Por Ignacio Mántaras (Presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe). Es habitual que al finalizar el año se realice el ejercicio de evaluar el período transcurrido a modo de balance y desde la Sociedad Rural de Santa Fe podemos decir que finaliza un año complejo para el campo, donde se limitaron exportaciones de granos y carnes, se cambiaron las reglas en biocombustibles, y el Gobierno Nacional estuvo vacilante en torno al modelo que se adoptará para Hidrovía Paraná-Paraguay.

Podríamos desarrollar diversas conjeturas para comprender por qué en un país como el nuestro, donde la actividad agropecuaria ha sido la columna vertebral de nuestro desarrollo, los gobiernos arremeten contra la misma frustrando realidades más promisorias que las actuales.

Algunos dirán que las políticas contra el campo tienen motivos ideológicos, pero vemos en los países vecinos que a pesar de oscilar entre gobiernos de derecha o de izquierda se han consolidado consensos en torno a factores identificados como motores de desarrollo que transformados en políticas de estado han sido el sustento de un presente más auspicioso del que tenían décadas pasadas.

Probablemente debajo del barniz ideológico subyacen motivaciones más concretas vinculadas a la concentración de los recursos que provincias transfieren a Nación, junto a una centralización del poder político en desmedro de los ciudadanos provincianos desamparados ante políticos que suelen poner más esmero en la defensa de intereses partidarios que en el mandato encomendado.

En la mayoría de los países no se castiga al que exporta y sin embargo aquí se ataca a quien aporta 7 de cada 10 dólares que ingresan. Los derechos de exportación son tributos distorsivos que restan competitividad, que percibe la Nación de manera directa y que no se coparticipan. Cuando la Nación aumenta derechos de exportación sobre bienes que produce el agro no está perjudicando solamente a los productores, está menoscabando los intereses de todos los santafesinos que vemos como los recursos que se generan en este suelo los capta la Nación para aplicarlos a su discrecional criterio, bajo la mirada distraída de nuestros representantes locales.

Los recursos que se transfieren desde provincias como Santa Fe a la Nación para alimentar un Estado gigante e ineficiente y la concentración de poder político por la relación de dependencia económica que las provincias vienen asimilando frente al poder central hacen a la cuestión del federalismo, por cierto en crisis.

Podría suceder que a mayor transferencia de recursos de una provincia a la Nación, más obras públicas y mejores servicios. No es así y Santa Fe, sin importar el color político de sus autoridades, ha sido discriminada al momento de asignársele recursos. Los santafesinos nos merecemos obras, no destrato.

Asimismo, cualquier contribuyente puede suponer que a mayor presión impositiva, mayor cantidad de servicios y de mejor calidad. Por el contrario tenemos estados macrocefálicos e incompetentes, lo que ha quedado al desnudo con la pandemia.

Un Estado incompetente no es inocuo. Tenemos una sociedad fracturada, con índices de pobreza e indigencia vergonzosos, atravesando una crisis social, económica, moral, e institucional que nos urge abordar.

Nuestra entidad se ha destacado por bregar por temas que exceden a lo sectorial, somos hombres de campo y somos ciudadanos. Las entidades intermedias tenemos un rol trascendental y debemos adaptarnos a los nuevos tiempos para incidir en políticas públicas de manera efectiva, ya que el ser políticamente correctos no es suficiente.

Las entidades debemos salir de nuestra zona de confort institucional y hablar frontalmente de temas que no hacen a nuestra agenda inmediata, pero hacen a la institucionalidad, que está en crisis, y será tarea de las entidades procurar que el deterioro no sea mayor.

La construcción de una Argentina posible, será tarea de todos. (El Litoral)