Como cada 8 de octubre se celebra en Argentina el "Día del Trabajador Rural", en recuerdo a la sanción del primer Estatuto del Peón de Campo en 1944. El impulsor de la medida fue Juan Domingo Perón, quien en ese momento se desempeñaba como Secretario de Trabajo. El estatuto fue el primer antecedente legal para encuadrar la actividad de los peones rurales, con normas en defensa del salario, el pago en moneda nacional, descansos obligatorios, alojamiento en mínimas condiciones de higiene, alimentación, provisión de ropa de trabajo, asistencia médico-farmacéutica y vacaciones pagas. En 1980, se derogó; en 2004, se reinstauró y se actualizó; y en 2011, se sancionó un nuevo estatuto mediante la Ley 26.727 de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que se formó en 1988 como Resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación tras la disolución de la FATRE (que nació en 1947).
Estrategias agrarias en tiempos de la Argentina peronista
El agro desempeñaría un papel estratégico en la organización de la campaña electoral de Juan Perón desde 1944 -con la frustrada propuesta de reforma agraria- y cuando asumiera el Gobierno Nacional en 1946 mediante las estrategias que implicaran a las actividades agrarias como parte sustantiva de la redistribución del ingreso, implementada por el Gobierno nacional y popular peronista hasta 1949. Los cambios ocurridos en la coyuntura político-económica internacional promueven modificaciones en las tácticas y el estilo políticos de Juan Perón. Se produce hacia 1949 el cambio de rumbo y con él la vuelta al campo.
La nacionalización de la banca y los depósitos ocurridas en 1946 permitían al Estado -hasta entonces- derivar los recursos obtenidos del IAPI (Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio), que monopoliza el comercio exterior argentino, al sistema de crédito a la producción destinado a la pequeña y mediana industria. Pero luego de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (1949) el oficialismo promovería el crédito de habilitación rural para el amplio espectro social del mundo agrario argentino y no sólo para los pequeños productores. Las renovadas estrategias para el agro dejan al descubierto el perfil más liberal de la economía peronista, trasciende el verticalismo, y el discurso acompaña -desde entonces- a los hechos vinculados con el eslogan de "El campo recuperado por Perón".
Una vez más la Argentina agropecuaria muestra su vigencia y registra cambios y continuidades en el mediano plazo, que trascienden la gestión peronista. Este estudio histórico se propone caracterizar la diversidad de estrategias desplegadas para el agro -más allá de la confrontación Pueblo vs. Oligarquía- que implementara el Estado dirigista, popular, nacionalista y planificador liderado por Juan Perón entre 1946 y 1955. Son sus bases: un ajustado análisis crítico del estado de la cuestión, publicaciones oficiales y fuentes primarias.
Pablo Vernengo, director ejecutivo de Economías Regionales de la CAME, explicó que en 2021 se generó el proyecto de ley 950, en un año electoral, por lo que iba a tener tratamiento, pero esto no salió. "Por eso salió el DNU, porque con la pandemia los incrementos que tuvieron todas las asignaciones de seguridad social fueron muy altas. En pandemia se incorporó mucha gente que tenía planes, quienes no podían tener trabajados registrados, de esta forma ya tenían compatibilidad de planes", explicó. Esto sucedió hasta diciembre de 2021 cuando una resolución del Ministerio de Desarrollo Social, firmada por el exministro Juan Zabaleta, le sacó el beneficio de la Tarjeta Alimentar. Entonces, sucedió que los trabajadores no querían trabajar en blanco, sino hacerlo en negro.
"En junio de este año, el Ministerio de Desarrollo Social levantó la medida y permitió tener la Tarjeta Alimentar asociada, por el asistencialismo que podía tener un trabajo afuera", sostuvo.
El decreto 514 vencía el 31 de este mes. "Con UATRE pedimos que esté la Tarjeta Alimentar, que se haga el cálculo de cuál es el costo fiscal, porque no afectaba tanto. Ahora por suerte salió el decreto. Esperemos que sirva y se difunda bien y les comenten los beneficios: abarca los planes, el 100% de la asignación familiar, y el trabajo registrado que puedan hacer", señaló.
El costo de la incidencia de muchas cosechas que se hacen a mano, no se pueden computar como pérdida, por tanto, resumió que ante esta solución gana el sector privado, el Estado y el trabajador.