17.20 La misma venció hace 15 meses y la vía fluvial se sostiene con continuas contrataciones directas; quedó vacante la titularidad del ente que debe hacer la licitación estratégica.
En el Gobierno aseguran que dejarán que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, elija al nuevo responsable del organismo que debe licitar la concesión de la Hidrovía del río Paraná, la “autopista fluvial” que concentra el 80% de las exportaciones del país y permite el ingreso de dólares a la economía. Aunque es estratégico, el contrato está pendiente desde hace más de 15 meses por las continuas demoras administrativas y desacuerdos políticos entre distintos actores interesados. Mientras tanto, el Gobierno sostiene un esquema provisorio de sucesivas contrataciones directas por emergencia -más caras- para sostener los trabajos de dragado que permitan la navegación de los buques.
Cuando armó su equipo, Sergio Massa dejó vacante la silla del presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina) -encargada de confeccionar la nueva concesión- al designar a su titular, Ariel Sujarchuk, como secretario de Economía del Conocimiento en el Ministerio de Economía. Intendente en uso de licencia de Escobar de muy buen vínculo con la vicepresidenta, el Gobierno le había dado refugio a Sujarchuk en ese cargo por recomendación de Massa y de Máximo Kirchner para esquivar la imposibilidad de ser reelecto en su distrito en 2023. Su función fue la de domar el órgano colegiado de la Hidrovía, donde se cruzan fuertemente los intereses de los gobernadores, los ministerios nacionales y el sector exportador.
Sujarchuk renunció a la Ecovina hace una semana, aunque su salida se formalizará recién mañana en el Boletín Oficial. “Al sucesor lo va a proponer Perotti”, aseguró a LA NACION un altísimo funcionario nacional al tanto de las discusiones sobre el futuro de la Hidrovía.
Santa Fe reclama ese lugar desde el día uno, dado que el corazón de la Hidrovía es el cluster agroexportador del Gran Rosario. Cerca de Perotti no quieren brindar detalles sobre las tratativas en marcha, en medio de fuertes presiones de las cerealeras y de las empresas interesadas en la concesión. Todo se enmarca, además, en un clima de diferencias entre los gobernadores involucrados en la traza por el modelo de contratación a seguir.
Una historia de demoras
La Hidrovía se extiende por 1.238 kilómetros entre la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay y el Río de la Plata, sobre una de las vías navegables naturales más largas del mundo. En los tramos críticos, la acumulación de sedimentos obliga al continuo dragado del río, para permitir que naveguen grandes buques. De acuerdo con un informe de la firma Latinconsult, la traza permite la circulación anual de más de 125 millones de toneladas de todo tipo de cargas.
Al inicio de su mandato, Alberto Fernández había prometido que crearía una sociedad del Estado que tendría una participación del 51% por parte del Estado Nacional y un 49% divido en las siete provincias (Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe), para administrar la Hidrovía, percibir los peajes, contratar el dragado y realizar obras complementarias. Pero el plan se modificó.
El Gobierno finalmente se inclinó por elaborar una nueva concesión privada (similar a la de los 90), aunque con mayor control estatal a través del Consejo Federal Hidrovía (CFH), donde tienen silla los gobernadores, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Economía (a través de la secretaría de Desarrollo Productivo).
La situación siempre generó mucha inquietud en los gobernadores involucrados que tienen la expectativa de tener una participación más protagónica en la ruta, por la que pasa buena parte del saldo exportador de la Argentina. En ese ámbito, mientras que Axel Kicillof reclama que el Estado conserve la gestión de la Hidrovía sin entregarle una concesión a las empresas privadas -postura a la que atiende, en parte, Jorge Capitanich (Chaco)- otros gobernadores quieren volver al modelo de concesión que estuvo vigente desde los 90 hasta el año pasado, aunque con mayor injerencia de las provincias.
Durante 25 años, el dragado y balizamiento estuvo en manos de un consorcio privado de dos empresas: grupo EMEPA (de Gabriel Romero) y la belga Jan de Nul. La concesión venció el 30 de abril de 2021, pero el Gobierno no hizo a tiempo para elaborar la nueva licitación. La administración provisoria de la Hidrovía, entonces quedó en manos de la Administración General de Puertos (AGP), dependiente del Ministerio de Transporte, una de las carteras bajo órbita massista.
Pasaron 15 meses y aún no hay un papel, mientras la traza fluvial se sostiene operativa a través de continuas contrataciones directas por emergencia, que encarecen el servicio y no permiten una compulsa de precios de largo aliento, propia de los procesos licitatorios. De hecho, se intentó hacer una “licitación corta” de 180 hasta que estuviera la contratación definitiva, pero terminó desierta por una impugnación de Emepa, una de las firmas interesadas.
Sujarchuk, en tanto, puso en marcha el nuevo ente, que se creó de cero y que funciona en las oficinas del Museo Nacional Ferroviario. Además se realizó un trabajo con universidades para la elaboración de los pliegos que, según llegó a asegurar el intendente en uso de licencia, podrían estar listos para fin de año. Sin embargo, los privados interesados -y también algunos funcionarios- deslizan que la complejidad del contrato más los tironeos políticos hacen poco probable que la nueva concesión sea adjudicada antes de que Fernández termine su mandato. (La Nación)