El Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), realizó sendas presentaciones a manera de reclamo formal ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación de la provincia, exigiendo al Gobierno santafesino que se abstenga de obligar a los docentes de escuelas privadas a declarar su adhesión al paro del día 8 de mayo.

Los textos formales llevan las firmas de los titulares de las seccionales Santa Fe y Rosario del Sadop, Pedro Bayúgar y Martín Lucero, respectivamente, y fueron ingresados el viernes pasado en ambas dependencias. Una acción de similares características había llevado adelante el gremio de la docencia pública, Amsafe, en abril pasado, aunque por otras causas: instando a que el gobierno de marcha atrás con el presentismo y otra denunciando el incumplimiento del acta paritaria.

El gremio del magisterio privado denuncia, concretamente, "la utilización de una aplicación virtual (Mi Legajo) que contiene información sensible del personal docente para obligar a los mismos a dejar constancia de la adhesión a la medida de fuerza, imprimiéndole a esta constancia un carácter de declaración jurada, sin presentar ninguna norma respaldatoria que le de entidad".
"Esta acción dispuesta por el gobernador Maximiliano Pullaro, constituye un hecho irregular, arbitrario e ilegal que atenta contra normativas nacionales e internacionales e intenta restringir el derecho a huelga de las y los trabajadores docentes", dice el sindicato en un comunicado.

Las autoridades santafesinas solicitaron que los docentes que no adhirieron al paro del 8 de mayo, debían realizar una declaración jurada online de prestación de servicios a través del portal de gestión educativa, a los fines de que no se les descuente el día y reciban el premio por Asistencia Perfecta, aquellos a quienes correspondía.

"El paro es un derecho constitucional"
Bayúgar consideró en diálogo con El Litoral que esta "es una expresión, denuncia y reclamo sobre la actitud del Gobierno con respecto al paro. Se trata de un derecho constitucional que bajo ningún punto de vista puede ser entorpecido en el ejercicio por la Provincia, mucho menos amenazando con descuentos, que sería como la sanción posteriormente al ejercicio de un derecho".

El sindicalista también señaló que "hay otra cuestión que tiene que ver con Mi Legajo, que es una aplicación donde el ministerio se ha metido sin la debida autorización por parte de cada uno de los docentes. Entonces, reclamamos que cese en esa intervención y la amenaza de los descuentos y se deje en libertad a los trabajadores para ejercer sus derechos".

Prácticas antisindicales
"Como corolario de prácticas antisindicales, el Ministerio de Educación realizó la carga de inasistencias por el paro en el Sarh (Sistema de Administración de Recursos Humanos) incluyendo a una gran cantidad de docentes que no trabajaban el día del paro o tenían menos horas de clases, con el fin de exagerar los montos de los eventuales descuentos. Un acto de total impericia de gestión o de un deliberado abuso de poder", aducen Bayúgar y Lucero.

El Sadop exige finalmente en un comunicado al Gobierno provincial que ponga fin a estas prácticas autoritarias e ilegales que atentan contra los derechos consolidados de la docencia y tome el camino del diálogo a través de la mesa paritaria para dar respuestas concretas a los problemas reales de las y los trabajadores y de la educación en general. (El Litoral)