Una de las tres banderas principales de política económica con las que Javier Milei ganó las elecciones presidenciales -el ajuste fiscal, la dolarización y el cierre del Banco Central- asoma como la única que tendrá implementación inmediata después del 10 de diciembre.
Posiblemente la motosierra del presidente electo esté preparada para ser encendida apenas tenga lugar tras el cambio de gobierno y hay algunas pistas sobre hacia qué dirección apuntará. Por lo pronto, el número que sostienen en La Libertad Avanza como faro de poda del déficit del Tesoro es de 5% del PBI, lo que implica un recorte récord para un solo año y que representa, en términos comparativos, más de un trimestre completo de recaudación tributaria.
La transición entre las autoridades salientes del Ministerio de Economía y el equipo que ingresará desde el 10 de diciembre y que estará encabezado por Luis Caputo tuvo por en la última semana pocos puntos de contacto en uno de los elementos decisivos para la administración electa: la presupuestaria y de gasto público. Hay un tema de discusión inminente que deberá ser saldado: de qué manera Milei instrumentará el ajuste de motosierra que anunció en campaña y que sostuvo tras ganar el balotaje.
Hay algunas variantes que aparecen en la mesa: una de ellas, que suena más improbable por el momento, es la elaboración de un proyecto de Presupuesto 2024 nuevo que incorpore en su texto todos los lineamientos de gasto público recortado, porque suele tomar meses de trabajo pormenorizado. Por eso, la opción más viable, aunque no fue oficializada, es la de modificar el Presupuesto 2024 que mandó Economía a mediados de septiembre y, durante su tratamiento parlamentario, hacerle los cambios necesarios que reflejen ese ajuste inicial que busca el libertario.
Con todo, una primera foto relevante para esta cuestión es el punto de partida -en términos fiscales- con el que se encontrará Luis Caputo y su equipo.
Según la última información oficial hasta octubre, el déficit fiscal primario era de 1,6% del PBI (en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le había puesto un techo de 1,9% del PBI paratodo el año) pero según estimaciones de la consultora LCG podría ascender a 2,7% del PBI cuando termine el año.
Esa consultora detalló que, ya al mirar el 2024, hay ingresos y gastos que tendrán dinámica propia y que podrían tener un impacto más o menos marcado en el primer año fiscal del gobierno libertario. “Del lado de los ingresos, el fin de la sequía permitirá la recomposición de los derechos de exportación (0,7% del PBI), pero la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias restará recursos por 0,3% del PBI de las arcas nacionales (según cálculos de la OPC)”, dijo LCG.
Y, en la otra, mano, los gastos. “En un escenario de inflación en ascenso (inicialmente esperable a partir de un reacomodamiento de precios relativos), la fórmula de movilidad implicará una licuación del gasto en términos del PBI (0,1% del PBI). Parte de este ‘ahorro’ se compensaría con salarios y gasto operativo creciendo en línea con inflación”, apuntó la consultora de marras.
Algunas estudios privados, entre ellos LCG, analizaron qué formato podría tener un ajuste como el que aspira a hacer Javier Milei en su primer año de mandato para alcanzar de inmediato el equilibrio fiscal.
Para LCG, en 2024 esa reducción debería ser de 4,4% del PBI, mientras que Analytica proyecta que la poda total a lo largo del año próximo alcanzaría a 3,6% del PBI “explicado por una reducción de 2,5 puntos en los gastos corrientes y de 1,1 puntos en los de capital”, mencionaron.
“No hay plata”, suele repetir como mantra el presidente electo. Algunas ideas preliminares sobrevuelan, entonces, para qué ítems del gasto esa frase estará tallada en piedra y en cuáles no.
Según aseguró Milei, el gasto en jubilaciones y programas sociales -el que más peso tiene en el presupuesto total- no será ajustado, por lo que habrá que buscar el contorno por el que recortará la motosierra en otras planillas presupuestarias.
“La obra pública, los giros a las provincias y las transferencias a empresas públicas serán, según el discurso del presidente electo, las principales variables de ajuste del gasto. Conjuntamente representan 17% del total, equivalente a 3,3% del PBI. Aun cuando se avance en su completa eliminación, no será suficiente para la dimensión del ajuste propuesto”, estimó LCG.
En ese sentido, esa consultora explicó cuánto pesa cada ítem del gasto que es señalado como candidato a ser ajustado. Para el caso de los subsidios, calculó que representan 11% del gasto primario. “Eliminar por completo esta partida tendrá como correlato un aumento de tarifas fundamentalmente en los hogares de menores ingresos: a precios de hoy implicará multiplicar por más de 3 las tarifas de los hogares de los segmentos N2 y N3 (240% y 207%, respectivamente). Estas subas corresponderían a la eliminación del atraso relativo, pero sobre ellas habría que agregar los aumentos de 2024 por incrementos de costos”.
Sobre obra pública estimó que en 2023 es de 1,5% del PBI. “Se trata de un gasto intensivo en mano de obra, que debería traccionar un aumento de la productividad del sector privado, al menos en el largo plazo. Es decir, a priori, representa un buen destino para los recursos nacionales. Pero también es sabido que algunas obras no fueron debidamente planificadas o priorizadas, y su aporte a la productividad ha sido bajo”, mencionaron.
Por último, las transferencias corrientes a las provincias equivalen a 1,1% del PBI. “Son transferencias por fuera del reparto de recursos que genera la Coparticipación de Impuestos, pero que en muchos casos cuentan con una Ley (además de la Ley de Presupuesto) que exige el giro de esos fondos. Quizás el ejemplo más evidente sea el de las transferencias por el Fondo de Incentivo Docente (Fonid)”, ejemplificaron desde LCG.
En Analytica, por su parte, consideró que “el draconiano ajuste se concentrará en los gastos de capital, en los gastos de funcionamiento y en las prestaciones sociales. En otras palabras, los recortes recaerán, principalmente, en las transferencias a las provincias y en la obra pública, los jubilados y la administración pública. Spoiler alert: no alcanza con ajustar solamente a ‘la casta’, por ponerlo en los términos que utiliza Milei”.
Respecto a gasto de capital y transferencia a provincias, Analytica apuntó que son las partidas que más pueden asociarse, en esa cosmovisión, al gasto del sistema político. “Para realizar nuestro ejercicio, fijamos una hipótesis: que el máximo recorte posible implicará un incremento nominal del 50% en las partidas, lo que la ubicaría incluso por debajo de la inflación del Presupuesto originalmente enviado al Congreso (69,5%). En la práctica, significará una disminución real de las partidas del 61% en cada caso y un ahorro conjunto de 1,5 puntos del PBI (1,1% en gastos de capital).
Para el caso de las jubilaciones, una combinación de caída de salarios y de rezago en la fórmula de movilidad automática de haberes en un contexto de inflación más alta que en 2023, este ítem “aportaría” al ajuste general de Milei en otros 0,5 puntos del PBI. Otros programas sociales como Tarjeta Alimentar y las becas Progresar tendrían, bajo los supuestos de Analytica, 0,3% más del Producto Bruto.
Los gastos de funcionamiento (principalmente salarios públicos) implicaría otros 0,6% de la poda fiscal de 2024, en conjunto los subsidios lo harían en 0,5% del PBI.
Para la energía, “los costos de generación aumentan con el tipo de cambio oficial y no creemos que la reducción de los costos en dólares compense la suba del tipo de cambio real. Asumimos que solo el 40% del incremento de los costos en pesos de las tarifas pasará al público, lo que generará un aumento de los subsidios del 158,7% y un incremento en las tarifas de 105,7%, de forma tal que esta partida volverá a los niveles de 2019, en torno a 1,0% del PBI”.
“En definitiva, el recorte de 3,6% del producto estará liderado por tres principales rubros: gastos de capital (1,1% del PBI), gastos de funcionamiento (0,6%) y gasto previsional junto con el resto de las prestaciones sociales (0,8%). Es decir, casi un 70% del ajuste se concentrará en tres rubros”, concluyó Analytica.
La consultora Invecq planteó una pregunta más elemental: si es o no viable. “Si bien los números pareciera que ‘cierran’, debería recortarse el 100% de estas erogaciones, algo imposible y que jamás se ha hecho. En segunda instancia, cabe preguntarse si dicho ajuste es viable política y socialmente: la situación es muy delicada (pobreza por encima del 40% e indigencia en torno al 10%), y probablemente empeore durante la primera parte del año -como consecuencia, entre otras cosas, del fogonazo inflacionario-. Un ajuste de esas magnitudes agravaría aún más el panorama social”, mencionaron.
Referencias cercanas
Una pregunta adicional respecto a esa viabilidad es en qué momentos de la historia económica argentina algún gobierno aspiró a ejecutar un recorte de ese tamaño. Un estudio hecho por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) en exclusiva para Infobae hizo ese ejercicio para las últimas tres décadas. La conclusión rápida es que en ninguna ocasión el sector público recortó 5% del Producto Bruto de su déficit en un solo año. Sería, de concretarse, el ajuste fiscal más duro en tres décadas.
En números: en los últimos 30 años, solo en 10 hubo una reducción del déficit fiscal. El más pronunciado fue el de 2021, lo que se explica por la gran expansión de gasto que tuvo lugar el año anterior por el impacto de la pandemia, desde 8,3% del PBI de rojo fiscal hasta 4,5% del Producto. La mayor parte de esa caída del desequilibrio de las cuentas públicas fue por menores gastos y una porción mínima por aumento de ingresos.
La segunda caída del déficit más marcada tuvo lugar en 2003, pero con un “reparto” de esa tarea más pareja: de la corrección fiscal del período 2001 y 2004 (5,6% del PBI), el aumento de los ingresos representaron 2,4 % del PBI y la caída de gasto 3,2% del PBI.
Para ponerlo en otros términos: el único antecedente de un proceso de reducción fuerte del déficit (aquel 5,6% del PBI) fue alcanzado en un período de cuatro años. No hay antecedentes desde 1993 de 5 puntos en un solo año.
Hay, de todas formas, una perspectiva de recuperación de la cosecha tras la severa sequía del último año que aportaría, por ese crecimiento de exportaciones, una canilla más amplia de ingreso tributarios por derechos de exportación. Según estimaciones de LCG, podría ser de hasta 0,7% del PBI, lo que podría atenuar, en esa magnitud, el torniquete contractivo del gasto para alcanzar el equilibrio presupuestario.
Fuente: Infobae