08.13 La presidenta constitucional Isabel Martínez de Perón fue quien firmó el decreto para «ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán».
Cabe señalar, que la expresión «decretos de aniquilamiento» suele ser utilizada para referirse a cuatro decretos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina en 1975, durante el gobierno constitucional peronista de María Estela Martínez de Perón, con el fin de organizar las fuerzas militares y de seguridad para combatir contra las organizaciones guerrilleras que actuaban por entonces en el país. Solo dos de ellos, el primero limitado a la provincia de Tucumán, y el último con alcance nacional, establecen expresamente la orden de «aniquilar el accionar de los elementos subversivos».
Esta decisión se da a partir de una seguidilla imparable de secuestros y crímenes de hombres de negocios y dirigentes, donde el 6 de febrero de 1975 la presidenta y su gabinete firmaron el decreto “S” 261, para que el Ejército ejecute el Operativo Independencia y neutralizar el accionar del ERP en la provincia de Tucumán
Primer Decreto
El primer decreto llevó la firma de la presidenta María Estela Martínez de Perón y sus ministros, y se dictó el 5 de febrero para dar inicio al Operativo Independencia, generado para combatir el foco insurreccional establecido en la Provincia de Tucumán. Los tres restantes decretos fueron dictados el 6 de octubre y firmados por el presidente provisional del Senado en ejercicio del Poder Ejecutivo por licencia de la presidenta María Estela Martínez de Perón, Ítalo Luder y los ministros, y tuvo como objetivo establecer las instancias institucionales para conducir la «lucha contra la subversión», mediante la constitución del Consejo de Seguridad Interna, por el Presidente de la Nación.
En ese violento contexto, las Fuerzas Armadas y los grupos policiales y parapoliciales, se valieron de los decretos para militarizar el país y utilizar medidas de terrorismo de Estado sin control judicial, contra las organizaciones guerrilleras y también contra activistas políticos, sindicales, estudiantiles, religiosos, comunitarios y de derechos humanos. Muchos de los militares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos luego de 1975, invocaron sin éxito los decretos de aniquilamiento como una orden del Poder Ejecutivo constitucional, para proceder a la tortura, secuestro y ejecución sin juicio de personas.
Los llamados decretos de aniquilamiento y la manera en que fueron aplicados se consideran un antecedente inmediato y directo del golpe de Estado de 1976. Una vez instalada la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, se dictó la Orden Secreta del 17 de diciembre de 1976, eliminando la orden de «neutralizar y/o aniquilar el accionar» subversivo, para precisar que la orden era «aniquilar a los delincuentes subversivos».
El primer decreto es el Decreto 261/75 del 5 de febrero de 1975. El mismo está firmado por la presidenta María Estela Martínez de Perón que, en su condición de vicepresidente electa, había reemplazado al presidente Juan Domingo Perón, fallecido el año anterior.
En un contexto de alta violencia política, el decreto tuvo como objetivo tomar medidas militares para combatir el accionar insurreccional del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en la norteña Provincia de Tucumán, región en la que el ERP se había instalado desde mediados de 1974, por medio de la Compañía Ramón Rosa Jiménez, controlando para entonces un tercio del territorio provincial, principalmente en la zona de Monteros, con el objetivo inmediato de generar una zona liberada que pudiera ser reconocida internacionalmente.
El artículo primero del Decreto establece el objetivo principal del mismo, ordenando al Ejército actuar militarmente en Tucumán con el fin de «neutralizar y/o aniquilar el accionar» subversivo:
El Decreto ordena también a la Policía Federal ponerse bajo el mando del Ejército y solicita al Gobierno de la provincia de Tucumán, hacer lo mismo con la policía provincial.
Los firmantes del Decreto fueron María Estela de Perón, Alberto L. Rocamora (ministro del Interior e interino de Justicia), Oscar Ivanissevich (ministro de Educación), Alberto J. Vignes (ministro de Relaciones Exteriores y Culto), Adolfo M. Savino (ministro de Defensa), José López Rega (ministro de Bienestar Social), Alfredo Gómez Morales (ministro de Economía) y Ricardo Otero (ministro de Trabajo).
Esta operación del Ejército Argentino en la Provincia de Tucumán se denominó Operativo Independencia. Durante su desarrollo el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina, las fuerzas policiales y el grupo parapolicial Triple A, no solo actuaron militarmente sobre los combatientes del ERP, al que se sumaron en 1975 combatientes de la organización guerrillera Montoneros, sino también sobre militantes sindicales, de los partidos políticos legales, recurriendo asimismo al uso generalizado de la tortura y el asesinato. Los jefes militares del Operativo Independencia desarrollado bajo el Decreto 261/75 fueron los generales Acdel Vilas, primero, que fuera reemplazado por Antonio Domingo Bussi en diciembre de 1975. Este último fue juzgado y condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en la provincia de Tucumán.