Con la presencia del presidente de la entidad, Leonardo Alassia, acompañado por otras autoridades institucionales, estuvieron presentes los senadores departamentales Alcides Calvo, Felipe Michlig, Rubén Pirola, el fiscal regional Carlos Vottero, la presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, Sara Gardiol, además de representantes de los ministerios de Justicia, de Desarrollo Productivo, de entidades hermanas como Coninagro y Federación Agraria, además de la Cooperativa Guillermo Lehmann; y el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Rafaela, Juan Martínez Saliba.
Se comenzó hablando de la necesidad de unificar la toma de denuncias en cuanto a los delitos cometidos en el ámbito rural en el Ministerio Público de la Acusación, ubicado en Necochea 443 de la ciudad de Rafaela. Del mismo modo, avanzar en el diagrama del mapa del delito pendiente en toda la región, para poder definitivamente “unificar el criterio de trabajo”.
Se enfatizó en la necesidad de la correcta manera de tomar las denuncias, que en el último mes contabilizaron un total de 16, mientras que otras cuatro fueron actas de procedimiento, en esta región.
Si se toma en cuenta la dimensión de los departamentos Castellanos, 9 de Julio, Las Colonias y San Cristóbal, siendo este último el de mayor conflictividad, son 44.759 kilómetros cuadrados a atender, incluyendo al 43 por ciento de la totalidad de las cabezas de ganado de la provincia, donde la Guardia Rural Los Pumas termina siendo la pieza clave para el patrullaje, prevención y lucha contra el delito.
Durante el encuentro se trataron tópicos ya conocidos de diagnóstico, pero no se consiguieron avances en cuanto al abordaje de las problemáticas que se siguen sufriendo cada vez con mayor repetición en la región.
Es entendible que los recursos de la seguridad se enfoquen con mayor necesidad en los grandes centros urbanos. Sin embargo, el sector agropecuario reclama la atención que le corresponde por el desarrollo que aporta a la provincia, por la generación de recursos para tal fin y simplemente por el merecimiento de contar con seguridad en las áreas rurales, donde los casos cada vez se plantean con más violencia y asiduidad. Los productores siguen percibiendo la falta de respuestas, la permisividad de estas acciones en algunos sectores, y necesitan de forma urgente respuestas, acciones, recursos aplicados para tales fines, que agilicen las investigaciones y el accionar de la justicia.
Desde la Sociedad Rural de Rafaela se viene gestionando encuentros de este estilo, escuchando a los productores y consideran que ya es tiempo de comenzar a recibir los resultados de las evaluaciones que parecen constantes. Es hora de poner en marcha una estructura preventiva, para no seguir manteniendo en riesgo a quienes trabajan y viven en la ruralidad santafesina.