El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, defendió este miércoles el paquete de leyes de seguridad enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura y sostuvo que la Provincia necesita nuevas herramientas para seguir bajando la violencia. Lo hizo durante el ascenso de 300 agentes penitenciarios, en la ciudad de Santa Fe.
“Nosotros necesitamos más herramientas”, afirmó al referirse a las iniciativas. Y anticipó que el Ejecutivo enviará nuevos proyectos: “Vamos a mandar más leyes a la Legislatura para pedirle más herramientas porque las necesitamos”. Ante los cuestionamientos por una posible inconstitucionalidad, aseguró: “Yo no voy a mandar ninguna ley que es inconstitucional”.
Pullaro respaldó su planteo con cifras de homicidios que atribuyó a la gestión: “Hace tres años a esta altura, teníamos 344 homicidios en la provincia de Santa Fe; hoy tenemos 128”. Sin embargo, advirtió que esa reducción no supone el fin de las organizaciones criminales. “Las organizaciones criminales aún están activas en la provincia de Santa Fe”, dijo, y agregó que están “contenidas” por el Estado.
El gobernador también defendió la construcción de nuevas unidades, en particular la de alto perfil. Recordó además que antes de asumir, algunos presos podían impartir órdenes desde las cárceles para cometer homicidios, extorsiones y robos. Y en ese sentido, destacó la labor de “esos hombres y mujeres que conforman nuestro personal penitenciario y policial, que le trajeron paz y orden a la provincia”, afirmó.
Entre las medidas propuestas, figuran los allanamientos sin orden judicial ante la tenencia comprobada de armas u otros materiales controlados en la vía pública, cuando haya indicios de que la persona guarda más elementos en su domicilio. El paquete también propone que la Policía pueda interrogar a sospechosos y que los fiscales entrevisten a personas vinculadas con un hecho antes de una imputación.
La iniciativa contempla, además, juicios en ausencia para imputados que se fuguen o no comparezcan pese a estar notificados; decretos penales para casos de penas leves y pruebas contundentes; zonas de intervención policial especial ante aumentos sostenidos de la criminalidad; y derribos de búnkeres por orden fiscal en circunstancias excepcionales. También amplía las facultades de inteligencia y el programa de recompensas.
Críticas con intereses
En su defensa del paquete de leyes, Pullaro rechazó las objeciones constitucionales y cuestionó a sectores de la abogacía penal. Dijo que se escucha “más a los defensores, a los abogados penalistas” haciendo esos planteos, y les atribuyó intereses asociados con la defensa de narcos y sicarios, y demás delincuentes.
En otro tramo, el gobernador resumió su crítica a ciertas decisiones judiciales con una expresión que repitió durante el acto: “Ese es el garantismo bobo que no queremos que vuelva”. Aclaró que no se trata de dejar de respetar las garantías: “Por supuesto que se respeten todas las garantías constitucionales, pero primero y ante todo que se aplique la ley”. Como ejemplo, recordó los habeas corpus que, cuando era ministro de Seguridad, perdió al intentar limitar el ingreso de alimentos a las cárceles.
Pullaro también defendió la renovación de la Corte Suprema provincial y dijo que el proceso de diálogo institucional permitió proponer seis nuevos integrantes. Planteó que la Justicia debe modernizarse y utilizar mejor sus recursos, al igual que los demás poderes del Estado. En su visión, la reforma judicial y el paquete de seguridad forman parte de una misma discusión sobre la capacidad estatal para prevenir el delito sin vulnerar derechos.
Al cierre, el gobernador pidió valorar el trabajo de policías y agentes penitenciarios, y evocó los espectáculos masivos y los espacios públicos que, según dijo, Santa Fe volvió a disfrutar. “No hemos terminado con las organizaciones criminales”, insistió.
