Pasan los años y las calles nos pertenecen cada vez menos a los ciudadanos que trabajamos y pagamos impuestos. Los piqueteros viven haciendo cortes. Los delincuentes parecen tener vía libre mientras el Gobierno nacional propone una agenda progresista que los defiende. Los autodenominados mapuches siguen con una agenda separatista y ciertos sindicatos quieren sacar ventajas con campañas violentas. El país de los oportunistas tiene una agenda cada vez más lejana a las necesidades del país. La pobreza y la indigencia van en aumento. Desde que Alberto Fernández asumió, la pobreza aumentó fuertemente y el salario mínimo real se encuentra en cifras cercanas a la catástrofe posterior del 2001. Datos, no relatos.
Transitando el cuarto año de gobierno, los resultados en el ámbito de la seguridad pública son poco alentadores tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. El Gobierno nacional cuenta con las fuerzas de seguridad federales que tiene responsabilidades clave como el control fronterizo y la intervención en la lucha contra delitos federales como el narcotráfico. Sin embargo, las fronteras siguen siendo un colador y el narcotráfico sigue en expansión. La Gendarmería y la Prefectura Nacional siguen desplegadas en zonas de alto riesgo urbano donde su efecto es disuasivo, pero no totalmente efectivo. El delito se desplaza. El triste asesinato de una niña de cuatro años en la villa 1-11-14 refleja la necesidad de actuar con las herramientas del Estado más allá del desplazamiento de fuerzas federales. En este caso el rol de la inteligencia criminal para desbaratar organizaciones del crimen organizado es central.
Otro ejemplo ha sido la incapacidad de llevar a cabo una acción concertada desde el Gobierno federal para frenar la violencia narco en Rosario. En 2022, la ciudad santafesina tuvo una tasa de 22 homicidios por cada 100.000 personas, superior a ciudades como Río de Janeiro o Bogotá. Los ministros provinciales de seguridad renuncian uno tras otro, y la única respuesta que reciben desde la a Casa Rosada son chicanas y evasivas. No puede haber lucha efectiva sin una articulación seria entre Nación y provincias, tal como hicimos con María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, lo que nos permitió bajar los homicidios en un 36% e incautar récord de estupefacientes en la provincia de Buenos Aires.
Un capítulo lamentable del desmanejo de los asuntos estratégicos del país es la Agencia Federal de Inteligencia, cuya conducción tendría un tercer interventor en lo que va de la gestión, mientras no quedan claras que reformas ha realizado la gestión que vació a la AFI en sus objetivos y medios. Hay cada vez más indicios de la presencia de la organización narcocriminal denominada Primer Comando da Capital (PCC) en el noroeste del país. ¿Qué están haciendo la AFI o la Dirección de Inteligencia Criminal frente a este tema? Un país sin inteligencia refleja el estado de indefensión frente a la gran variedad de amenazas que debe hacer frente.
En la provincia de Buenos Aires el delito ha aumentado mientras, desde la gobernación, tienen una política de promoción del consumo de drogas. El gobernador Kicillof no solamente propicia la producción de marihuana y promueve el cultivo personal, sino que además duda y se muestra temeroso para conducir a la Policía, que se encuentra bajo su mando.
La Policía bonaerense es una fuerza que requiere de una conducción con criterios claros, necesita salarios adecuados, equipamiento, medios para combatir al crimen y, sobre todo, un fuerte respaldo político para hacer frente a los desafíos que enfrenta y a las situaciones irregulares que se producen dentro de la fuerza. ¿Qué mensaje se les da a las fuerzas que combaten el narcotráfico si el Gobernador promueve el consumo? Esto presenta una clara señal contradictoria a quienes tienen que aplicar la ley y combatir la delincuencia, lo que puede fomentar tanto conductas irresponsables dentro de la fuerza como la sensación de que "todo es lo mismo". La Policía debe ser conducida con la convicción de que es parte central de la solución y no del problema.
Tanto la Argentina como Buenos Aires tienen múltiples desafíos, pero la seguridad -junto a la inflación y la inquietante crisis económica- es un tema prioritario para la gente. No solamente hay que mostrar sensibilidad, sino tener ideas claras y experiencia para abordar las complejidades de un entramado criminal cada vez más sofisticado y una Policía de la Provincia que ha sido castigada sistemáticamente por los adecuados reclamos para mejorar su condición laboral.
No es momento para tibios. Argentina necesita imperiosamente recuperar el orden en el espacio público y en el desarrollo de una agenda de seguridad nacional que permita hacer frente tanto a los desafíos de seguridad global como locales. Y nosotros estamos listos y decididos para volver a hacerlo.