En las instalaciones del Colegio de Abogados de la ciudad se llevó adelante una audiencia pública para abordar este preocupante temática que crece de igual forma que avanza la tecnología. En esta oportunidad, varios funcionarios, jueces, fiscales y Defensoría del Pueblo se hicieron presentes para darle una mirada colectiva a esta problemática.

El Observatorio de Víctimas de Delito de la Universidad Austral reconoce que los ciberdelitos y las ciberestafas han aumentado en un 300% en el último año. Indudablemente da cuenta de un gran avance y proliferación de este tipo de hechos delictivos, cuyos mecanismos, herramientas y procedimientos, junto a su marco legal y normativo están muy lejos de las reales necesidades para combatir y mitigar este tipo de acciones.
La audiencia estuvo encabezada por el Fiscal Regional, Diego Vigo; la presidente del Colegio de Abogados de Rafaela, Mabel Eusebio; el Diputado Oscar Martínez, el Juez Federal subrrogante, Marcelo Bailaque; Hernán Camusso instructor de la Defensoría del Pueblo de la delegación Rafaela y Estrella Moreno.
Los presentes reconocieron la necesidad de poder avanzar en esta temática, para lo que se proponen la creación de agencias de ciberseguridad, fiscalías especializadas que cuenten con recursos humanos y tecnológicos necesarios. Sobre todo, se requieren instrumentos que permitan realizar un correcto seguimiento de la "huella digital" que toda persona deja en el ciberespacio.
El Diputado provincial, Oscar Martínez, que encabezó esta audiencia, dialogó previamente con la prensa en el lugar y reconoció que el Estado debe comenzar a "construir las capacidades, para estar a la altura de las circunstancias y poder aprovechar las experiencias de otras provincias y países que han entendido que este tema debe ser abordado", ya que la situación así lo amerita. Existe una gran necesidad de que los poderes del estado "actualicen los mecanismos de protección y de mitigación de los efectos del ciberdelito y la urgencia de construir herramientas para la investigación y la sanción de los ciberdelincuentes".

Iniciativas

En la búsqueda por controlar este tipo de acciones, el Diputado reconoció que las líneas de acción pasan por la instalación, en primera instancia, de una agencia en ciberseguridad. "No sólo para informar a la ciudadanía y alertar sobre nuevas modalidades delictivas por las cuales puede ser atravesados, sino también para evitar que estos ataques se produzcan. Los activos informáticos deben ser resguardados y protegidos para que servicios esenciales no sean afectados".
Por otro lado, Martínes señaló que en lo que respecta en materia investigativa, se deben crear fiscalías especializadas que cuenten con los recursos humanos y tecnológicos. "El Juez Federal de Reconquista nos decía que para llevar adelante una pericia de un celular deben pasar tres meses y medio. Esto no puede suceder, por eso estamos planteando la necesidad de contar con fiscalías especializadas con estos recursos".
Garantizar la huella digital permite encontrar el camino que transita el delincuente para vincularse con la víctima. A través del ciberespacio por medio de internet, que es esencial para poder dilucidar la autoría del caso. Se necesitan equipamiento y personal idóneo para realizar estas labores.

Marcos legales o normativos necesarios

Otro de los temas que fueron abordados son los delitos que hoy no están contemplados por el Código Penal de la Nación como es la difusión de imágenes y audios no consentidos, el ciberacoso, la sustitución de identidad en redes sociales. Si bien no generan una estafa, si un daño moral en las personas.
Martínez reconoció que en lo que responde puntualmente a marco legal o normativo para este tipo de delitos "estamos atrasados respecto a otras provincias que ya cuentan con fiscalías especializadas o agencias de ciberseguridad, como el caso San Luis y Ciudad de Buenos Aires. m Otras provincias han adaptado sus códigos de procedimientos para llevar adelante la pesquisa de la evidencia digital". Todos mecanismos y herramientas con los que hoy la provincia no cuenta.

Principales reclamos

En primer lugar se encuentran las ciberestafas vinculadas al sistema bancario. En las distintas audiencias se ha convocado a representantes locales del Banco de Santa Fe. "Tenemos alrededor de 500 denuncias en la provincia de Santa Fe. Justamente, al ser el agente financiero del Estado, es necesario que en la Provincia se preste especial atención a donde existen responsabilidades, ya que esto es como que si vendiésemos autos sin cinturones de seguridad".
En este sentido, e incluyendo particularmente las estafas bancarias, Martínez reconoció que algunos jueces han empezado a otorgar medidas cautelares para que mientras se decide quién ha sido el autor del ciberdelito o mientras se investiga el dhecho, las personas que fueron estafadas puedan recuperar sus depósitos.
Mientras que en otros casos, algunas provincias han condenado al Banco, ya que el principal deber de una entidad financiera es la custodia de los depósitos. "Si ahora nos preguntamos, ¿por qué invitamos al Banco provincial? Esto es muy simple de responder, ya que es una institución que nuclea obligatoriamente a todos los docentes, personal civil del estado provincial, a médicos, enfermeras, a personal de seguridad, comercios adheridos a Billetera Santa Fe. Es un tema fundamental".
Martínez se refirió también en particular a una vieja creencia que ponderaba que sólo los adultos mayores eran las víctimas predilectas para este tipo de estafas, población de riesgo o quizás con menos conocimientos respecto a este nuevo mundo. Indudablemente esto ha ido mutando con los años y a la fecha no hay alguna distinción puntual en lo que refiere a franja etaria. Todos somos posibles víctimas de ciberdelitos.

El tratamiento del proyecto

"Nuestro objetivo es que todos estos proyectos puedan ser tratados antes de que terminen las sesiones ordinarias para poder dar respuestas. Creo que es muy importante el aporte de todos los que han participado en las audiencias. Creo que vamos a poder avanzar en la agencia de ciberseguridad y en algunas modalidades nuevas que no están reguladas por el código penal y que puedan funcionar en el ámbito del código de faltas y en las modificaciones del código de procedimiento y sobre todo en las fiscalías. En la Fiscalía Regional de Santa Fe ya se ha creado una unidad con dos fiscales especializados, pero a nosotros nos gustaría que puedan estar en todo el territorio provincial, que se cuente con todas las herramientas materiales y personales", finalizó el Diputado provincial, Oscar Martínez.

Foto: D. Camusso