Con la premisa de que la falencia en la comprensión lectora es uno de los principales problemas de los argentinos, el gobierno de Javier Milei analiza lanzar un plan nacional de alfabetización que alcance a toda la población, más allá de los estudiantes escolarizados.
Los resultados de las pruebas nacionales e internacionales vienen encendiendo las alarmas de las autoridades educativas, y por esto la nueva gestión, que ahora se lleva a cabo desde la secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, trabaja en la ejecución de este ambicioso proyecto. Según explicaron a medios nacionales fuentes del Gobierno, el plan de alfabetización y el uso de la evaluación educativa para la mejora serán las dos prioridades de la secretaría conducida por Carlos Torrendell.
El plan de alfabetización buscará hacer participar no solo al sistema educativo tradicional, sino que también sumarían a organizaciones de la sociedad civil, corporaciones, empresas, clubes e incluso a los medios de comunicación. En cuanto a la financiación del plan, el Estado nacional aportaría una partida, pero se solventaría principalmente con financiamiento de organismos internacionales. También buscarían inversiones de empresas locales y la difusión a través de los medios, con espacio publicitario.
Si bien el Gobierno ya hizo saber cuál es su orientación en materia educativa en la Ley Ómnibus que presentó por estos días –allí establece un examen obligatorio al terminar la escuela y define que los docentes deberán revalidar sus conocimientos cada cinco años–, este plan de alfabetización surge como una iniciativa propia de la Secretaría de Educación, mientras que las reformas del DNU y la Ley Ómnibus fueron preparadas por otras áreas del gobierno. De hecho, según pudo saber Infobae, la secretaría está trabajando en una “fe de erratas” para hacer algunas enmiendas sobre los artículos del proyecto actual.
El plan será uno de los temas principales a tratar en la reunión del Consejo Federal de Educación –que reúne a las autoridades del área de todas las provincias– que tendrá lugar en febrero y durará dos días. Fuentes del gobierno aseguraron que, junto con la iniciativa, se prevé continuar y ampliar la entrega de libros en formato físico. Y explicaron que el plan no prevé trabajar a partir de un único método de alfabetización, sino que habrá “libertad de métodos” (entre aquellos cuya eficacia esté probada).
Según la información a la que pudieron acceder medios nacionales, desde la Secretaría descartan avanzar con el sistema de vouchers y descartan también eliminar la Educación Sexual Integral, como lo planteaba la plataforma electoral de La Libertad Avanza. Sí les preocupa revisar la calidad de los materiales que envía el Estado nacional.
También descartaron la posibilidad de que el Estado utilice la información educativa para armar rankings de escuelas y alentar la competencia entre ellas, aunque la Ley Ómnibus –en su redacción actual– modifica el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional y elimina la prohibición de publicar resultados por escuela. Prefieren, dijeron, la noción de cooperación.
Además, rechazaron que vayan a impulsar el homeschooling, aunque el artículo 550 de la Ley Ómnibus habilita la posibilidad de que, a partir del segundo ciclo del nivel primario (es decir, a partir de cuarto grado), las familias de los estudiantes puedan optar por “estudios a distancia híbridos (sic) como alternativa a la educación presencial”. Por otro lado, aseguraron que se mantendrá la paritaria nacional docente.
En cambio, no tienen una decisión tomada con respecto a Conectar Igualdad y los programas de distribución de dispositivos digitales, dado que consideran que no hay suficiente evidencia para acreditar o desestimar su impacto en los aprendizajes.
También anticiparon que, en caso de que se avanzara efectivamente con la privatización de Educar, la sociedad del Estado de la que depende el Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa, prevén que una parte de sus tareas queden bajo la órbita estatal, para que la Secretaría conserve un plan de educación digital.
Hace diez días, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, se había reunido con los ministros del área de todas las provincias y les había anticipado que tenía como objetivos consolidar el sistema de información educativa y avanzar con un plan de alfabetización, aunque en aquel momento no se conocieron mayores detalles.
En cuanto al plan de alfabetización, la idea sería llevarlo adelante de forma intensa por un lapso de dos años, para lo que contarían con el apoyo principalmente de las universidades, y de hecho varios rectores de establecimientos públicos y privados ya habrían sido contactados y habrían dado el visto bueno.
La decisión es un verdadero desafío, ya que no hay antecedentes de un plan de esta naturaleza, tomando en cuenta además que intentarán llegar a toda la población, incluso aquella que está fuera de los sistemas educativos tradicionales.
Últimamente, las evaluaciones de aprendizaje en las escuelas vienen arrojando resultados desalentadores. En los últimos tres años (desde la vuelta a la presencialidad) se tomaron cuatro pruebas Aprender, tanto en primaria (2021 y 2023, además de la prueba muestral de 2022) como en secundaria (2022).
El Plan Nacional de Evaluación Educativa 2023-2024, aprobado por el Consejo Federal de Educación -que se reunirá en febrero próximo-, prevé que el año que viene el operativo se aplique en secundaria.
La reciente Prueba Aprender, realizada con chicos en primaria, arrojó que la mitad no alcanzan el nivel esperado en Matemática. El 48,5% de los alumnos de sexto grado no logra los aprendizajes necesarios en esta materia, y los resultados empeoraron con respecto a 2021. En cambio, en Lengua sí hubo una mejora tras dos años de presencialidad.
En agosto pasado, y por iniciativa de Argentinos por la Educación, cinco precandidatos presidenciales se comprometieron a garantizar que todos los niños alcancen un nivel adecuado de comprensión lectora en los tres primeros años de la escuela primaria; un acto que fue a la vez una constatación. La escuela hoy no garantiza ese derecho para la totalidad de los alumnos que la transitan.
Por eso un plan como el que prepara la Secretaría de Educación apuntaría a resolver dos aspectos: dentro de la escuela, asegurar la correcta alfabetización de los niños en el primer ciclo de primaria y, fuera de ella, solucionar las falencias en materia de lectocomprensión y expresión escrita con las cuales muchos egresan del sistema educativo. Fuente: Infobae