Con la aclaración realizada de que existe en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un incidente respecto de si la competencia le corresponde a la Justicia Federal o Provincial, el Fiscal Federal de Rafaela solicitó el procesamiento de Mónica Mabel Ucero, funcionaria provincial y Norma Inés Orellano, en su carácter de vicepresidente del directorio de la firma "Nesaglo S.A."
Tras las consideraciones señaladas precedentemente, entiende el Fiscal Federal de Rafaela, Dr. Gustavo Onel que existe mérito suficiente para decretar el procesamiento de Mónica Mabel Ucero y Norma Inés Orellano en orden a los hechos por los cuales fueran indagadas en fecha 01 de septiembre de 2021, de acuerdo a lo prescripto por el art. 306 y concordantes del C.P.P.N., hechos que encuentran adecuación típica en el art. 56 segundo párrafo Ley 24.051, el cual -en el caso de la funcionaria- concurre en forma ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (arts. 54 y 249 del Código Penal).
Estado de sospecha
Oportunamente, a partir del análisis de la causa, de la documental que obra adjunta y los demás elementos de juicio incorporados en autos, el Ministerio Público Fiscal encontró verificada la existencia de un estado de sospecha suficiente respecto de las nombradas para que sean llamadas a prestar declaración indagatoria, ello conforme los argumentos vertidos en el dictamen de fecha 31/05/2021. En dicho acto se les atribuyó, por un lado a la nombrada Orellano en su carácter de vicepresidente del directorio de la firma "Nesaglo S.A." a la fecha de cierre de la misma (año 2017), y por otro a la aludida Ucero en su calidad de Directora General de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe (desde el 29/12/2017 a la actualidad), que por impericia en el propio arte o profesión la primera y por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas la segunda, habrían contaminado con plomo de modo peligroso para la salud, al menos el agua, el suelo, elementos vegetales y otros elementos sólidos del predio de la firma "Nesaglo S.A.", ubicado en las calles Tucumán y Larrea de la ciudad de Ceres (provincia de Santa Fe), donde funcionaba la fábrica de baterías de la empresa "Cerplac", siendo que a raíz de ello se detectó la presencia de plomo en sangre de al menos veintiún personas, las que habrían recibido los efectos tóxicos de ese metal peligroso, fundamentalmente por inhalación. En ese contexto, entre los meses de enero y febrero de 2021, se detectó plomo en sangre en las personas que residían en el lugar.
Inicio de la causa
La presente causa tuvo su inicio con motivo de la investigación preliminar iniciada por la Fiscalía Federal de Rafaela con fecha 26 de enero de 2.021, al haberse tomado conocimiento a través de diversos medios periodísticos acerca del fallecimiento de una menor de edad de nombre Xiomara Abigail Crespín y la internación de otros menores de edad, como consecuencia de haber detectado plomo en sus organismos, por haber vivido en el predio objeto de la presente ubicado en la localidad de Ceres, y ante la posible existencia de conductas en infracción a la ley 24.051.
Medidas cautelares
Por otro lado, con respecto a la situación cautelar de las imputadas -dice la Fiscalía-, no se verifican en el caso peligros procesales latentes, por lo que en opinión de la Fiscalía, para el caso de dictarse el procesamiento de las nombradas, dicho auto de mérito debe estar acompañado de la imposición de medidas de coerción acordes para asegurar su sometimiento al proceso y evitar el entorpecimiento de la investigación, considerando suficiente las previstas en el inc. "a" (caución juratoria) y "d" (prohibición de salir del país sin autorización previa) del art. 210 del C.P.P.F.; acompañadas del deber de hacer saber todo cambio de domicilio.