En la madrugada de este domingo, un episodio alarmante sacudió la tranquilidad de calle Uruguay al 100, en la ciudad de Rafaela. Un incendio intencional afectó las puertas principales de un taller de carga de equipos de GNC y vivienda, provocando daños materiales significativos. Gracias a la rápida intervención de los Bomberos Zapadores y el CeMU, se logró evitar una tragedia que pudo haber sido mayor, dado el riesgo inherente a los equipos de gas almacenados en el lugar.
El incidente no fue un hecho aislado, sino el desenlace de un conflicto personal de larga data. Según se informó, el ataque estaría relacionado con una disputa entre el propietario del taller y su expareja. La víctima, quien acumula más de diez denuncias contra la misma mujer por amenazas, daños y agresiones, manifestó una vez más su frustración ante la falta de respuesta judicial.
Relato de los hechos
Todo comenzó alrededor de las 2:20 de la madrugada, cuando las cámaras de seguridad del taller captaron la llegada de un vehículo Fiat Pulse blanco. Del automóvil descendieron una mujer y un menor de edad, quienes comenzaron a pintar las paredes del lugar con aerosol. Minutos después, las imágenes muestran cómo la mujer bajó bolsas del baúl del auto y las amontonó frente a las puertas de madera del taller. Acto seguido, utilizando un material inflamable, prendió fuego al lugar.
El acto fue observado por un testigo ocasional, quien alertó al sistema 911. Al llegar al sitio, personal policial y bomberos encontraron las llamas avanzando sobre las puertas del taller y lograron sofocarlas antes de que afectaran el interior de la vivienda o los equipos de GNC.
Una historia de denuncias ignoradas
El propietario del taller de 47 años, acompañado por su madre, arribó poco después al lugar. En sus declaraciones, señaló que los papeles utilizados para iniciar el fuego pertenecían a documentos de la empresa, retenidos por su expareja tras la separación. La misma mujer, identificada por los testigos y las cámaras, ya tiene en su contra medidas cautelares previas que parecen haber sido ineficaces.
«Es la décima o duodécima vez que hago una denuncia por amenazas, daños y hasta agresiones físicas, pero nunca pasa nada. La justicia me sigue ignorando, y esto ya no es sólo una cuestión personal, sino un peligro para cualquiera que viva cerca», expresó el damnificado en declaraciones posteriores al hecho.
El caso ha puesto nuevamente en debate la eficacia del sistema judicial para proteger a las víctimas de violencia de género y conflictos familiares. Pese a las reiteradas denuncias y la existencia de una medida perimetral vigente, el ataque se consumó sin que la agresora enfrentara impedimentos legales previos.
Intervención de las autoridades
En el lugar del incendio, la Policía tomó declaración al testigo que presenció los hechos y realizó el seguimiento del automóvil hasta su domicilio. Sin embargo, la fuerza de seguridad explicó que no podían proceder sin una denuncia formal por parte de la víctima.
Por su parte, la fiscal Favia Burella fue informada del caso y autorizó la recolección de evidencias, incluyendo las grabaciones de las cámaras de seguridad y las declaraciones de los testigos. Según el parte oficial, se abrió una investigación para determinar las responsabilidades del hecho y evaluar medidas judiciales adicionales.
Riesgo latente y daños materiales
El incendio no sólo dañó las puertas del taller, sino que también derritió la instalación eléctrica exterior y afectó parte del mobiliario. Afortunadamente, no se reportaron heridos, pero los Bomberos destacaron que el incidente pudo haber tenido consecuencias devastadoras debido a la naturaleza del negocio.
El propietario del taller enfatizó que, de no haber llegado a tiempo los servicios de emergencia, el fuego podría haber alcanzado los tanques de gas comprimido, poniendo en riesgo a toda la cuadra.
Un llamado a la acción
Este caso evidencia la urgencia de fortalecer las medidas preventivas y la respuesta judicial ante situaciones de violencia familiar y de género. La reiteración de denuncias sin resolución efectiva no sólo deja a las víctimas desprotegidas, sino que también expone a la sociedad a riesgos mayores.
Mientras tanto, la víctima asegura que continuará buscando justicia. «No es la primera vez, pero espero que sea la última. No voy a parar hasta que alguien haga algo», concluyó.
Las autoridades confirmaron que el caso sigue bajo investigación, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
