Para que nuestro auténtico cooperativismo utilice sus posibilidades y sus recursos e identifique áreas de oportunidades productivas o de servicios en la forma más eficiente posible, maximizando sus beneficios (sin intermediarios ni fines de lucro, algo tan propio de su más profunda y única razón de ser); resulta imprescindible desmantelar el aparato burocrático de facto que lo ha mantenido bajo la bota de la inercia dictatorial y derivados del Decreto 20.337 del año 1973 (hace ya 51 años), tolerando por acción u omisión toda suerte de desnaturalizaciones, distorsiones, abusos, corrupciones y escándalos de toda índole y pésima gravitación, pero con la oscura complicidad de las corporaciones del sector.
Indudablemente entonces, sin contar con un marco legal democrático, actualizado, adecuado, apropiado, ágil y simplificado. Es del todo necesario que la aplicación y la administración de la regulación por parte de las autoridades tenga la menor interpretación u omisión discrecional posible, lo que significa que las leyes y los reglamentos deben ser mínimos, permanentes, inmediatos, federales, universales y transparentes.
Con el advenimiento de la gestión del presidente Javier Milei, su gobierno comenzó una profunda transformación de la economía y de la administración pública a fin de que pasara de ser una economía cerrada al comercio internacional -por un Gobierno altamente intervencionista y mercados muy regulados-, a otra, más orientada a los mercados externos y con un Gobierno que reivindica la libertad e impulsa la actividad privada; precisamente en este caso cuando se trata de cooperativas y mutuales como personas jurídicas privadas al estar de los artículos 148, 142 y concordantes del Código Civil y Comercial Argentino.
De modo tal o de tal manera, la desincorporación de empresas paraestatales, la firma de tratados comerciales internacionales reconciliándonos fructíferamente con el mundo, la eliminación de casi la totalidad delos precios controlados y el impulso de la participación del sector privado en la generación de bienes antes reservados al Estado, hacen necesario reformar las regulaciones y eliminarlas restricciones administrativas-burocráticas que representan un freno y una ralentización para la actividad productiva y de servicios al incrementar absurda, ridícula o amañadamente, los tiempos y costos empresarios
La regulación ha sido una de las formas de intervención del Estado más perniciosa para el desarrollo del país, ya que al intervenir las "regla del juego" de la actividad productiva, ha frenado la inversión, ha aumentado el desempleo y, en última instancia, ha reducido el crecimiento dela economía y la flexibilidad para hacer frente a crisis nacionales e internacionales.
Una elevada intervención del Estado, ya sea de forma directa (producción de bienes o recursos primarios) o indirecta (mediante el marco regulatorio y los procedimientos administrativos) continúa siendo uno de los problemas que más afectan y vienen postergando la marcha sana y vigorosa de la economía argentina.
Naturalmente, si el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social en sus sucesivas e ineficientes denominaciones, hubiera funcionado eficaz y regularmente; hoy no lamentaríamos la literal desaparición de cooperativas señeras, verdaderos iconos del subsector de la economía solidaria civil, tanto a nivel urbano como rural.
No hubo educación cooperativa, no se promovió el perfeccionamiento y democratización de la legislación vigente, no se fiscalizó, no se controló ni se sancionó ejemplificadora y disuasivamente; no se implementaron las Cooperativas de Exportación (Ley Nº 23.101) entre tantas pero tantas anomalías y externalidades negativas destacables.
Profundizar la desregulación en todos los sectores en todas las regiones del país es indispensable para el desarrollo económico y social de largo plazo, ya que caso contrario, la inversión o la actividad económica y de servicios tendería a concen