El último miércoles, la Justicia sorprendió al suspender los artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia que impulsa el presidente de la Nación Javier Milei que hablan sobre una reforma laboral. Esto se dio luego de la presentación judicial abordada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
"Díctase una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Título IV Trabajo del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados", reza el fallo que presentaron los jueces ante el reclamo del gremio de los trabajadores.
En sus páginas, el Decreto apuntaba a modificar leyes laborales relacionadas con la contratación, la jornada laboral, indemnizaciones, actividad sindical, entre otras tantas posturas. Ante esto, Diario CASTELLANOS se puso en contacto con el abogado Andrés Brarda para conocer más en profundidad el porqué de la respuesta de la CGT ante el Decreto.
"El Presidente dicta un Decreto que hoy estaría vigente y que modifica y afecta los derechos de los trabajadores", explicó Brarda. Uno de los aspectos a los que hace mención el entrevistado es el período de prueba. "Actualmente, la Ley de Contrato de Trabajo establece un período de prueba para los trabajadores de tres meses. Este Decreto pretende sustituir o modificar y elevarlo a ocho meses, con los perjuicios que ello significa", señaló.
Brarda entiende que el accionar del Presidente de la Nación va en contra de las tareas del Poder Legislativo, que es quién debe accionar ante estas cuestiones desde el Congreso de la Nación, mientras que los DNU deben ser abordados desde cuestiones excepcionales.
De la misma manera, el abogado fue crítico ante la medida de los cambios que se pretenden modificar en cuanto al trabajo no registrado y la pérdida de derechos de los trabajadores. "Hay un montón de modificaciones que afectan. El financiamiento de los sindicatos afecta el derecho de los trabajadores tanto en forma individual o colectiva, con las relaciones laborales y los plazos", agregó.
El pedido de la CGT
Como se manifestó en párrafos anteriores, la solicitud del gremio de los trabajadores hacia la Cámara Nacional de Apelación era declarar la inconstitucionalidad del Decreto ya que afectaba a los principios básicos del derecho laboral, sobre todo en lo que refiere a los trabajadores.
"La Cámara Nacional, con un criterio que considero lógico, señaló que no existían las circunstancias excepcionales y de necesidad de urgencia invocadas como para saltarse el trámite ante el Congreso de las leyes normales", indicó Brarda.
De esta forma, todas las modificaciones que se establecen en el apartado laboral del DNU impulsado por el Gobierno Nacional, fueron absorbidas por una medida cautelar que suspende el Decreto en tanto las leyes referidas al apartado laboral.
"En nuestra historia no existe ningún caso de un Decreto de Necesidad y Urgencia que modifique más de 300 leyes tan importantes que afectan a un sector tan sensible como el de los trabajadores", sumó el abogado.
Lo que sigue
Una vez ejecutada la apelación, ahora la situación quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. En tanto, el Jefe de Gabinete tendrá diez días a partir de la vigencia del Decreto para enviarlo al Congreso y que sea tratado para posteriormente emitir un dictamen que posteriormente sea aceptado, rechazado o se le apliquen modificaciones.
"Ahora esperamos la labor legislativa de nuestros diputados y senadores. Nosotros, como CGT Rafaela, vamos a solicitar reunión a los legisladores de la Provincia de Santa Fe para que se expresen y opinen sobre el tema", manifestó Andrés Brarda.
Así las cosas, ahora es tiempo de reuniones que permitan llegar a un acuerdo beneficioso para todas las partes.