18.46 La investigación sobre la venta de drogas en Frontera y la ciudad de San Francisco derivó en la condena a integrantes del Clan Gallardo en la ciudad de Santa Fe. La Justicia federal dictó penas de hasta 12 años para 16 personas, la mayoría de las cuales se declaró culpable mediante un procedimiento abreviado. Las condenas fueron impuestas por la jueza María Ivón Vella del Tribunal Oral Federal Nº 1.

La investigación sobre la venta de drogas en Frontera y en la ciudad de San Francisco derivó en la condena a integrantes del denominado "Clan Gallardo" en la ciudad de Santa Fe. La Justicia federal dictó penas de hasta 12 años para 16 personas, la mayoría de las cuales se declaró culpable mediante un procedimiento abreviado.
La causa sobre la operatoria de la banda en el límite con la provincia de Córdoba reveló que la organización se dedicaba a la comercializar cocaína y marihuana en 15 lugares. Trece de los imputados acordaron la sanción con la Fiscalía incluyendo a Peregrino Gallardo, quien recibió la pena más alta. Junto al hermano de Héctor, alias "El Patrón", el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó a su hijo Osvaldo a 10 años y medio de prisión. La resolución firmada por la jueza María Ivon Vella incluye penas de 7 años y medio para Emiliano Cortéz, mientras que Pablo Zalazar, alias "Perro Chocado" recibió 6 años; y Maira y Franco Figueroa deberán purgar 4 años y medio.
Por su parte, Sebastián Miraglio y Cristian Cortéz fueron condenados a 5 años y 5 meses; Héctor Ludueña, Hugo Gallardo y Diego Cuello a 3 años; Alejandro Cabral a 4 años; y Fabián Villegas Linares a 6 años.

Estructura piramidal

Según el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación los 13 acusados que firmaron el abreviado eran "parte de una estructura piramidal con división de roles, con tres estratos establecidos para funcionar como una organización dedicada al comercio de estupefacientes y, en el caso de dos de los imputados, prestar su nombre para dar apariencia lícita a los activos provenientes de esta actividad".
En el caso de quienes quisieron defenderse ante el tribunal que completaron José María Escobar Cello y Luciano Lauría, los imputados Darío Bárcena y Noemí Salinas recibieron una pena de 7 años cada uno y a Hugo Vallejos lo condenaron a 6 años y medio tras las rejas.
Según el informe judicial, en el proceso intervino el fiscal general ante ese tribunal, Martín Suárez Faisal; y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

La pesquisa

La investigación comenzó en diciembre de 2014, luego de que se detectaron puntos de venta de drogas en la ciudad de Frontera a través de una serie de fotografías que personal de la comisaría local tomó de diversos domicilios pertenecientes a los sospechosos, posteriormente identificados por los propios vecinos de la zona y entre los que estaban los de Sebastián Miraglio y Osvaldo "Tuli" Gallardo.
En febrero de 2015 se aportaron más nombres a la investigación y en julio de ese año se recibió una denuncia telefónica en el Ministerio de Seguridad de la Nación en la que se señaló al "Patrón" Gallardo como líder de la organización "narco".
"Esta organización contaba con unos quince kioscos de venta de droga procedente de Paraná y Córdoba, que se acopiaba en una casa quinta camino a la localidad de Josefina, en la que intervenían "Tuli" Gallardo junto con Franco Figueroa y Pablo Zalazar", indicó el MPF. Mientras que en febrero de 2016 se recibió una denuncia que apuntó a "Tuli" y "Tito" Gallardo -sobrino y hermano respectivamente del "Patrón"- como líderes de una organización que traficaba estupefacientes tanto en Frontera como en San Francisco.

Abanico de causas narco

En enero de 2017, la Procunar solicitó que se declarase la conexidad de esta causa con otras investigaciones en curso, entre ellas la relacionada con el doble homicidio con sello narco de Martín Chamorro y Germán Losada, cometido en enero de 2015 en Frontera y por el que Franco Figueroa fue condenado a prisión perpetua. Al avanzar con la pesquisa, y a pedido de la Fiscalía y la PROCUNAR, los ahora condenados fueron detenidos y posteriormente procesados. "La empresa delictiva no sólo contaba con los medios financieros y demás recursos necesarios para funcionar, sino también con una considerable cantidad de personas en forma organizada", sostuvo el tribunal.