La Cámara Federal confirmó los procesamientos y las prisiones preventivas de Lucas Gabriel Nos y Rubén David Moyano, exjefes antinarcóticos de los departamentos Las Colonias y San Jerónimo (respectivamente) que están acusados de brindar protección a un poderoso narco de la región.
El fallo fue firmado por el juez Fernando Lorenzo Barbará, su par Silvina María Andalaf Casiello y la secretaria Valeria María Malgioglio.
De esta forma, le respondieron a Nos y Moyano, quienes habían apelado una resolución emitida en Santa Fe el 18 de agosto, cuando el Juzgado Federal 1 de la capital provincial le dio la razón al fiscal Gustavo Onel, a cargo de la investigación.
Los dos exjefes están siendo investigados como "presuntos coautores del delito de malversación de caudales públicos, en concurso real con el de encubrimiento triplemente agravado, por ser el hecho precedente un delito especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por ser funcionarios públicos, también en calidad de coautores penalmente responsables, ambas figuras en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cada uno de ellos en calidad de autor".
El caso
La causa se inició a mediados de junio pasado, luego de que las autoridades del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación radicaran la denuncia ante la cúpula de la Agencia de Investigación Criminal.
En ese momento, se aportaron siete videos "caseros" en los que se vería a un conocido traficante de la zona interactuando con personal de la brigada, entrando y saliendo de un auto oficial con bolsas llenas de dinero en efectivo. La presunción del fiscal es que el delincuente pagaba una importante suma (cientos de miles de pesos) periódicamente para brindarle protección.
Los procesados fueron detenidos en distintos procedimientos. Nos fue arrestado en dependencias de la AIC de Esperanza y Moyano en su domicilio de la ciudad de Santa Fe. En la oficina de este último, en la ciudad de Coronda, los uniformados incautaron "bochitas" de cocaína que no estaban registradas en ningún procedimiento (aproximadamente 3 gramos).
El protegido
El narco que -según el fiscal Onel- estaba bajo la protección de los jefes policiales procesados es Daniel Segovia, quien aparentemente "bajaba" importantes cantidades de droga en Santa Fe y la repartía en el sector centro-norte de la provincia.
Segovia cayó en desgracia a mediados de año, a raíz de una denuncia de violencia de género radicada por su expareja que desencadenó un allanamiento en su domicilio. Allí, en Castelli al 4300 de la ciudad de Santa Fe, los uniformados no hallaron al supuesto narco pero sí balanzas con restos de cocaína y recortes de marihuana. Además, incautaron numerosos proyectiles de diferentes calibres, una pistola Bersa calibre .22 LR con su cargador y munición, un fusil Mossberg-BA 200 899 calibre .308 camuflado, y una mira telescópica, entre otros elementos.
Según la fiscalía habría demostrado, Moyano se comunicó previamente con Segovia para avisarle que su teléfono estaba "pinchado" (intervenido).
Defensas
Las defensas de Nos y Moyano esgrimieron distintos argumentos a la hora de presentar la apelación, asegurando que las pruebas reunidas por la parte acusadora no eran suficientes para probar la participación de sus clientes en cualquier delito, aún con grado de probabilidad. También sostuvieron que el juez realizó un defectuoso, incompleto y deficiente análisis de las pruebas incorporadas.
Además, Nos aseguró que cuando se cometieron los hechos investigados él se encontraba de licencia y por lo tanto no concurría a su lugar de trabajo. En ese período, habría sido Moyano quien, además de la brigada de Coronda, manejaba temporalmente el departamento de Esperanza.
Para fortalecer esta coartada, los abogados de Nos se apoyan en un "libro de novedades" de la brigada, pero el fiscal Onel también habría detectado irregularidades en ese documento. Concretamente, supone -en base a elementos reunidos- que el libro presentado no es el original, sino una copia que fue elaborada rápidamente para quitar de los registros los "movimientos" que pudieran perjudicar al jefe. Por esta causa, también fue procesada el mes pasado la oficial que tenía a su cargo la escritura de ese archivo.
El funcionario del Ministerio Público Fiscal tendría, además, testimonios que ubican a Nos en distintos procedimientos realizados durante su período de licencia, aunque su nombre no quedó asentado en las actas.
Fallo adverso
En el fallo, el juez Barbará entiende "que los agravios esgrimidos por los apelantes no logran desvirtuar las acertadas apreciaciones que efectuó el Juez de grado al dictar la medida venida para control, en tanto la instrucción se ha nutrido de suficiente prueba para esta etapa del proceso, que da cuenta de la actividad que habrían llevado a cabo los imputados, configurando las conductas antijurídicas que le fueron achacadas".
"La prueba atacada como escasa o poco contundente -agrega-, fue valorada por el magistrado de acuerdo a la sana crítica racional, sin haber observado errores ni fisuras en el iter lógico-jurídico para fundamentar la decisión a la que arribó.
"Es decir, se efectuó un relato de los antecedentes y de los hechos intimados a los encartados, se analizó su calificación legal y se evaluaron los elementos que acreditan su responsabilidad con la probabilidad que la etapa requiere", concluye. (El Litoral)