un cambio positivo y necesario para el desarrollo. Los beneficios se harán sentir desde el centro y hacia todo el territorio. Para todos los que creemos en el sindicalismo, en las empresas y en el trabajador como una fuerza de transformación positiva de la sociedad, la reforma laboral debe ser una realidad. Las normas y quienes las aplican deben saber adaptarse a las necesidades y horizontes de una Argentina que ha sufrido demasiado como para que unos pocos sigan en sus poltronas privilegiadas dándole las espaldas a la realidad y a la gente”, advirtió el G6 cordobés. (Infobae)