El escándalo por la presunta contratación irregular de seguros a jubilados bajo la presidencia de Alberto Fernández suma nombres y medidas de prueba. El Gobierno de Javier Milei se presentó este lunes ante los tribunales contra Federico D’Angelo Campos, extitular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Lo acusó de fraude ante la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Horas después, la policía allanó la vivienda de uno de los investigados, el proveedor de seguros Héctor Martínez Sosa. La denuncia, sin embargo, ha dejado afuera al expresidente Fernández, que insiste en su inocencia.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pidió a la Justicia que investigue si D’Angelo “contrató coberturas de seguros utilizando intermediarios injustificados y abonando comisiones en perjuicio del erario público”. La presentación se hizo tras detectar irregularidades en la contratación de los seguros y préstamos que se otorgaron a los jubilados entre finales de 2021 y 2023. Según una nota publicada por el diario Clarín, el negocio fraudulento rondaba los 20.000 millones de pesos anuales (22,5 millones de dólares).

La denuncia gubernamental sobre la supuesta trama de corrupción se limitó a D’Angelo. En la misma causa, sin embargo, la Justicia investiga por una denuncia previa al expresidente Alberto Fernández. “Yo no he robado nada y no he participado de ningún negociado ni autorizando ningún negociado”, se defendió en público el expresidente después de que un fiscal pidiese que se inicie una investigación en su contra.

La palabra final la tendrá la justicia, que ha solicitado ya varias medidas de prueba contra los acusados. La última ha sido el allanamiento a la vivienda del proveedor de seguros Martínez Sosa, esposo de la secretaria histórica de Fernández, María Cantero, y amigo del expresidente. El expresidente no niega el vínculo de amistad, pero desmiente la acusación. “Yo hago de la honestidad un culto”, subrayó Fernández.

Los investigadores buscan determinar si se pagaron sobreprecios y comisiones indebidas y si el exmandatario incumplió sus deberes de funcionario público al firmar un decreto en 2021 que ordenaba a todos los organismos públicos contratar los seguros en Nación Seguros, perteneciente a Banco Nación, una institución del Estado.

El escándalo estalló a raíz de la revisión de las cuentas realizada por el primer titular de la Anses bajo la presidencia de Milei, Osvaldo Giordano. “Anses da créditos a los jubilados. Siempre está la posibilidad de que el jubilado fallezca y ese crédito no se pueda cobrar, y ante eso hay dos alternativas: cobrarles a todos los tomadores de créditos un pequeño porcentaje, hacer un fondo y cubrir las pérdidas, o contratar un seguro de manera directa como se hizo luego del decreto de Alberto Fernández”, dijo Giordano a medios locales. “Había que tomar la decisión de renovar o no y lo que pedí fue hacer una comparación con el costo de volver al esquema anterior de autoseguro, ahí descubrimos que nos costaba menos, que era más eficiente”, señaló Giordano. Las sospechas del nuevo equipo aumentaron cuando se detectaron intermediarios innecesarios para la contratación de esas pólizas que, además, cobraron comisiones por encima de la media del mercado de seguros. (El País)