El Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) alcanzó en julio el 71 por ciento de suba en doce meses. En ese lapso, el ítem Alimentos y bebidas llegó al 70,6%, siendo el de mayor impulso e incidencia sobre la variación general.
Además, según el último informe realizado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política (ISEPCi) de 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) en 900 comercios de 20 distritos del conurbano bonaerense, durante julio los precios aumentaron un 11%, registrando el porcentaje récord de incremento mensual en el año.
Algunos de los alimentos que más aumentaron durante los primeros siete meses del 2022 son las verduras (84,4%), pan y cereales (53,8%), café, té, yerba y cacao (54,7%), leche y lácteos (50,1%) y bebidas alcohólicas (55,8%).

Las propuestas para frenar la inflación en alimentos

En este contexto, integrantes de la Economía Social y Popular reflexionaron en diálogo con ANSOL sobre las iniciativas que el sector propone para frenar la escalada inflacionaria.
Domingo Benso, gerente del grupo mutual y cooperativo Devoto, oriundo de Córdoba, propone apostar por un circuito comercial sin intermediarios: "La inflación puede combatirse a través de las proveedurías, mejorando las compras yendo directamente a las fábricas, así se pueden disminuir los precios al consumidor final. En nuestro pequeño pueblo de 6.890 habitantes, a partir de la apertura de la proveeduría, los precios bajaron aproximadamente un 15% y eso se refleja en el menor costo del consumo de parte de las familias y lo que significa una mejor utilización de los recursos".
Otro referente del sector que enfatizó en la potencialidad del cooperativismo para frenar el aumento constante de los precios alimentarios fue el presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), Federico Tonarelli: "El mejor aporte que hace nuestro movimiento para evitar el desastre inflacionario es producir alimentos de primerísima calidad a precio justo. Lo que se necesita es trabajar de la mano del Estado para armar grandes centros de abastecimiento e impulsar fuertemente aquellos productos de la canasta básica que estén hechos por cooperativas de trabajo".
"El Estado debería, en una alianza muy fuerte con el movimiento cooperativo, generar las condiciones para que los productos de nuestro movimiento lleguen a las mesas de los argentinos sin ningún tipo de inconveniente. Vamos a lograr precios justos, generación de excedente que es distribuido entre los asociados de las cooperativas y que vuelve a ser reinvertido en el país. En definitiva, todo lo contrario a lo que se genera quedando presos de las decisiones políticas y económicas de los grandes formadores de precios", afirmó.
Es el caso de Laura Bitto, referente del Movimiento Popular La Dignidad, opinó sobre el rol que debería asumir el Estado: "La creación de empresas nacionales de alimentos permitiría que el Estado tenga una parte del control de la producción, distribución y comercialización de los alimentos, participando de toda la cadena de valor. Eso no sólo implicaría que obtenga ingresos, sino también que pueda ofrecer un precio de referencia, que hoy está puesto por las grandes corporaciones".
Bitto también apuntó a la necesidad de fortalecer al sector que integra: "Otra alternativa es capitalizar, ampliar y coordinar las redes de producción de alimento que existen desde la Economía Social y Popular, que son muchas y muy exitosas. Esto permitiría poder ofrecer en el mercado alimentos sanos, producidos por trabajadores argentinos a precios razonables. La aplicación de la Ley de Góndolas sería muy favorable para poder incorporar todos los productos de la Economía Popular y Social a las grandes góndolas de supermercados, a precios muchísimos más justos".