El acuerdo que el presidente Alberto Fernández firmó con los mandatarios provinciales en diciembre pasado obtuvo media sanción en el Senado y deja sin efecto, por otro año, los topes a las alícuotas de los impuestos provinciales.
"Aumentar la presión fiscal en medio de una crisis económica, laboral y sanitaria sólo agravará la agonía de las Pymes", sostuvo el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Gerardo Díaz Beltrán, y agregó: "Les pedimos a los gobernadores que sean conscientes de la difícil situación que estamos pasando. Más presión fiscal sólo generará mayor desempleo".
La iniciativa ya obtuvo la media sanción en el Senado y fue girada a Diputados. Si el acuerdo se convierte en ley permitirá –nuevamente– a las provincias gravar con Ingresos Brutos las exportaciones y los servicios prestados en el exterior, además de posibilitar la eliminación de los topes establecidos en el acuerdo de 2017 que decrecían año a año. De esta manera, muchas jurisdicciones podrán elevar el monto de este impuesto, que ya de por sí es distorsivo y agrava los costos de toda la cadena.
También elimina topes al impuesto inmobiliario y permite incrementar las alícuotas del impuesto a los Sellos, a la vez que las provincias podrán restablecer los impuestos que algunas aplicaban sobre el salario de los trabajadores.
"Esto puede generar una carga adicional sobre el sector Pyme que ya soporta una presión fiscal de casi el 50% de sus ingresos", aseguró el presidente de CAME, al tiempo que advirtió que el afán recaudatorio de las provincias produce el efecto contrario: mayor desocupación, mayor evasión y menor actividad de la economía regional.
En la Provincia
Más dura fue la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe, que agrupa a los centros comerciales de Rafaela y Sunchales, entre otras localidades. Recordó que el pacto fiscal vigente era "un compromiso de las provincias que desencadenó una serie de medidas de muy lenta y paulatina aplicación tendientes a aliviar de alguna forma la carga impositiva de las Pymes respecto de los tributos provinciales. Las razones por las cuales se suscribió el acuerdo eran la fuerte presión impositiva de las provincias sobre el sector productivo, que estaba siendo golpeado por una cruda crisis económica por la caída del consumo y el crecimiento de la inflación que impactaba fuertemente sobre los ingresos de las familias y el desenvolvimiento económico/comercial del sector".
¿La FECECO se pregunta "qué cambió para dar marcha atrás con todo eso?" Desde aquel momento las cosas CAMBIARON, SÍ, PERO PARA PEOR. Las medidas sanitarias adoptadas para enfrentar la pandemia del Covid-19 multiplicaron las dificultades que miles de Pymes no pudieron soportar y lamentablemente tuvieron que cerrar sus puertas perdiéndose decenas de miles de puestos de trabajo como así también de capital productivo.
Tras expresar su rechazo a "que la solución para los problemas financieros del Estado Nacional y provincial sea una mayor presión impositiva", reclama la entidad santafesina que "ninguno de los compromisos que asumen las partes firmantes de los estados Nacional y Provinciales se menciona el de reducir los gastos de la administración pública, racionalizar el uso de la recaudación fiscal, medidas desde el sector político, insensibles desde todo punto de vista, que acompañen el esfuerzo y sacrificio del sector privado".
El documento de la FECECO finaliza expresando que "desde el sector comercial expresamos nuestro RECHAZO, REPUDIO e INDIGNACIÓN por la actitud de nuestros gobernantes provinciales y nacionales y representantes en el Senado Nacional, quedando a la espera que nuestros diputados nacionales por la provincia tengan la necesaria responsabilidad para no dar lugar que se apruebe tan inconcebible medida".