La trama de negocios que unió a la Argentina con Venezuela durante los críticos años del kirchnerismo estuvo signada por la corrupción. Valijas voladoras, fideicomiso bilateral, embajada paralela, opacidad informativa, boliburguesía y empresarios K fueron ejes recurrentes en aquel trasiego pornográfico que medió entre Buenos Aires y Caracas.
Ahora, sin embargo, uno de los capítulos más indignantes de aquella relación bilateral quedó impune. Aludimos a los negocios que el llamado "clan Levy" tejió con funcionarios de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, de la mano del entonces ministro Julio De Vido y de su alfil para Caracas, José María Olazagasti.
Recordemos: el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky instruyó durante más de siete años una investigación sobre Juan José, Carlos Alberto y Alejandro Levy, tres hermanos que cobraron más de USD 282 millones del fideicomiso bilateral, tras venderle productos a Venezuela a precios que superaron los de mercado entre un 47% y un 441%, para luego girar esos fondos a un complejísimo entramado de decenas de sociedades y cuentas offshore. Dos veces los procesó el Juez por el presunto lavado de cientos de millones de dólares y dos veces la cámara del fuero revocó su decisión.
En su extensa resolución, Aguinksy también había decretado los procesamientos de varios colaboradores de los Levy y dispuesto embargos multimillonarios contra todos ellos, además de avanzar sobre la eventual responsabilidad penal de cuatro empresas del clan: Laboratorios Esme, Bleu Tel, Corporación Gulfos y Grupo Núcleo. Pero los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio revocaron esa resolución. Concluyeron que no se constató la existencia de sobreprecios ni que los Levy hubieran perjudicado a los gobiernos de la Argentina o Venezuela, o que hubieran protagonizado maniobras para lavar activos ilícitos, más allá de que regularizaron activos durante el blanqueo que impulsó el gobierno de Mauricio Macri.
En este sentido, los citados camaristas remarcaron que no debía "confundirse sobrefacturación (facturación en exceso respecto de lo en realidad correspondiente) con precios eventualmente altos en la compra", como los que se verificaron en las exportaciones de los Levy a Venezuela. "No cabría sostener que hay una 'sobrevaluación', sino que, en todo caso, se trataría de precios de la mercadería apreciados como elevados", estimaron.
Apoyado en documentación contable, bancaria y societaria local y del exterior, además de documentos internos del grupo Levy, el juez Aguinsky había arribado a otras conclusiones. Había estimado que existían pruebas sobre una presunta trama de corrupción bilateral con varias etapas. La primera, una supuesta defraudación al Estado venezolano; la segunda, el cobro de cientos de millones de dólares, y la tercera, la canalización de esos fondos a través de paraísos fiscales para ocultarlos, ya fuera para evadir fondos o para el pago de retornos a funcionarios.
Los procesamientos de Aguinsky no constituyeron el primer contratiempo de los Levy en los tribunales argentinos o en el circuito financiero local e internacional. Durante la última década acumularon sospechas de al menos tres jueces de dos fueros distintos, de dos cámaras de apelaciones, de dos veedores judiciales, de dos fiscales y de los bancos Galicia, BBVA y Citibank -que cerraron sus cuentas y al menos los dos primeros enviaron reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la unidad antilavado local (UIF)-, en tanto que el FPB Bank de Panamá inició una investigación por presunto lavado.
Los contratiempos se agudizaron para los Levy, en particular, durante el breve período en que se pelearon entre sí y sacaron sus trapitos al sol. Dejaron incluso constancias por escrito sobre el "pago de reintegros y comisiones indebidas". Esto es, coimas a funcionarios argentinos y venezolanos, algo que luego negaron, al igual que intentaron desligarse de todo vínculo con De Vido y su ladero Olazagasti.
Todo eso, y más también, sin embargo, no influyó en la decisión de los camaristas Hornos y Robiglio, que revocaron sus procesamientos, forzando al juez Aguinsky a disponer los sobreseimientos de todos los acusados y a extender un manto de oprobio sobre aquellas operaciones comerciales que esquilmaron las cuentas públicas venezolanas y argentinas.
En ese contexto, solo cabía esperar que el Ministerio Público Fiscal o la Unidad de Información Financiera (UIF) acudieran a la Cámara Federal de Casación Penal para que la máxima instancia penal del país tuviera la oportunidad de fijar las pautas que hubieran permitido, de una vez por todas, avanzar sobre los imputados. Pero no ocurrió. A último momento decidieron no apelar y quedaron firmes los sobreseimientos del clan Levy.
El derrotero de este expediente penal deja en evidencia, con patética claridad, las dificultades que afrontan los investigadores judiciales cuando quieren honrar sus cargos. Dificultades derivadas de la burocracia, de la desidia o, en muchas ocasiones, de las complicidades con el poder de turno. Como resultado, esta vez ganó la impunidad.
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