Más de 100 organizaciones socioambientales de todo el país, entre las cuales hay varias de la provincia de Santa Fe, salieron a manifestar su preocupación por las propuestas que contiene la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (conocida como “Ley Ómnibus”) del gobierno nacional.
Advierten que significan un retroceso en la legislación ambiental construida durante las últimas décadas en la Argentina, sobre todo en materia de protección de bosques, glaciares y cursos de agua.

“El proyecto de ley vulnera el principio de no regresión ambiental, contenido en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566 en plena vigencia y ratificado por nuestro país), dado que los cambios propuestos a la normativa vigente implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados” dice el texto firmado, entre muchas otras, por organizaciones de la región Litoral como Capibara, Guardianes del Yberá y de alcance nacional como Vida Silvestre, Aves Argentinas, Fundación Humedales y FARN.

El pedido de los ambientalistas es que la Cámara de Diputados no haga lugar a las propuestas que buscan reformar la Ley 26.562 de control de actividades de quema, la Ley 26.331 de bosques nativos, la Ley 26.639 de glaciares, la Ley 24.922 del régimen federal de pesca y la reorganización económica de la transición energética.

Manuel Jaramillo, director de la Fundación Vida Silvestre Argentina, remarcó que “el proyecto de ley presentado por el ejecutivo propone avanzar sobre legislación construida de manera participativa entre diversos sectores de la sociedad y en consonancia con lo establecido por la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, es por ello que junto a diversas organizaciones que trabajamos en temas ambientales hemos decidido presentar formalmente nuestro planteo ante la Cámara de Diputados".
Glaciares y bosques, en peligro
En referencia a los cambios que el gobierno de Javier Milei quiere introducir en la Ley de Glaciares, Daniel Blanco, director de la Fundación Humedales, recordó que el artículo 41 de la Constitución afirma que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.
En ese marco, dijo que los glaciares “constituyen una de las reservas de agua más importantes de nuestro país y son imprescindibles para conservar la salud de los humedales, ecosistemas de extremo valor dados los servicios que brindan a la sociedad”.

Las modificaciones propuestas a la Ley 26.639 de Glaciares permitiría la actividad económica en los ambientes periglaciares vulnerando la protección de ambientes que ya están en retroceso y que son centrales como reservorios de agua dulce, y que tienen funciones clave para la adaptación y mitigación al cambio climático y para la regulación hídrica, especialmente en zonas desérticas, no solo para la vida humana, sino para sostener el funcionamiento de los ecosistemas.

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En relación a la protección de los bosques nativos, Milei busca habilitar desmontes hoy prohibidos en las categorías roja (I) y amarilla (II). “De aprobarse el proyecto de ley del PEN, más de 42 millones de hectáreas, cerca del 80% de los bosques nativos de la Argentina hoy bajo protección a perpetuidad, quedarán desprotegidos y a merced de desmontes a gran escala, afectando a su biodiversidad y los beneficios sociales, ambientales y culturales que proveen a las personas”, dice el comunicado.

Por otra parte, las modificaciones desfinancian el presupuesto para la protección de los bosques nativos al eliminar el mínimo planteado por la Ley del 0,3 del presupuesto Nacional y el 2% de las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas y forestales.
Pesca y quemas bajo el signo de la desregulación
El comunicado de las organizaciones socioambientales destaca que las modificaciones propuestas a la Ley 24.922 sobre el Régimen Federal de Pesca “facilitaría una profundización del extractivismo en el mar, con usos que no sigan pautas de conservación ni consideren los impactos sobre la biodiversidad marina”.
De aprobarse las modificaciones, se permitiría el avance sin control ni autorización previa de quemas para desarrollo de infraestructura diversa.

En relación a las modificaciones propuestas a la Ley 26.562 de Control de Actividades de Quema, advierte que agregar a la definición del “aprovechamiento productivo” -entendido como toda actividad que tenga una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno- “permitiría el avance sin control ni autorización previa de quemas para desarrollo de infraestructura diversa, plantaciones, cultivos que no se comercialicen”.

“Por otra parte, si bien el proyecto de ley mantiene la prohibición de actividad de quema sin autorización, establece un plazo de 30 días hábiles para que la autoridad competente responda a la solicitud. En caso de falta de respuesta, se considerará que la quema ha sido autorizada”, aclara el texto firmado por más de 100 organizaciones de la sociedad civil.
El capítulo energético
En la sección del proyecto de ley sobre Transición Energética “lejos está de proponer de qué manera se llevará a cabo la transición hacia una matriz energética más limpia en Argentina, y cuál será la hoja de ruta para cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones a 2030 y carbono neutralidad a 2050 en el marco del Acuerdo de París”.

Por otra parte, la llamada Ley Ómnibus faculta al Poder Ejecutivo Nacional para la asignación de derechos de emisión de GEI (los Gases de Efecto Invernadero) y penalización en caso de incumplimiento.

“Si estas actividades quedan vinculadas al PEN, no queda claro el rol y función de las demás áreas gubernamentales y no gubernamentales competentes en la temática”, alertan los ambientalistas. (Aire Digital)