08.12 Por Martín Lehmann - Esta semana comienza a tratarse en el Concejo Municipal el proyecto del Poder Ejecutivo para declarar la emergencia en seguridad vial. La propuesta firmada por el Intendente Luis Castellano y el Secretario de Gobierno y Participación Jorge Muriel, surge luego de que se conocieran las últimas estadísticas alarmantes en materia de accidentes de tránsito en la ciudad.
En caso de aprobarse, esta ordenanza permitirá al Ejecutivo realizar compras y contrataciones directas de bienes y servicios, sin necesidad de esperar los tiempos habituales de procesos como las licitaciones. En diálogo con Diario CASTELLANOS Muriel explicó que la aceleración de la cantidad de accidentes sumada al contexto económico desfavorable es lo que justifica esta necesidad de contar rápidamente con más recursos tecnológicos, financieros y humanos.
Ante la pregunta de si las contrataciones directas podrían dar lugar a compras poco transparentes, el funcionario aseguró que de ninguna manera están buscando evitar los controles del legislativo y que de hecho están abiertos a que los gastos sean revisados de forma constante por todos los concejales.
También adelantó algunos de los proyectos que se buscan realizar mediante el impulso de la declaración de la emergencia.
El primero se trata de lo que se conoce mundialmente como “zona 30”, un área de la ciudad en la que se reduce la velocidad máxima permitida a 30 kilómetros por hora (actualmente es 40 en calles y 60 en avenidas). La medida hace tiempo viene dando resultados positivos en otras ciudades argentinas como Buenos Aires y del mundo como Madrid o Ámsterdam.
El segundo proyecto está relacionado con desalentar la violación de la luz roja de los semáforos. La posibilidad de adquirir cámaras específicas para este tipo de infracción permitiría labrar fotomultas y desincentivar una práctica común en el tránsito rafaelino.
Según el Observatorio de Seguridad Vial, la tasa de crecimiento interanual (2021-2022) de accidentes de tránsito se triplicó respecto a los períodos anteriores. Esto marca una tendencia preocupante. La realidad argentina muestra que muchas veces los Gobiernos adoptan una actitud permisiva respecto a controlar y sancionar aplicando la ley, para no ser considerados como “los malos de la película”. (Cosa que a los fines electorales podría resultarles desfavorable). Consultado acerca de si esto también se da en Rafaela, Jorge Muriel negó que ocurra actualmente en la ciudad.
Por último quisimos cerrar la entrevista preguntándole al Secretario de Gobierno “¿Quién pierde”? en alusión al nombre de la campaña vigente en seguridad vial.
Sin dudas este proyecto de ordenanza es uno de los temas a seguir de cerca en los próximos días. El debate entre los concejales debería girar en torno a cuestiones de transparencia en los gastos, pero también a si realmente hace falta gastar más dinero público o alcanzaría con utilizar de manera más eficiente los recursos ya existentes. De cualquier forma, habrá que escuchar todas las campanas en pos de que no haya más lesiones y muertes evitables en las calles de Rafaela.