Lo que aquí se narra bien podría pasar por una elucubración de humor absurdo en la mente de Groucho Marx. Pero no lo es, porque dos cosas son esenciales para que esa clase de humor cause efecto: la capacidad intelectual de discernir según parámetros de lógica básica y la existencia de un marco sociocultural en el que impere, desde lo jurídico, la aceptación de algún definido sentido del deber ser. Cuando una sociedad pierde su sentido del deber ser, lo grotesco se convierte en norma y, por lo tanto, el humor absurdo deja de ser sátira para convertirse en una mera descripción acrítica de la realidad.
Se podría narrar esta historia, que de momento no tiene final, desde el principio o desde el presente, pero quizá convenga narrarla desde un ejercicio contrafáctico, imaginando que lo que se evitó no se hubiera evitado.
Supongamos que estamos en 2017 y en Vaca Muerta, provincia de Neuquén, un grupo de extorsionadores mapuches impide reiteradamente, en Loma Campana, que personal de YPF realice tareas de mantenimiento en dos pozos petroleros. Supongamos también que la empresa, de capital nacional e interés estratégico, pide ayuda al Gobierno Nacional y los funcionarios del área de Seguridad la niegan o dilatan. Supongamos que, no pudiendo realizarse las tareas de mantenimiento, se produce un accidente que se cobra la vida de operarios de YPF y de los mismos ciudadanos argentinos de origen mapuche que impiden las reparaciones, pero que, además, ello causa daño ambiental de proporciones sobre la superficie y por efecto de esa desidia estatal se ponen en riesgo inversiones que significan para la nación argentina un importante recurso estratégico. Supongamos pues, que el empeño destituyente que puso el kirchnerismo para sostener la morbosa mentira sobre la "desaparición forzada" de Santiago Maldonado se potencia con la tragedia ocasionada, ahora sí, por negligencia del Gobierno Nacional.
Que esos sucesos imaginados no ocurrieran no fue por casualidad, sino por la oportuna intervención de funcionarios que cumplieron con su deber previniendo males mayores. Algo que debería ser normal, pero no lo es cuando el incumplimiento de los deberes de funcionario público está a la orden del día en los tres poderes del Estado.
Así resulta que la exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, podría ser llamada a prestar declaración indagatoria en el Juzgado Federal Nº 2 de Neuquén. ¿Qué se le imputa? Haber cumplido con su deber, arbitrando los recaudos necesarios.
La entonces ministra dispuso desplegar elementos de Gendarmería Nacional ante el pedido de YPF, ya que en reiteradas oportunidades el personal de la petrolera, empresa mayoritariamente estatal, venía siendo increpado y amenazado por integrantes de la comunidad mapuche Campo Maripe. La naturaleza violenta de esos actos extorsivos determinó que el personal de YPF se viera forzado a abandonar los pozos, dejando inconclusos indispensables trabajos de mantenimiento, y ocasionando a la empresa considerables pérdidas por factores ajenos a su normal desenvolvimiento. Desde luego el riesgo de pérdidas humanas y daño ambiental que la actividad petrolera conlleva se veía potenciado por ese accionar extorsivo. Pero cuando YPF denunciaba esos actos delictivos, sistemáticamente esas denuncias quedaban en nada, por la inacción deliberada de la fiscal neuquina, quien ha evidenciado tener una doble vara, acusando por una acción gubernamental acertada, pero quizás contraria a su ideología, y no haciendo nada por investigar los delitos perpetrados por esta comunidad mapuche.
Fue ante esa reiterada desatención que YPF solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación la presencia de gendarmes para poder terminar trabajos en dos locaciones petroleras. El territorio sobre el que se encontraban esos pozos pertenece a la provincia de Neuquén. Son tierras fiscales, que la comunidad Campo Maripe pretende propias, pero sobre las que no les fue reconocido ni un solo centímetro por ningún organismo de la administración nacional ni provincial. Por ende, la presencia allí de la Gendarmería no significó ningún allanamiento, pues el acceso lo franquea la propia empresa concesionaria que ejerce legítimamente la posesión de esas tierras.
La paradoja de la acusación es que, muy posiblemente, el rol proactivo de Bullrich contribuyó a disimular la inoperancia de Beute. Y en el colmo de la paradoja, la fiscal que no demostró interés por investigar a la comunidad violenta sostiene que Bullrich incurrió en abuso de autoridad al evitar los males que ella no contribuyó a impedir.
Si en todo contexto debería indignar que sea más fácil no hacer que hacer desde la función pública, la actual escasez de combustibles viene a subrayar la importancia de cuidar nuestras fuentes de suministro. Para reencontrarse con sus aspiraciones de futuro, nuestro país necesita retomar la conciencia de su deber ser.
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