En una jornada que puede considerarse como histórica, en este día lunes 27 de mayo de 2024, se desarrolló en la Sala de Audiencias del Juzgado Federal de Rafaela, la primera audiencia oral y pública desde que comenzara a implementarse -desde el 6 de mayo pasado- el Código Procesal Penal Federal que establece un sistema moderno, desformalizado, oral y ágil, con la investigación exclusivamente a cargo de los y las fiscales. De esta forma, el distrito Rosario (del que forma parte la ciudad de Rafaela) se suma al distrito Salta (que incluye a las provincias de Salta y Jujuy), donde este sistema se aplicó inicialmente a nivel federal hace casi cinco años, a partir del 10 de junio de 2019.
El régimen procesal acusatorio reemplazará, en el distrito Rosario, al denominado “sistema mixto” (regido por el actual Código Procesal Penal de la Nación o CPPN), según el cual los jueces federales alternan su rol de garantizar el respeto del debido proceso penal y juzgar sobre la situación procesal y responsabilidad del imputado, con funciones investigativas propias de quien promueve el ejercicio de la acción penal. Con resabios inquisitivos, ese sistema es el que rige actualmente a nivel federal en la mayor parte del país y, también, para los casos que tramitan ante la justicia nacional.
El nuevo CPPF establece un sistema adversarial, en el que tanto la fiscalía como la defensa esgrimen sus argumentos y elementos de convicción, y los/as juece/zas controlan y deciden, sin involucrarse en la teoría del caso esbozada por las partes.
En este marco, los y las fiscales promueven la acción penal y dirigen de manera exclusiva la investigación penal contra los presuntos autores y partícipes de un hecho delictivo.
La primera
Tal como lo señaláramos, con Diario CASTELLANOS presente en la Sala de Audiencias, la misma fue presidida -de manera remota- por el Juez Federal de la ciudad de Rosario, Dr. Carlos Vera Barros. En la ocasión el fiscal coadyuvante de la Fiscalía Federal de Rafaela, acompañado por su auxiliar Pablo Micheletti, acusaron a Daiana Micaela A., del delito de Transporte de Estupefacientes, al ser detenida el pasado viernes 24 de mayo en un control policial efectuado en la Ruta Provincial Nº 292 S, en cercanías de la localidad de Villa Minetti, departamento Nueve de Julio, cuando se movilizaba junto a otra mujer a bordo de un automóvil Fiat Uno llevando consigo casi un kilogramo de marihuana y la suma de ciento un mil pesos en efectivo ($101.000). Por ello y teniendo en cuenta que el delito imputado inicialmente tiene una pena que va de los cuatro a los quince años de prisión y que además la encartada ya tiene una condena anterior a cuatro años de prisión impuesta por el Juzgado Federal de la ciudad de Santa Fe, bajo la modalidad del arresto domiciliario teniendo en cuenta que es madre de un niño de cuatro años, impuesta el 28 de junio de 2023 con vencimiento el 7 de noviembre de 2026, el fiscal Grimm solicitó al juez que decrete la prisión preventiva por el término de cuarenta días que es cuando finalizaría la Investigación Penal Preparatoria.
La defensa
Por su parte el defensor, Dr. Eduardo Marcelo Cerdá, titular de la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela, al tomar la palabra cuestionó primero el incumplimiento de los plazos de detención de su defendida, señalando que de acuerdo a lo que marca la ley el mismo no debe superar las 72 horas para ser llevada a audiencia y, de acuerdo al momento en que la imputada resultó detenida, dicho plazo vencía este lunes a las 4.15 horas por lo que solicitó la inmediata libertad de la misma, cuestión que fue rechazada por el juez interviniente.
Tras ello y luego del pedido de prisión preventiva efectuado por el fiscal Grimm, el Dr. Cerdá entendió que no existen riesgos procesales; que la mujer tiene un niño de 4 años que cuidar; que se vea la posibilidad de colocarle un dispositivo electrónico y qué, en definitiva, debería ser el Tribunal Oral Federal de Santa Fe que fue quien impuso la morigeración del arresto domiciliario, quien determine si incumplió o no con lo establecido, pidiendo entonces que se le mantenga el arresto domiciliario.
Decisión del Juez
Finalmente y tras escuchar a las partes el Juez Dr. Carlos Vera Barros decidió finalmente imputar a Daiana Micaela A. por el delito de Transporte de Estupefacientes -tal la carátula provisoria escogida por el fiscal-; que sea el Tribunal Oral Federal de Santa Fe quien determine si le revoca por incumplimiento el arresto domiciliario que debía cumplir; y decrtar una prisión preventiva por el término de 30 días mientras continúa la investigación fiscal.
¿Cómo sigue?
La etapa de juicio está a cargo de los jueces con funciones de juicio, que continúan agrupados en tribunales. Las novedades introducidas por el CPPF para esta etapa radican fundamentalmente en una marcada contradicción para introducir información y producir prueba en el contexto de absoluta inmediación del juzgador.
Las partes presentan sus casos mediante la realización de alegatos de apertura, examinan y contraexaminan a los testigos y peritos, y luego de producida la prueba concluyen con un alegato de clausura y petitorios. Luego de la deliberación, los jueces se pronuncian acerca de la inocencia o culpabilidad de las personas acusadas y, si determinan alguna responsabilidad penal en el hecho, de inmediato se realizará un nuevo debate, esta vez para determinar la pena que se impondrá.
Todo el proceso, incluidas las tres fases hasta una hipotética sentencia en juicio (de investigación preliminar, intermedia y de juicio) no puede prolongarse más allá de los 36 meses en total, con el siguiente detalle:
Investigación preliminar: duración máxima de un año, con la posibilidad de habilitar seis meses de prórroga.
Etapa intermedia: hasta 30 días de extensión.
Etapa de juicio oral: hasta cinco meses.
En cuanto a los casos de mayor complejidad, como el narcotráfico o la trata de personas, el CPPF establece la posibilidad de extender cada uno de estos plazos y una potencial duración máxima -para completar todo el proceso- de 6 años.
Además, el CPPF promueve la celebración de acuerdos de colaboración entre el MPF y los imputados, y el uso -en el marco del sistema estrictamente acusatorio- de técnicas especiales en la investigación, como el agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada.
Al mismo tiempo, el nuevo CPPF también dota a los/las fiscales de mayores facultades para disponer de la acción y para arribar a acuerdos de conciliación y reparación integral en casos de menor complejidad, lo que tiende a descomprimir el sistema de administración de justicia penal y, al mismo tiempo, buscar una solución efectiva y pacífica del conflicto.