09.00 Le enviaron una carta a Alberto Fernández y adelantaron que realizarán una denuncia penal. Comparan el operativo del martes con el episodio en el que murió Rafael Nahuel.

En medio de las repercusiones del desalojo en Villa Mascardi, dirigentes mapuches le pidieron este viernes por carta al Presidente la renuncia de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad. Se trata de referentes del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci) y de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche.

En una carta abierta, los dirigentes se dirigieron al presidente Alberto Fernández para cuestionar el operativo en Villa Mascardi el martes, ordenado por la jueza federal Silvina Domínguez y ejecutado por las fuerzas federales sobre la comunidad Mapuche Lafken Winkul Mapu. Denunciaron el uso de armas letales, que había sido negado por el titular de la cartera de Seguridad, y anunciaron la presentación de una denuncia penal.

“Creemos que esta cacería impulsada por el ministro Aníbal Fernández es violatoria de todos los derechos humanos, culturales, territoriales, de las infancias y de las mujeres que debieran ser respetados en un estado democrático y cuyo incumplimiento y violación nos pone en un marco de Terrorismo de Estado”, afirmaron.

Los dirigentes calificaron el operativo del martes como "espectacular, innecesario y violento" y consideraron que el despliegue posterior de las fuerzas en búsqueda de los hombres que huyeron tiene reminiscencias al mismo que llevó adelante el gobierno de Cambiemos en la zona en 2017, episodio en el que murió Rafael Nahuel. La mención no es causal. El gobierno del Frente de Todos buscaba evitar cualquier comparación con ese hecho.

La carta está firmada por Nehuén Loncoman, que ejerce la presidencia del Codeci, un organismo que gestiona el vínculo entre las comunidades mapuches y tehuelche con el gobierno de Río Negro, según la ley provincial 2287/88. Además, la carta lleva la firma de Orlando Carriqueo, secretario ejecutivo Werken de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche.

Los dirigentes mapuches cuestionaron la versión dada por Aníbal Fernández, quien había asegurado ante los medios de comunicación que se había preparado un operativo sin el uso de armas letales. “El procedimiento de desalojo y cacería de gente mapuche se está desarrollando todavía hoy, 7 de octubre. Tenemos material fotográfico que prueba la presencia de tropas de elite con armas letales y perros”, expresaron.

Según Loncoman y Carriqueño, las imágenes que trascendieron “de tropas desarmadas” fue “una muestra para engañar a la opinión pública de la Argentina”. Indicaron que las acciones de las fuerzas para detener a los hombres que huyeron incluyen desde el martes cortes frecuentes de la ruta 40 para dar paso a “tropas de elite”.

“Este procedimiento ocultado a la opinión pública es lo mismo que sucedió en 2017 cuando el Grupo Especial Albatros ingreso al territorio y mató por la espalda a Rafael Nahuel, crimen aun aberrantemente impune”, expresaron.

Además, Loncoman y Carriqueo señalaron que el operativo desplegado por las fuerzas federales violó derechos humanos de mujeres y niños, el mismo argumento vertido por Elisabeth Gómez Alcorta en su carta de renuncia al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. También indicaron que se atentó contra la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. En particular, apuntaron a las acciones que siguieron al procedimiento con la detención se siete “zomo (mujeres) mapuches siendo una de ellas Machi, autoridad espiritual” del pueblo.

“Las zomo fueron incomunicadas por más de 48 horas, algo determinadamente ilegal. Cuatro de ellas fueron trasladadas en un vuelo nocturno, sin notificación a la defensa y a más de 1500 km de distancia”, señalaron.

Y agregaron: “Los abogados defensores no pudieron asumir la defensa porque las detenidas estaban incomunicadas. tampoco pudieron tener acceso al expediente y no fue comunicado el lugar de detención en Buenos Aires, ni los cargos de la acusación. Todos estos hechos se asemejan a los hechos vividos durante la dictadura militar que asoló la Argentina y dejó un saldo de 30.000 víctimas”.

Exigencias

Además de la renuncia de Aníbal Fernández, Loncoman y Carriqueo le exigieron al Presidente el cese inmediato del operativo en marcha en Villa Mascardi, al que denominan una “Cacería de Mapuche”, y el retiro de las fuerzas del Comando Unificado de Seguridad “con el que han militarizado la zona”.

En esa línea, también solicitaron la “libertad inmediata de las siete mujeres mapuche, “presas políticas del Estado argentino, que se encuentran detenidas ilegalmente, por un proceso judicial viciado de nulidades”.

A su vez, como parte del reclamo territorial, pidieron la “devolución a la Lof Lafken Winkul Mapu de su territorio comunitario, donde se encuentra el Rewe (sitio sagrado ceremonial) de la Machi Betiana Colhuan Nahuel”. Se trata de la activista de la causa mapuche en Villa Mascardi y madre de Betiana Ayelén Colhuan, la machi que tuvo en 2017 la revelación sobre la condición sagrada de esas tierras.

Por otro lado, reclamaron la “inmediata” puesta en marcha de una “Mesa de Diálogo y Discusión Política” con la participación de funcionarios nacionales y provinciales, referentes de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche y del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci), así como miembros de la Universidad de Río Negro, la Universidad del Comahue y actores de la sociedad civil.

La intención, según describieron es poder “abordar los múltiples e históricos conflictos territoriales y la sistemática violación de los Derechos Indígenas y Derechos Humanos en la Provincia de Río Negro". 

“La necesidad del diálogo para poder afrontar los conflictos, es una obligación mayor del Estado después de habernos sometido a un genocidio iniciado en la Campaña del Desierto cuya continuidad de despojo territorial, violencia institucional y racismo llega hasta nuestros días”, afirmaron.

La palabra de Aníbal

El ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, avaló el martes operativo de desalojo en Villa Mascardi. Aseguró entonces que las personas autodenominadas mapuches que tomaron terrenos en esa región cometieron “delitos de usurpación y otros delitos comunes”.

“Entramos sin armas letales”, afirmó en ese momento el funcionario, una versión que los dirigentes mapuches cuestionan con vehemencia. A su vez, destacó la labor de la jueza Silvina Domínguez y la fiscal María Cándida Echepare.

“Queda mucho trabajo por hacer”, añadió. Y agregó: “Tenemos que encontrar la solución” para garantizar el fin de la ocupación ilegal de las tierras en la zona.

Fuente: La Nación