Aquí el documento de la institución gremial municipal:
"La oportunista política de la relación gremial en la Municipalidad de Esperanza: su crisis"
La Municipalidad de Esperanza durante la gestión de la Intendenta Ana María Meiners puso en práctica viejas mañas en la política de la relación gremial. Cuando la Sra Meiners asume la Intendencia sólo había un sindicato, la Asociación del Personal Municipal del Dpto Las Colonias, en unos días finaliza el mandato habiendo causado una profunda descomposición de la relación gremial que herederá la futura gestión. ¿Incomprensión del fenómeno, oportunismo, intencionalidad?, ¿o todo eso junto?. La síntesis pone en evidencia el perjuicio del Principio fundamental de Sana Administración, esto es, en buen romance, que no se garantiza la eficacia en la administración de la Cosa Pública.
El aliento por los funcionarios políticos de la proliferación de entidades gremiales bajo el eufemismo de la libertad sindical sin disimular que respondía a intereses políticos de la administración de los recursos humanos condujo a la crisis actual en la relación gremial, por ejemplo, los concursos de cargos intentados en más de una década de gestión aún no cuentan con autoridad de cosa juzgada por cuanto nuestra organización los ha cuestionado judicialmente por la violación al régimen legal de representación en las Juntas Examinadoras, y con ello su transparencia y eficacia.
Resultado: deja en absoluta inestabilidad de los Agentes que concursaron en cargos de máxima jerarquía. La burocracia municipal queda resentida por la falta de transparencia en el acceso a los cargos jerárquicos. Lastima la legítima expectativa a la carrera escalafonaria de las/os Agentes municipales. Por ende, quedan afectados valores esenciales de la Sana Administración pública: gastos y tiempo, ¡sin resultados efectivos!
La inconfesable, pero evidente, motivación en la conducción de la Administración del personal municipal ha producido una crisis de enfrentamiento entre el personal municipal que obviamente han tomado partido por las diferentes expresiones gremiales por la ostensiblemente sesgada preferencia por el sindicato de Rafaela (Seom) a quien se benefició con groseros privilegios.
Por ejemplo, concediendo licencias gremiales pagas sin que ese gremio tenga la capacidad legal de representación en la Municipalidad; legitima una paritaria salarial en Rafaela, ¡insólito!, desprestigiando al Municipio de Esperanza como cabecera de Departamento. Incumple con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que nuestra organización obtuvo y que ordena a cada municipio negociar colectivamente con su gremio de base.
¡Inédito! es la única Municipalidad de la Provincia de Santa Fe que se muda a una ciudad de otro Departamento, Rafaela, para negociar con el hermano sindicato Seom paritaria para el personal de Esperanza, ¿No será mucho?, ¿alguna factura?, o, ¿por qué tanta baja autoestima?
Resultado: personal precarizado, salarios de pobreza, carrera escalafonaria interrumpida, aplicación de normas laborales del siglo pasado con derechos sin actualizar, autoridad vaciada, etc. Otra vez, aparecen afectados valores esenciales de la Sana Administración pública: gastos y tiempo, ¡sin resultados efectivos!
Esta nociva práctica de una política de relaciones gremiales generó las condiciones en torno a las disputas entre dirigentes gremiales de extraña jurisdicción (léase Seom y Festram) para que adopten al Municipio de Esperanza, único caso en la Provincia, como campo de lucha de facciones que no sólo debilitan la genuina lucha gremial sino que, en última instancia, impacta en el normal desarrollo de la administración y que nuestra organización observa con preocupación el “desconcierto o pasividad” en poner coto a semejante desaguisado, pues, tristemente el final de esta gestión aparece consumida por sus oportunistas decisiones, en lo que nos concierne a los Agentes municipales, en una anarquía de gestión política en la relación gremial, o, mejor dicho, en una política de “todo vale” mientras nos sirva a nuestro “interés partidario” que a la luz de los hechos se traduce en una vulneración del Principio de la Sana Administración que es lo mismo que decir el interés público.