La decisión fue procesar a la vicepresidenta del Directorio de la empresa "Nesaglio S.A." y dictar la falta de mérito contra la Directora General de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe. Esta última decisión fue apelada por el fiscal federal de Rafaela Gustavo Onel.
El Dr. Marcelo Bailaque, juez subrogante del Juzgado Federal de Rafaela dictó el procesamiento de Norma O. en su carácter de vicepresidente del directorio de la firma “Nesaglo S.A.” y le trabó un embargo por 10 millones de pesos. Asimismo, dictó la falta de mérito para Monica U., quien se desempeña como Directora General de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe. Sin embargo, esta medida fue apelada por la Fiscalía Federal de Rafaela, al entender que la funcionaria obró con “responsabilidad negligente” al no controlar correctamente las actividades del predio.
La medida procesal adoptada por el Juzgado llega luego del pedido del Fiscal Gustavo Onel quien había solicitado el procesamiento de ambas, en el marco de una causa abierta a instancias de la contaminación con plomo ocurrida en la ex fábrica de baterías que funcionó en la ciudad de Ceres y que desencadenó la muerte de una menor de edad y la intoxicación por ese material de la menos otras 20 personas que vivían en ese predio.
La causa se inició a principios del año pasado, a partir de una actuación “de oficio” del Fiscal Onel, luego de que tomara estado público el fallecimiento de la niña, que vivía en el predio junto a su familia y otras personas carenciadas, que se habían instalado en la fábrica abandonada.
En ese momento, se ordenó la clausura definitiva del predio a fin de evitar mayores daños a la salud de las personas, y se llevaron a cabo numerosas medidas de prueba, entre las que cabe destacar informes ambientales, declaraciones testimoniales y amplios peritajes del suelo y el agua de la zona, por intermedio de la División Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina.
En el documento se reveló que las autoridades habían advertido que, si bien la fábrica se encontraba en un evidente estado de abandono, existían restos de materiales e insumos utilizados en la manufactura de baterías, que podrían producir afectaciones a la salud de los residentes del lugar, por lo que había declarado al predio “Zona no apta para ser habitada”.
Para el Fiscal Federal, Norma O. como integrante tanto del directorio como del órgano de administración y representación de la sociedad que controlaba el predio, no se ocupó de un adecuado tratamiento de los elementos que había en el lugar al momento de cerrar. Tal “impericia” desencadenó la contaminación y posterior intoxicación de al menos 20 personas, cuatro de ellas hospitalizadas y, a su vez, una de estas últimas fallecida.
Por su parte, a Mónica U. se le achaca que, en su carácter de funcionaria no controló a la firma en lo que refiere a protección ambiental, siendo que la última evaluación data del año 2013. Incluso, el titular fiscal refiere a informes que demuestran que, desde que la empresa abandonó el predio en 2017, no hubo movimientos administrativos hasta un día después del inicio de esta investigación y la decisión de clausura firmada por la funcionaria llegó cuatro días después de la clausura que ya había sido dispuesta el Juzgado Federal.