“La ley Bases de seguridad”: así bautizó la ministra Patricia Bullrich a una serie de propuestas que ya se discuten en la Cámara de Diputados. Mientras continúa el debate por el Régimen Penal Juvenil, el oficialismo se garantizó un apoyo heterogéneo -de los mismos bloques que “la ley Bases de economía”- para avanzar con el dictamen del Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, conocido también como ley Antimafias.
El dictamen se dio a conocer en el plenario de comisiones del pasado miércoles, en donde el proyecto integraba el temario pero, por el énfasis puesto en la discusión sobre la baja de edad de imputabilidad, apenas fue mencionado. “El trabajo previo fue muy positivo y por eso se juntaron tantas firmas, porque se le dedicó mucho tiempo al texto”, indicó la cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO). La ley tipifica el crimen organizado, agrava las penas para los que se consideren miembros de una asociación ilícita y colectiviza condenas a todos los miembros del grupo delictivo: "Será reprimido con la pena que correspondiera al delito más grave cometido por la organización".
El bloque de Unión por la Patria (que firmó dictamen en minoría) expresó los argumentos controversiales: la amplitud de la definición del crimen organizado, la falta de sanción a la connivencia de funcionarios públicos, las potestades brindadas a efectivos federales y el presupuesto que requeriría en infraestructura penitenciaria y en equipamiento de una fuerza especial. "Tenemos intención de debatir los temas de seguridad que creemos que son importantes, pero nos encontramos con los proyectos de Bullrich, que tienen más que ver con un plan de comunicación que con la gestión de la seguridad", sintetizó el chubutense José Glinski (UP) en julio.
Acompañamientos a la ley Antimafias
Entre los acompañamientos en disidencia, aparecen dos diputados cordobeses del bloque de Hacemos Coalición Federal, Juan Brügge y Oscar Agost Carreño, que sin embargo consideran que la iniciativa "constituirá una gran herramienta para combatir las organizaciones criminales que azotan a nuestro país". Su pretensión de modificación recae en el establecimiento de "Zona sujetas a investigación especial", que habilita a fuerzas federales a actuar en jurisdicciones provinciales. “Queremos evitar planteos de inconstitucionalidad que pudieran perjudicar la efectividad de la ley", señalaron desde el entorno de Agost Carreño para este medio.
Por otro lado, aunque lo calificó de “perfectible”, la bonaerense Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) entendió que la iniciativa brindaría “herramientas efectivas y eficaces para que fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad puedan combatir flagelos de la sociedad”. “Sería importante que se establezcan presupuestos para unidades penitenciarias especializadas en donde no pueda penetrar la corrupción de estos grupos de crimen organizado”, sostuvo Su compañera de bloque, Mónica Frade, es una de las que firmó el dictamen de mayoría en disidencia.
Precisamente el financiamiento fue uno de los temas más subrayados por los detractores del proyecto. "Para atacar este tipo de delitos debemos invertir lo necesario", opinó el porteño Nicolás Emma (La Libertad Avanza) en diálogo con este medio, quien consideró que “es público el bastardeo institucional que sufrieron las fuerzas de seguridad en el Gobierno anterior, sin reglas claras, sin materiales y sin elementos esenciales". "Más que cuestiones de números, acá hay cuestiones de procedimientos y trabajo en conjunto. Yo no puedo decirte desde la Cámara de Diputados cuestiones sobre la inversión porque nosotros lo que habilitamos son instrumentos", añadió la diputada Laura Rodríguez Machado.
La diputada cordobesa, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, remarcó que "todos los proyectos, salvo cuando estaban los 'K' que no le modificaban ni una coma, tienen cambios. La verdad es que muchos comentarios enriquecieron el proyecto". En ese mismo sentido, le auguró un futuro positivo a otra de las pretenciosas propuestas que tiene el arco oficialista: “Ahora ingresó el proyecto de Régimen Penal Juvenil y si vos escuchás la comisión pensás que nunca en la vida se va a aprobar, pero después sí se aprueba porque hacemos realmente un trabajo muy detallado, minucioso y técnico".
Ley Antimafias: los puntos principales del proyecto
Dentro de los 16 artículos que componen el proyecto de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, se destacan los siguientes puntos:
- Definición de organización criminal: aquellas asociaciones de tres o más personas que incurran en los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos.
- Otras definiciones de organización criminal: cuando “tiene como fin la provocación de temor a las autoridades ejecutivas, legislativas o judiciales”, cuando "los mecanismos establecidos para hacer cumplir la ley son notoriamente insuficientes para hacer cesar una cadena de hechos delictivos", o cuando "estuviere amenazada por las acciones de miembros de una o más organizaciones con objetivos similares la propiedad inmueble del Estado Nacional".
- Igualdad de condenas para todos los miembros de la organización criminal: cada integrante deberá cumplir la pena máxima correspondiente al delito más grave cometido por cualquier otro miembro de la organización criminal.
- “Zona Sujeta a Investigación Especial”: se establecen mecanismos de actuación de urgencia en territorios que se consideren prioritarios.
- Decomiso anticipado de cualquier bien que "presumiblemente" sea producto de las actividades descriptas en la ley. Aún sin condena, estos bienes pasarán a ser dominio del Estado nacional y provincial que corresponda.
- Facultades de fuerzas federales: en el marco de esta ley, las fuerzas federales pueden detener a una persona hasta por 48 horas para realizar averiguaciones, a la incautación de mercadería, a realización de requisas en establecimientos penitenciarios, a la inmovilización de activos y a la intercepción de "llamados telefónicos, mensajería de redes sociales, plataformas virtuales y otras formas de comunicación".