Las retenciones han mostrado claramente que van en contramano con un círculo virtuoso de la producción, ya que lejos de promover un ambiente favorable para el crecimiento del sector agrícola, limita las hectáreas sembradas, ahoga a los productores con márgenes ínfimos o negativos y ponen en peligro la viabilidad de sus actividades y hasta el sostenimiento de sus tierras.

En el caso específico del trigo, el 12% que se deja el Estado en concepto de derechos de exportación estrangula de muerte la rentabilidad de los productores, ya que se suma a una cuenta vampiro de erogaciones que se chupa toda posibilidad de ganancia.

En esa larga lista de costos deben merituarse los gastos de comercialización, semillas, fitosanitarios, fertilizantes, labores, seguros, ellos sin contar el aspecto impositivo presente en todos los eslabones de la cadena. Juntos, sumados a las retenciones, definen un combo explosivo que provocaría una cosecha de quebranto y una consecuente caída en la inversión en tecnología y en la calidad de los cultivos, afectando no sólo a los agricultores, sino también repercutiendo en toda la cadena de valor.

En este análisis no puede obviarse el contexto nacional e internacional. En él deben sopesarse el bajo precio del trigo a nivel mundial, el alto costo de los fertilizantes y la relación de éste con el cultivo, los montos de arrendamiento, entre otros factores que hoy ensombrecen la campaña a punto de iniciarse.

Hoy, todos los estudios serios dan cuenta que, con rindes promedios, la próxima campaña de trigo dejaría a los productores con campo propio -y en el mejor de los casos- con saldos que sólo alcanzarían para cubrir los costos y, para aquellos que siembran en campo arrendado, los números serían definitivamente negativos.

Ante semejante panorama, resulta fundamental reconocer que las retenciones no sólo impactan negativamente en el sector agropecuario, sino que también obstaculizan el desarrollo económico y social de nuestras comunidades rurales. Al desincentivar la producción y la inversión, estas políticas están frenando el crecimiento económico y perpetuando la desigualdad en nuestro país.

Instamos a las autoridades a revisar urgentemente estas políticas y a trabajar en la implementación de medidas que promuevan un ambiente propicio para el desarrollo de la producción triguera, y donde, la eliminación de los derechos de exportación, debiera ser la primera de ellas. (CRA)