Por Nicolás Bordón.- El conflicto que atraviesa actualmente el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) no puede entenderse sólo como una puja sectorial. Las versiones de una posible fusión con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y las declaraciones sobre el peso presupuestario del INTA en las arcas fiscales, por parte del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, desató una ola de preocupación en trabajadores, técnicos y especialistas. Pero el trasfondo del debate involucra una cuestión más profunda: la función del Estado en la construcción de soberanía tecnológica y capital social.
Desde una mirada sociológica, el INTI representa una de las formas más concretas de Estado activo, entendido como aquel que interviene en la economía a través de instituciones técnicas especializadas, capaces de generar conocimiento aplicado acompañar procesos productivos y democratizar el acceso a la innovación. Al reducir su capacidad de acción, se compromete el tejido institucional que sostiene al entramado productivo, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que dependen del acompañamiento técnico y normativo del instituto.
Tecnología y desarrollo: el rol del Estado como articulador
Entre las distintas lecturas que pueden echar luz sobre el entramado de esta problemática, se encuentran los planteos de Maristella Svampa en su obra “El desarrollo en disputa” (2019). Allí, la socióloga argentina ha analizado cómo los modelos de desarrollo en América Latina dependen de la orientación política de las instituciones estatales; entendiendo que “sin un Estado que oriente estratégicamente la investigación aplicada, lo que se impone es la lógica del mercado, que deja fuera a los sectores menos rentables pero más necesarios para la cohesión territorial y la seguridad alimentaria”. En este sentido, tanto el INTA como el INTI cumplen justamente ese rol: llegar donde el mercado no llega, transfiriendo tecnología a productores de menor escala y pymes, con criterios de equidad regional. Desmantelar estas instituciones implica ceder soberanía productiva en áreas críticas como la alimentación, la industria y la ciencia.
Por otro lado, desde una mirada estructural, el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos advierte sobre el vaciamiento de los bienes públicos en nombre de la eficiencia neoliberal. En su obra La universidad en el siglo XXI (2005), plantea que “el conocimiento no puede ser tratado como mercancía sin poner en riesgo la democracia misma, ya que el acceso a él es condición para la ciudadanía plena”. Los institutos públicos como el INTA y el INTI no sólo generan innovación, sino que democratizan el acceso al conocimiento productivo, formando técnicos, asesorando emprendimientos, y creando tecnologías de uso libre. Su debilitamiento no es técnico, sino político; ya que lo que está en disputa es la noción del conocimiento científico-tecnológico como bien público.
Frente a este escenario, una trabajadora de carrera dentro del INTI nos contaba que “Actualmente, nuestra principal preocupación es la centralización del INTI, en el marco de un proceso que afecta a otros 40 organismos autárquicos que el gobierno busca concentrar bajo su control. Este gobierno nacional ha demostrado desinterés por el sector productivo, careciendo de un modelo de desarrollo que promueva el crecimiento industrial y científico-tecnológico del país. Organismos como el INTI y el INTA no sólo acompañamos la producción, también trabajamos en áreas clave que impactan directamente en la salud y el bienestar de la población. En 2024, el INTI atravesó un proceso de reestructuración similar al que hoy enfrenta el INTA: no renovación de becas y contratos, y cierre de unidades de extensión en todo el país. Las nuevas medidas anunciadas anticipan más ajustes, cuyo alcance y consecuencias aún desconocemos. Sin duda, estas medidas perjudican gravemente a profesionales, científicos y técnicos con años de formación tanto en Argentina como en el exterior, y con una vasta experiencia acumulada. Si a esto sumamos la situación del CONICET, las universidades y otros organismos, el panorama es sumamente preocupante. El futuro para las y los argentinos está en riesgo”.
Mientras el Gobierno insiste en su proyecto de reforma estatal, puertas adentro del INTI crece el desconcierto. Para muchos trabajadores, lo que está en juego no es sólo su estabilidad laboral, sino el sentido mismo de lo público como espacio de producción de conocimiento, desarrollo y equidad. En relación a ello, la trabajadora expresó “como trabajadores mantenemos una asamblea INTI Nacional, en la que se diseñan diversas estrategias como: reunión con la secretaría de industria; manifestación de la situación en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la Nación; pedido de apoyo de nuestros usuarios como empresas, cámaras empresariales, entre otros. Todos estos actores están en estado de alerta ante esta situación, enviando notas de rechazo al gobierno nacional. Personalmente, y al igual que todos mis compañeros y compañeras, estoy viviendo una situación muy angustiante, prácticamente una agonía. Actualmente estamos atravesando mucha incertidumbre y desinformación, al punto de no poder imaginar como puede ser nuestro futuro laboral en el corto y mediano plazo”.
Las implicancias locales y nacionales del recorte
En la misma dirección, el director ejecutivo de la Agencia de desarrollo e innovación de Rafaela ACDICAR y el Centro Tecnológico CEN-TEC Rafaela, Daniel Frana, reconoció a CASTELLANOS que ésta determinación de nación de reducir el gasto en estas áreas, generará un profundo impacto sobre: en primer lugar; el Sistema Científico Tecnológico Nacional y las organizaciones que dependen de esto; y en segundo lugar, todo el sistema productivo y a las capacidades de las empresas y PyME’s. De la misma manera se expresó Jorge Schnebeli, especialista en calidad industrial, ex director del centro de investigación y desarrollo de mecánica y ex vicepresidente de INTI, “Centralizar el INTI, es decir, pasar a formar parte de la órbita de un ministerio, no sólo nos haría perder la capacidad para gestionar fondos, sino también, nos impediría continuar gestionando convenios internacionales y sostener los vigentes. Actualmente, el INTI tiene convenios con más de 70 países en materia de desarrollo tecnológico-productivo, y esto se vería absolutamente en riesgo. Además de ello, entendemos que la posibilidad de estos recortes presupuestarios y de personal entra en contradicción directa con las nociones de eficacia y transparencia estatal, ya que todos los trabajadores de la institución, desde los escalafones más bajos hasta los gerentes, fichamos dos veces por día con datos biométricos y estamos constantemente monitoreados por las agencias de control y autoridades estatales correspondientes”
