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La Guardia Washek prendió fuego una comisaría y tomó a un fiscal de rehén en el Impenetrable chaqueño

La Guardia Washek tomó al fiscal Francisco Morales Bordón de rehén tras la toma de una comisaría en Misión Nueva Pompeya, provincia de Chaco.
150 integrantes de comunidades originarias que responden a la Guardia Washek exigen la destitución del fiscal por la detención de un integrante de la Guardia realizada la última semana tras la desaparición de una persona.
Los manifestantes destruyeron autos, ingresaron a la comisaría y la prendieron fuego.
*Por: Luis Gasulla
A pesar de las promesas de reconvertirse en una Guardia Ambiental, financiada por el gobierno provincial, la Guardia Washek volvió a las rutas, quiso controlar el ingreso y egreso al pueblo El Sauzalito, en el Impenetrable chaqueño, y se volvió a uniformar. Reemplazaron la vestimenta color verde militar para reemplazarlo por un marrón claro aportado por los funcionarios de Jorge Capitanich.
Anteanoche, ingresó una denuncia policial para que intervenga la justicia federal. El propio intendente de El Sauzalito, Alcides Pérez, denunció que un grupo de personas que se dirigían desde el Paraje Tartagal hacia su pueblo, en un tractor con acoplado, lo hacían con “intenciones de tomar el municipio”. Se tuvo que montar un operativo para desviar la circunvalación de vehículos hacia el Paraje Vizcacheral por Ruta 9 a efectos interceptar paso del vehiculo con personas. A las 21:43 de la noche se interceptó el paso de un tractor marca MASEY FERGUSON color rojo, pero no pudieron ver la patente por la oscuridad. Según la denuncia, el tractor llevada un acoplado con 30 personas de la comunidad Wichi liderados por el cacique Mariano González y conducía Washington Andrade.
Querían ingresar a la fuerza por una supuesta deuda de un grupo electrógeno que ofrece el sistema eléctrico al paraje Tartagal y reclamaban mercadería para la escuela rural. Les prometieron que el intendente Pérez los recibiría al día siguiente. En ese momento, cuando emprendían el regreso a su pueblo, los aborígenes, liderados por el cacique González, se toparon con un corte de ruta de la Washek.
Habían instalado una barricada de ramas y palos que obstruían la ruta provincial. Allí estaban 50 personas de la, ahora llamada, Guardia Ambiental, Washek. Según la denuncia, estaban “armados con tonfa, éstos en primera instancia no permitían el paso del móvil policial” que llegó al lugar para evitar un posible enfrentamiento. Media hora después, tras una tensa conversación, aceptaron correrse de la ruta. Cuando el móvil logró ingresar hacia el pueblo, un agente policial fue tomado del chaleco antibalas, empujado y se le notificó a la justicia.
No hubo ninguna detención.
La Guardia Washek volvió a controlar el pueblo y el ingreso al Impenetrable Chaqueño. Periodismo y Punto ha repasado la historia del surgimiento, esplendor y amenazas del Guardia Washek, una fuerza de grupo de choque paramilitar que descree de la Constitución Nacional y de la ley argentina. Lo increíble es que esté financiada por el gobierno local.


Periodismo y Punto repasó el acuerdo firmado el 19 de mayo pasado en la localidad de Saénz Peña entre la Guardia Washek y el gobernador Capitanich. Aquí el documento:

Al firmar ese documento, la Guardia estuvo representada por Ariel Manuel Fabián y Amancio Reynoso quienes fueron acompañados por los abogados Sergio Paulo Pereyra y Kevin Nielsen. La reunión quedó grabada, según consta en el documento. El gobernador, en aquel momento, desistió de la “pretensión punitiva respecto a los hechos investigados”. O sea, fue un pacto de impunidad con los violentos integrantes de la Guardia que habían secuestrado, golpeado y amenazado a jovenes y mujeres de la comunidad indígena local. En el documento, Capitanich se comprometía a la instalación y creación de comisarías, equipamiento policial y control al narcotráfico además de un hospital, capacitación y formación de la comunidad wichi, políticas sociales con sus integrantes, una terminación de un acueducto, entre otros tantos puntos.
Por si fuera poco, prometía tierras para la comunidad. La Guardia se comprometía a dejar el uniforme militar, garantizar la libre circulación de vehículos, abandonar las armas, acatar la Constitución Nacional y la Ley y no promover cortes de ruta.
El acuerdo se terminó esta semana. Nadie cumplió.

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