Mientras en la Cámara de Diputados de la Nación, las comisiones siguen debatiendo el proyecto de ley ómnibus presentado por el presidente Javier Milei, las provincias y el sector productivo siguen presionando para que modificar el esquema de retenciones propuestas para la producción primaria y sus derivados.

El artículo 202 de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos establece en un 33% la alícuota del derecho de exportación para todos los subproductos de la soja actualmente alcanzados por una alícuota del 31%. El Poder Ejecutivo Nacional identificará las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur comprendidas en el presente artículo”. Según el proyecto, el resto de los cereales, como el trigo y el maíz, pagarán un 15% de derechos de exportación, al igual que el girasol. El sector vitivinícola seguirá con retenciones del 8%, mientras que se mantendrá la vigencia de los derechos de exportación actualmente vigentes para los hidrocarburos y la minería.

Las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación siguen debatiendo el proyecto de ley ómnibus presentado por el presidente Javier Milei.En total, 18 productos quedarán con 0% de retenciones: olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteos, frutícola (excluido limón), hortícola, porotos, papa, ajo, garbanzo, arveja, lenteja, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana. Apenas se conocieron detalles del esquema planteado por el gobierno, la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) advirtió que el aumento de las retenciones previsto en la "ley ómnibus" que presentó el Gobierno, va a provocar "menor inversión, menor empleo y más concentración de la producción". Un análisis costo-beneficio de los derechos de exportación que realizó esa entidad arrojó que, para muchas actividades productivas, en particular de las economías regionales, esta nueva presión tributaria "perjudicaría notoriamente a los productores, y el beneficio a obtener por el fisco nacional es escaso". Los casos más complicados -según CRA- son los vinos, el algodón, la carne ovina, el aceite esencial de limón, el tabaco, la cadena forestal, la cadena avícola, la cadena porcina, la floricultura, la mandioca, las aromáticas y especias e incluso algunas producciones regionales menores, como por ejemplo semillas de chía, sésamo, poroto mung, cártamo y pisingallo. "La persistencia de las retenciones implica una apropiación adicional del Estado Nacional sobre la facturación de los productores, que son quienes soportan el impuesto, pues los exportadores lo trasladan al precio interno final pagado. Por eso es imprescindible eliminarlas", se quejó la entidad, en un comunicado.

Por su parte, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresó su "profunda preocupación y rechazo" a la suba de retenciones que está incluida en el proyecto de ley ómnibus. "El CAA reitera que este tipo de proyectos con subas de derechos de exportación son contradictorios con la generación de empleo, producción y exportaciones que ha expresado el Gobierno", sostuvo la entidad. Además, señaló que si bien se comparte la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal, ese objetivo "no sucederá aumentando impuestos a economías regionales agroindustriales y otras cadenas de valor agroindustriales exportadoras como carnes, pesca, complejo industrial de la soja y del trigo, entre otros". "El Gobierno entrante anunció en su campaña que iba a eliminar la facultad del Poder Ejecutivo de imponer derechos de exportación y que procedería a no imponer este tipo de impuestos", advirtió CAA en un comunicado. A su vez, los bodegueros agrupados en Bodegas de Argentina emitieron un comunicado donde expresan la preocupación de sus asociados a raíz de los recientes anuncios de aplicación de retenciones del 8% a las exportaciones de sus productos. “Aplicar, derechos de exportación al vino, cualquiera sea su valor, tornan al negocio inviable y genera impacto socio económico negativo”, indicaron desde la cámara empresaria que nuclea a más de 200 bodegas y empresas proveedoras del sector vitivinícola.

De esta manera se suman al rechazo de la reimplementación, tras cuatro meses sin retenciones, de los derechos de exportación como ya lo han expresado también otros organismos del sector como Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM). Desde el sector remarcaron que Argentina paga en promedio 5% de aranceles para acceder a los mercados como consecuencia de la falta de acuerdos internacionales. Además, la situación del sector es crítica por la baja competitividad del negocio del último año, que se reflejó en una caída histórica de exportaciones de 27% en volumen y 17% en facturación, perdiendo mercados que necesitaron de inversión y tiempo para su desarrollo. Si bien no desconocen que la devaluación y el tipo de liquidación 80% al cambio oficial y 20% al financiero fue una mejora competitiva del 20% respecto del sistema vigente previo a las elecciones, esa mejora baja automáticamente al 12% con la aplicación del 8% de retenciones. Por otra parte, la otra cara de la devaluación fue en las importaciones donde impactó el mismo 100 % de devaluación y además el aumento del Impuesto País de 10 puntos porcentuales llevándolo del 7,5% al 17.5%. “Como consecuencia, los proveedores de los insumos más importante han comunicado incrementos del orden del 60%”, describieron la situación de las últimas semanas.

También relativizaron la mejoría para las arcas del estado con la recaudación en comparación con el golpe al sector: "Representan 60 millones de dólares de costo fiscal. Suma de bajo impacto para las arcas nacionales, pero es cercano al monto que las bodegas gastan en acciones de promoción y publicidad en los mercados en los que están presentes", compararon. Consecuentemente, la nueva presión fiscal, genera una baja en la competitividad de las exportaciones, profundizando la caída de las ya diezmadas ventas al exterior con el consecuente incremento de existencias de vinos y disminuciones en los precios de las materias primas. Lo que también pone en riesgo empleos. Por lo expuesto, el comunicado finaliza con el pedido de Bodegas de Argentina a las autoridades nacionales a rever la medida, a los gobernadores con desarrollo vitivinícola a ilustrar la situación frente a quien corresponda y a los legisladores nacionales a no apoyar las retenciones a las exportaciones de vinos, si se da la instancia correspondiente.

Las gestiones del gobierno de Santa Fe

El gobierno de Santa Fe realizó intensas gestiones ante la administración nacional para intentar modificar el esquema planteado sobre retenciones. Además de mantener encuentros con funcionarios nacionales –Guillermo Francos, por ejemplo- tuvo encuentros con sectores productivos de la provincia. El trabajo fue en conjunto con la provincia de Chaco.

En diálogo con AIRE, el ministro de la Producción, Gustavo Puccini, explicó que “desde que el gobierno envió al Congreso la ley ómnibus pusimos la alerta en lo que tiene que ver con las retenciones a la producción. Entendemos que los impuestos a la producción perjudican, es como ponerle la pata a la producción”. Además, señaló que les acercaron a los funcionarios informes con datos precisos sobre el impacto que tienen las retenciones en el complejo productivo. A raíz de las negociaciones con el gobierno de Milei, se lograron algunas consideraciones al respecto:

sector lácteo: 0% de retenciones

se corrigió la nomenclatura para que el maíz pisingallo y que sea tomado como una economía regional: 0%

las legumbres, el arroz, el cuero bobino y la miel, fueron consideradas economías regionales: 0%.

“El gobierno escuchó la información que llevamos, con otras provincias y fueron consideradas para que no se aumenten las retenciones”, precisó Puccini, quien agregó: “Llevamos la preocupación por otras economías regionales, como el algodón, que quieren pasarla del 5% al 15%”. El titular de la cartera productiva provincial admitió que preocupa el sector de la maquinaria agrícola. “Con estas retenciones pueden suceder varias cosas. Primero, sacarte del mercado y eso genera menos recaudación. Otras de las cuestiones que perjudica es que perder margen de rentabilidad te hace perder estrategias internacionales como el financiamiento”, dijo. En la misma línea, Puccini advirtió que “las retenciones a la producción generan que el sector deje de reinvertir el capital en tecnología de innovación que permite mantener la competitividad en el mercado internacional”.

Dato

Según el gobierno de Santa Fe, el diferencial que aplica la provincia aportaría por parte del sector agroexportador unos 200 millones y el sector industrial unos 100 millones, es decir, entre ambos, 300 millones al año. “No sería tanto lo que recaudaría el gobierno y a nosotros nos perjudicaría mucho”, reconoció el ministro de la Producción. Además, desde la cartera se gestionan mejoras para el sector del algodón, de la harina y el aceite de soja. (Aire Digital)