La causa tuvo su inicio a fines del año pasado, cuando apoderados de la reconocida empresa Syngenta Agro, denunciaron haber tomado conocimiento de la venta de fungicidas con etiquetas falsificadas. Según trascendió, se habían detectado publicaciones a través de distintas redes sociales y también Mercadolibre, sobre la venta de productos de esa marca. Tras realizarse algunas compras se pudo certificar que las etiquetas como el producto químico eran apócrifos y potencialmente dañinos para la salud.
La causa recayó en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana a cargo del Dr. Adrián González Charvay, Secretaría Penal del Dr. Diego Sánchez Guzmán, que delegó la investigación a la División Antifraude, especialista en delitos marcarios dentro de la Superintendencia de Investigaciones Federales.
Tras ocho meses de intensas investigaciones, los uniformados siguieron el rastro de los vendedores de productos falsos, logrando articular con la colaboración del Departamento Delitos Ambientales, una compleja investigación interprovincial, donde se llevaron a cabo tareas encubiertas en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Misiones, Tucumán y Salta. De esta manera, se logró individualizar a los miembros de más alta jerarquía de esta organización criminal.
La gran cantidad de pesquisas durante varios meses, permitieron obtener material probatorio para desentrañar a esta poderosa organización que estafaba con sus maniobras a productores agropecuarios de todo el Mercosur. Resultó sumamente destacable en la causa, el intercambio de datos con autoridades y organismos de Bolivia y Brasil, lo que permitió obtener información sobre dicha operación.
A lo largo de la investigación, se pudo determinar que no era una simple organización dedicada a la venta de agroinsumos con etiquetas falsificadas. Además se sospecha que los involucrados incurrían en otros delitos como el denominado de “Bolsa blanca” en cuanto a los granos, utilizando para ello galpones clandestinos, “Venta de IVA” y otros hechos que son materia de investigación.
Asimismo se presume que, en función a algunos elementos recolectados a través de la pesquisa, la organización tendría ramificaciones para comercializar los productos en la República de Bolivia, principalmente en la ciudad de Yacuiba y en menor medida a Brasil, en la zona de la triple frontera. Tratándose este último de un país con complejas prohibiciones en cuanto a los agroquímicos y los productos herbicidas, perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
Más allá de la falsificación de marcas, se está analizando el contenido del material ya que los agroquímicos eran sometidos a técnicas de rebaje o corte, para multiplicar su cantidad y lograr abultadas ganancias en divisas extranjeras, habida cuenta que la venta rondaría entre los 30 y 90 dólares por litro o kilogramo, de acuerdo al producto que se trate.
Como bien es sabido, estos son utilizados para prevenir o controlar cualquier plaga en la época de siembra y cosecha, con lo cual más allá de la falsificación de sus etiquetas, cualquier alteración en el contenido podría tener consecuencias graves sobre la salud y el ambiente. Resultando secundaria las importantes consecuencias monetarias que sufren los productores locales al aplicar estos falsos fungicidas, que no cumplen con los efectos prometidos.
Respecto de los galpones clandestinos utilizados para la maniobra, ninguno contaba con la habilitación correspondiente o recaudo de seguridad e higiene, ni medidas de preservación para el medio ambiente, lo que sería un agravante por la contaminación que podría producir tanto para los sectores del campo, como para la salud de la población.
Finalmente y, tras reunirse una importante cantidad de pruebas, el magistrado interventor ordenó los registros de los puntos detectados, procedimientos que fueron llevados a cabo por los detectives de dicha División con la colaboración del Departamento Delitos Ambientales y de otras cuatro Divisiones Operativas Federales pertenecientes a Salvador Mazza, Salta, San Miguel de Tucumán y Santa Fe.
En los procedimientos se logró la imputación de los miembros más importantes de la organización, permaneciendo en carácter de reservada sus identidades, para la correcta prosecución del procedimiento penal. Como resultado del operativo, se secuestraron más de mil cuatrocientos litros de agroquímicos de distintas calidades, todos ellos de dudosa procedencia y con etiquetas aparentemente de fabricación casera, material que será sometido a distintas pericias con el objeto de establecer la autenticidad de sus etiquetas y si presentan algún tipo de irregularidad perjudicial para la salud.

40 millones de pesos
Se estima que el valor del producto incautado supera los cuarenta millones de pesos. Cabe destacar que la mayoría de los elementos fueron decomisados en zona fronteriza, en la localidad de Profesor Salvador Mazza, por lo que se presume que eran acopiados allí con fines de contrabando.
Esta investigación resulta ser pionera en su tipo y con grandes resultados en lo procedimental, con esta envergadura que se llevaron a cabo en la región y en gran medida habla del nuevo rol investigativo de la Policía Federal Argentina en todo el país.
Por otra parte, como resultado final siete personas fueron imputadas por infracción a la ley 22.362 (Marcas y Designaciones), de quienes sus identidades se mantienen bajo absoluta reserva, dado que no hay dudas que la investigación tendrá otros ribetes vinculados con el contrabando, el delito contra la salud y el medio ambiente.