09.37 La destrucción masiva llevada adelante se enmarca en el proceso de recuperación de esta política pública, que en los últimos dos años permitió destruir 40 mil armas y revertir la parálisis propiciada por el Gobierno anterior: durante 2018 y 2019 no se destruyó ni siquiera un arma.

La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) destruyó más de 10 mil armas de fuego provenientes de decomisos realizados por el Poder Judicial y de bajas patrimoniales de fuerzas policiales de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén, La Pampa, Entre Ríos, y del Banco de la Nación Argentina. Con este nuevo lote de armas destruidas se alcanza un número de casi 440.000 armas de fuego destruidas desde el año 2000 y más de 10 toneladas de municiones convencionales.

Las armas de fuego son uno de los principales instrumentos con los que se cometen femicidios: en 1 de cada 4 casos el crimen es ejecutado con un arma de fuego, y 99 de cada 100 usuarios son varones.

En ese sentido, la comisaria de la Division de Operaciones y Contramedidas Armas y Explosivos de la PFA, Maira Loizou, expresó que “para todas nosotras, funcionarias y trabajadoras, que formamos parte de un gobierno que impulsa una agenda de políticas públicas orientadas a reducir las violencias contra las mujeres y diversidades, es muy importante esta acción que realizamos hoy. Este 3 de junio, a 7 años del primer Ni Una Menos, alcanzamos las 40 mil armas destruidas en nuestra gestión y 440.000 armas en los últimos 20 años".

"Estamos reactivando una política interrumpida por el gobierno anterior, destruyendo armas del delito, secuestradas gracias al trabajo articulado con los gobiernos de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén y Santa Fe. Es la realidad concreta de las políticas de control de armas, de prevención de las violencias y la persecución del delito", agregó.

El procedimiento de destrucción se conformó de dos etapas: la primera, llevada a cabo en la sede del Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMaC), donde se efectuaron los controles registrales y notariales correspondientes. Bajo la custodia de la Policía Federal Argentina (PFA), se procedió al traslado de las armas de fuego a la planta de la empresa Scrap Service S.A, donde se procedió a la destrucción por triturado y fundición de las mismas, bajo estrictos protocolos de seguridad. Todo lo actuado fue certificado por parte de la Escribanía General de la Nación.

Las armas de fuego provenientes de las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Entre Ríos, se destruyeron en el marco de la Ley 25.938 de secuestro y decomiso por comisión de delito; mientras que las de La Pampa, Santa Fe y Banco de la Nación Argentina, en el marco de la Ley 20.429 de bajas patrimoniales de dotación de las fuerzas policiales. La mayoría de estas armas han sido decomisadas por el Poder Judicial en el marco de procedimientos de investigaciones judiciales, extraídas de los circuitos ilícitos y de la comisión de diversos delitos, entre ellos hechos de violencia de género.

El secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, en tanto, expresó: “Quiero agradecer al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la PFA que colaboraron en el operativo para poder destruir estas armas de una manera segura. El desarme y destrucción de armas de fuego es una auténtica política del Estado Nacional que no vamos a cesar nunca. Vamos a seguir destruyendo armas extraídas del delito, incluso en estos tiempos de discursos sensacionalistas e irresponsables respecto de la tenencia y portación de armas de fuego. Sacar de circulación un material de por sí violento, permite reducir la gravedad de los conflictos sociales que suceden en nuestra sociedad civil. Además, muchas de las armas destruidas provienen de bajas patrimoniales de las Fuerzas de Seguridad. Esto nos permite destruir materiales vetustos de las dotaciones policiales, para mejorar las condiciones de trabajo de las Fuerzas, dotándolos de armas y equipamientos nuevos y de mejor tecnología”.

Esta política pública, enraizada en la cooperación institucional entre la ANMaC y demás organismos públicos nacionales y provinciales, y consistente en la registración, verificación y destrucción definitiva de armas de fuego, significa quitar a dicho materiales de circulación, evitando, de esa manera, los posibles desvíos de los mercados lícitos hacia los ilícitos.

Con la recuperación y vigencia de esta política pública, la ANMaC persigue el objetivo de contribuir a la política criminal en la materia de armas y explosivos, así como procurar la conformación de espacios de convivencia libres de violencias con uso de armas de fuego, promoviendo la resolución pacífica de los conflictos. (Aire de Santa Fe)